Se trata de una de las partidas más importantes de las cuentas públicas castellano-manchegas puesto que fueron los recortes sociales los que más marcaron la legislatura anterior de María Dolores de Cospedal. Pasado el ecuador del presente Gobierno, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha conseguido marcar este departamento como uno de los que más han crecido en presupuesto. Tras el agitado trámite presupuestario del presente año, para el próximo ejercicio el Ejecutivo castellano-manchego ha consignado para esta Consejería un total de 700,5 millones de euros. Esto supone un incremento del 3,3% respecto a 2017, con lo que añade 22,14 millones de euros. En dos años, la partida específica para este área de Gobierno ha aumentado un 15,3%.
Durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos, la consejera ha recordado que los presupuestos de 2018 son los que permitirán aplicar la primera Estrategia Contra la Pobreza y la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha, la hoja de ruta para disminuir las tasas de pobreza y desigualdad social en la región, poniendo énfasis en la prevención, especialmente de la pobreza infantil, y en la inclusión social activa, que incluye el Plan de Garantías Ciudadanas.
Además permitirán la consolidación del nuevo Marco de Concertación con corporaciones locales; apoyando y protegiendo a la infancia y a las familias; fomentando las actividades de prevención en el marco del envejecimiento activo para personas mayores; fomentando una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad; y consolidando el Sistema de Dependencia. Otros de los objetivos que persigue es generar riqueza y empleo especialmente en áreas rurales; brindar apoyo a los profesionales y a las entidades del Tercer Sector; e impulsar el Plan de Infraestructuras Sociales.
Por proyectos, la consejera ha destacado que en Acción Social y Cooperación, están presupuestados 120,6 millones de euros, 10,8 millones más que en 2017, una subida del 30%. Estas partidas contribuirán al desarrollo del Plan de Garantías Ciudadanas, que se encuentra presupuestado en la Consejería de Bienestar Social con 30,9 millones de euros (de los 143 millones en total con que cuenta este proyecto), una cantidad que se ve incrementada en 5 millones de euros respecto a 2017, casi un 18% más. En este apartado se encuentra presupuestado el desarrollo del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), como “base” de la futura renta garantizada. Además, según ha confirmado, el año que viene se aprobará el decreto de desarrollo del IMS, que tendrá por finalidad ampliar los supuestos que interrumpen la percepción de esta ayuda y definir nuevos supuestos para renovarla.
Aurelia Sánchez también ha anunciado que se van a incorporar 1.000 usuarios más al Servicio de Ayuda a Domicilio, con la partida destinada a corporaciones locales que prestan el servicio público, tanto en su modalidad de Dependencia como de no Dependencia. Y respecto a Cooperación al Desarrollo, la convocatoria de ONGD estará dotada con 1,94 millones de euros, cantidad que se incrementa en 100.000 euros, un 5,43%.
En cuanto al Programa de atención a personas con Discapacidad, alcanza los 108,3 millones de euros, cantidad que se ve incrementada en 3,43 millones de euros respecto a la presupuestada en 2017, un 3,28% más para esta anualidad. Finalmente, a atención a la Dependencia se dedica un presupuesto de 121,6 millones de euros, una cantidad que se ha visto incrementada en 2,57 millones de euros respecto al ejercicio 2017, un 2,16% por ciento más.
Podemos: la necesidad de recuperarse tras los recortes sociales
Desde Podemos, la diputada María Díaz ha querido recordar primero que los recortes sociales del Gobierno anterior provocaron que muchos hogares se quedaran sin ningún tipo de ingresos para hacer frente a las necesidades básicas, al tiempo que ha hecho mención al último informe de EAPN sobre la pobreza en Castilla-La Mancha, una “cuestión estructural”y que alcanzó su máximo nivel nivel en la anterior legislatura.
Asimismo, ha celebrado que en el proyecto presupuestario se haya aumentado el gasto social por encima del no financiero, “contribuyendo a avanzar en la recuperación tras los años de recortes y el sufrimiento de tantas personas”. “Hay que seguir avanzando y no podemos dejar a nadie atrás”, ha recalcado la parlamentaria de Podemos, celebrando especialmente el Plan de Garantías Ciudadanas.
Precisamente, sobre este último proyecto, ha querido subrayar que “aunque algunos se empeñen en decir que este plan es solo rubricar partidas ya existentes, aunque es verdad”, hay que recordar que “reordena partidas y obedece a un motivo que el PP no ha entendido y que es articular ese conjunto de ayudas de emergencia en torno a un único plan integral e integrado”. “No se trata de gastar más, que en este caso también, sino de gastar mejor, y no solo de recolocar lo que ya había, sino que ahora la suma de las partidas que ya había en el Plan de Garantías es un 6% más que en 2017”.
“O miente la Junta, o miente el Presupuesto, o mienten ambos”
Previamente a la Comisión, el PP ha criticado este presupuesto destinado a Bienestar Social. La diputada Cortes Valentín ha recordado que el Gobierno regional avanzó que serían unas cuentas públicas “muy solidarias”, por lo que “o miente la Junta, o miente el Presupuesto o mienten ambos”. Ha dicho que tan solo hay cuatro nuevas partidas presupuestadas en el departamento de Bienestar Social y que se trata de unos 850.000 euros para divulgación y campañas institucionales.
“Mientras hay miles de dependientes sin atender y 760.000 castellano-manchegos en riesgo de exclusión social, Page invierte el dinero en políticas de escaparate, más preocupado en lavar su imagen que en crear servicios esenciales para Castilla-La Mancha. Al igual que Podemos, que decía que venía para ayudar a los más débiles y sin embargo, va a aprobar esa partida”, ha argumentado la parlamentaria.
También ha denunciado que se recorte la Ayuda a Domicilio en un millón de euros y que el Plan de Garantías Ciudadanas sigue siendo “un fraude para mantener a Page en el sillón”. Al hilo de ello, ha criticado que la consejera encargada de coordinar este plan, Inmaculada Herranz (uno de los dos cargos de la formación morada en la Junta) no haya intervenido en comisión. Y ha dicho que el Grupo Popular ha registrado una iniciativa para que lo haga: “si es consejera y está cobrando como tal, que hable del plan de garantías y sobre todo de la renta garantizada, que es la mayor mentira de los presupuestos, porque se han presupuestado 15 millones de euros y se necesitarían 70 millones”.