El Consejo de Cuentas detecta deficiencias en publicidad y transparencia de contratación de la Junta de Castilla y León

El informe de fiscalización sobre la contratación administrativa de la Junta de Castilla y León en 2022, presentado este lunes ante las Cortes por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, plantea como salvedades al cumplimiento de la legalidad una serie de deficiencias que afectan a los principios de publicidad y transparencia en los procedimientos.

Ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, Amilivia ha defendido que la Junta cumplió “razonablemente con la legalidad aplicable” en 2022, con 2.829 expedientes por un importe contratado de 1.161 millones, pero ha desgranado una serie de conclusiones y recomendaciones que proponen cambios para mejorar la gestión realizada.

En concreto, Amilivia ha indicado que a la hora de acreditar la solvencia económica y financiera de los contratistas o incluso para detectar ofertas con valores anormales o desproporcionados, los medios establecidos por las Consejerías “no se adecúan al principio de proporcionalidad o no cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público”.

Además, ha alertado de la falta de motivación en la puntuación asignada a los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicios de valor, al no justificar las cuatro diferencias de valoración entre las ofertas.

Del mismo modo, ha afeado el hecho de introducir aspectos no previstos inicialmente en el pliego de cláusulas administrativas particulares o no aportar los informes técnicos de valoración de las ofertas.

En tercer lugar, el abono de anticipos a cuenta por operaciones preparatorias y acopios, según el informe, no se ha calculado conforme a la normativa, se ha producido una paralización de la ejecución o se ha incumplido notoriamente el plan de devolución.

Además, no se han acreditado suficientemente las causas de las modificaciones de los contratos u otras incidencias relacionadas con los modificados, plantea el informe del Consejo de Cuentas.

Amilivia ha agregado que, en algunos casos falta el acta de recepción o, si existe, no cuenta con las formalidades y los plazos señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Ante este panorama, el Consejo de Cuentas ha enviado a la Junta de Castilla y León nueve recomendaciones, la primera de ellas sobre la necesidad de establecer un protocolo que garantice el envío de la documentación preceptiva al perfil de contratante.

Adecuar los requisitos señalados en la normativa para acreditar la solvencia económico-financiera o la técnica y profesional de los licitadores es otra de las demandas del Consejo, quien también pide a los órganos de contratación que incidan en la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor y también en la definición y ponderación de los criterios valorables mediante la aplicación de fórmulas, especialmente en los referentes a la oferta económica.

También a los órganos de contratación se dirige informe para pedirles que se aseguren de identificar las ofertas con valores anormales o desproporcionados y que se aseguren de que queda constancia en las actas de todas sus actuaciones y de que los informes de los órganos de asesoramiento estén suficientemente desarrollados conforme a los criterios de adjudicación definidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Además, les plantea que deben velar por que se tramite el procedimiento contradictorio en las exclusiones de candidatos, cuando se presuma que una oferta puede ser anormal o desproporcionada.

El Consejo conmina también a los órganos de contratación para que garanticen que los expedientes incluyan toda la documentación relacionada con el inicio y ejecución del contrato, así como extremar los esfuerzos para que estos se cumplan en plazo.

Sobre los anticipos a cuenta por operaciones preparatorias, el informe indica que la Junta, especialmente la Consejería de Agricultura y el Instituto Tecnológico Agrario, debería calcular dicho importe para asegurar su aplicación en los periodos de tiempo establecidos o, de lo contrario, exigir su devolución.

El Consejo de Cuentas llama también a verificar la correcta recepción del objeto del contrato, con la elaboración de la correspondiente acta, en los plazos previstos, así como una liquidación y certificación final.

Por último, el informe pide a las Consejerías de Presidencia; de Economía y Hacienda; y de Sanidad, que completen las actuaciones que les competen sobre la posible imposición de penalidades a los contratistas, en relación con los contratos basados en acuerdos marco de servicios de limpieza y vigilancia.

Visión de los grupos parlamentarios

Tras escuchar a Amilivia, los grupos parlamentarios han emitido su visión al respecto del informe, que en opinión de la procuradora del PP, Rosa María Esteban, muestra que, en general, la Junta cumple con la normativa relacionada con la contratación, aunque ha reconocido que el informe da un “pequeño tirón de orejas” a las mesas de contratación por diferentes motivos.

Sin embargo, Esteban ha negado que exista “opacidad o incertidumbre” para las empresas, que en su opinión tienen garantizado el acceso a los concursos.

No lo ve igual, la procuradora socialista Laura Pelegrina, quien ha lamentado que las incidencias en este apartado se repitan “año tras año”, sin que la Junta cumpla con su obligación de combatir las ilegalidades en la contratación pública.

También se ha mostrado crítica con el resultado de este informe la representante de Vox Susana Suárez, quien ha destacado que casi un tercio de los 120 expedientes analizados por el Consejo en 2022 tenían algún tipo de incidencia, lo que la ha llevado a extrapolar al conjunto de los expedientes y concluir que, de mantenerse esa tendencia, serían casi 900 los expedientes con alguna incidencia, lo que cree que “no es una simple anécdota” y refleja que la actuación de la Junta es “manifiéstamente mejorable”.

Por su parte, el procurador de la UPL José Ramón García ha lamentado la “opacidad” que en su opinión implica esta serie de deficiencias, lo que le ha llevado a plantear que en la Junta se aplica una especie de “cultura de la improvisación”.