Nueva sentencia del TSJ contra la Junta de Castilla y León: los recortes de Vox a UGT eran “ilegales”

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra el Gobierno autonómico, en su etapa PP-Vox, por retirar las subvenciones a CCOO de forma “ilegal”, UGT también ha recibido un fallo favorable al recurso presentado en 2023. El sindicato ha asegurado que el Ejecutivo autonómico tendrá que pagarles 743.000 euros.

El sindicato se ha referido a la época de a Consejería que estuvo liderada por Mariano Veganzones, de Vox, que en 2022 redujo a la mitad las subvenciones nominativas al Diálogo Social. El secretario general autonómico, Óscar Lobo, ha explicado este lunes en una rueda de prensa que la cifra a pagar por la Junta sale de los 1,237 millones de euros que fija la sentencia, menos 494.000 euros de una subvención directa posterior de la Junta, y que supone la segunda condena al gobierno castellano y leonés por el mismo asunto, tras la de CCOO, informa EFE.

Según ha expresado UGT, la sentencia del TSJCyL expresa que se reconoce “el derecho del sindicato demandante a percibir, para el año 2023, la subvención nominativa prevista en el artículo 16 de la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional, condenándose a la Administración demandada a concederle la subvención por importe de 1.237.702 euros con la actualización derivada de la variación del IPC”.

El secretario general del sindicato, Óscar Lobo, ha celebrado el fallo del TSJ como “un triunfo para la comunidad y para el espíritu que hizo posible la reforma del Estatuto de Autonomía en 2007” en la que se incorporó como seña de identidad el Diálogo Social en Castilla y León“, aprobada por unanimidad en las Cortes.

En este sentido, Lobo ha señalado que el artículo 16.1 de la Ley 8/2008 es concluyente al disponer que con la finalidad de fomentar la participación institucional “La Ley de Presupuestos Generales de esta Comunidad Autónoma consignará anualmente una partida presupuestaria que, como subvención nominativa, irá destinada a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas”.

A este respecto, el secretario general ha ironizado con que le gustaría que “las costas de este proceso judicial, que ahora salen del bolsillo de los ciudadanos de Castilla y León, las desembolsarán directamente Veganzones y García Gallardo”.

Además, ha recordado que UGT y CCOO solicitaron una investigación sobre la legalidad de la convocatoria “excepcional” de la subvención directa a la participación institucional que Veganzones llevó a cabo en mayo de 2023 y que, después de 7 meses sin respuesta. “UGT solicitó dicha subvención directa por una cuantía de 494.000 al mismo tiempo que mantuvo la demanda ante el TSJ reclamando la cuantía que estipulaba la ley”, ha apuntado.

Según ha explicado Lobo, “la sentencia del TSJ confirma que eran perfectamente compatibles y legales la solicitud de subvención y la demanda, era un derecho”.

“Ni se conforman” ,“ni se achantan” ante la extrema derecha

Por lo tanto, desde UGT han indicado que “ni se conforman” “ni se achantan” puesto que “aquí no hay subvenciones falsas o dinero envenenado, sino parte de un derecho. UGT nunca ha sucumbido a la extrema derecha”.

El líder ugetista ha remarcado que esta sentencia “remata el proceso judicial de los sindicatos de clase contra las tropelías y abusos de poder de Vox y supone pasar página a la etapa más negra para la concertación y el Diálogo Social en Castilla y León”.

Lobo ha recordado la visita de Santiago Abascal este domingo a Valladolid para participar en una comida con afiliados y simpatizantes y ha opinado que sus representantes tienen que explicar “quién va a pagar las costas precisamente por esta irresponsabilidad y por una ilegalidad que cometieron a conciencia, con interés y con alevosía porque sabían que se estaban saltando la legislación”.

Lobo ha recordado que su sindicato inició el proceso judicial en febrero de 2023 pocos días después de CC.OO, cuando el entonces consejero de Vox redujo a la mitad las subvenciones a los sindicatos mayoritarios y a la patronal y que el tiempo les ha dado la razón, aunque hayan tenido que pasar dos años que han supuesto un esfuerzo extraordinario que “ha recaído sobre la espalda, la solidaridad y el esfuerzo” de los sindicalistas.

“Sabíamos que era cuestión de tiempo, dos años que se hacen largos, y esta sentencia también confirma que era perfectamente compatible y legal la solicitud que este sindicato hizo en su momento a esa subvención directa, porque era parte de un derecho y el TSJ nos da la razón de que hicimos lo adecuado”, ha remarcado.

A preguntas de los periodistas, Lobo ha indicado que el juzgado aún no ha fijado la cantidad que tendría que pagar la Junta en concepto de costas y, aunque cabría la posibilidad de recurso, ha reconocido que entiende que no va a hacerlo después de que la vicepresidenta autonómica, Isabel Blanco, señalara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la semana pasada que los Servicios Jurídicos les han recomendado no hacerlo.