Mueren una pareja y sus dos hijos pequeños en un incendio en un local ocupado en Barcelona

Cuatro miembros de una misma familia, los dos adultos y dos menores –un bebé de cuatro meses y un niño de tres años–, han fallecido este martes en Barcelona debido a un grave incendio que se ha desatado en el local comercial que ocupaban como infravivienda, una antigua sucursal bancaria en el número 20 de calle Tetuán, en el céntrico barrio Eixample. En el lugar vivían otros cuatro personas que quedaron arrinconadas por el fuego en un pequeño patio interior, pero que pudieron ser rescatadas por los bomberos con heridas leves.

El fuego se declaró aproximadamente a las 5.54 horas y los bomberos desplazaron hasta allí un total de ocho dotaciones, que se encontraron con un incendio “muy desarrollado”, según el jefe del operativo, Ángel López. Las víctimas mortales se encontraban en el interior del local y no pudieron ser reanimadas por parte del Servicio de Emergencias Médicas (SEM). En cuanto a las causas, los Mossos d’Esquadra las están investigando. Se da el caso que a las 2.00 h de la madrugada la policía se había personado en el local debido a llamadas de los vecinos por supuestas actitudes violentas de alguno de los ocupantes, pero no hay indicios de que ambos sucesos estén relacionados. 

El local, una sucursal vacía propiedad de la entidad financiera Evo Banco, consta de una planta baja y un sótano. Estaba en compraventa y en desuso desde 2019, según confirman fuentes del banco. En él vivían al menos varias personas desde que lo ocuparon en enero de 2020, con cierta rotación de sus habitantes en una dinámica parecida a la de los asentamientos. En el momento del incendio, esta madrugada, eran ocho. Cuatro de ellas eran la familiar fallecida, formada por el padre, la madre y los dos hijos pequeños. Él, de 40 años, era de nacionalidad paquistaní y se dedicaba a la recogida de chatarra, y ella, de 38, era de origen rumano. Ambos estaban en situación irregular en España.

Contacto con los servicios sociales

La familia no era desconocida para los servicios sociales del Ayuntamiento. Según explicó inicialmente la alcaldesa Ada Colau, recibían atención municipal desde septiembre de 2020, tanto por la alimentación como para el seguimiento pediátrico y de escolarización del hijo mayor, a través del Servicio de intervención social de familias con menores (SISFAM).

“Los servicios sociales habían detectado la precariedad de las criaturas y ayudaban a la familia, habían contactado con ellos y se estaban ganando la confianza poco a poco porque se trata de un perfil de personas que no acuden a la administración sino que es la administración la que contacta con ellos”, detalló. Y explicó que los vecinos de la finca fueron los primeros que alertaron al ayuntamiento de la situación de las personas que malvivían en este espacio.

Ya por la tarde, en una rueda de prensa de balance del operativo municipal, la edil de Derechos Sociales, Laura Pérez, ha explicado que el contacto de los servicios sociales con la familia y los dos menores había sido muy intenso en los últimos meses. Desde septiembre de 2020 realizaron 88 intervenciones con ellos, desde entrevistas a visitas al local, pasando por acompañamientos para recibir ayudas puntuales para comida, compra de pañales o para transporte. Ninguna de ellas, sin embargo, para acceder a una vivienda social, puesto que entre los requisitos que se exigen para entrar en la mesa de pisos de emergencia está la de tener la situación regularizada.

Pérez ha argumentado que el trabajo que se puede hacer desde servicios sociales en estos casos de exclusión es limitado, puesto que la falta de papeles les cierra la puerta a la mayoría de prestaciones sociales existentes. “Acceder a un empleo les resulta casi imposible y a un alquiler es muy difícil”, ha expresado. Preguntada por si la solución sería abrir la mesa de vivienda de emergencia a personas en situación administrativa irregular, ha alegado que habría que modificar normativas y tratarlo en el Consorcio de Vivienda en el que tiene mayoría de representación la Generalitat.

Por otro lado, también ha argumentado que, pese a la situación de extrema precariedad de la familia, no se contempló el desamparo de los niños porque no había “riesgo” de falta de atención por parte de los progenitores. Además, tras una inspección el pasado 18 de octubre por parte de la Guardia Urbana y de técnicos del distrito, se comprobó, aseguran, que no había un peligro inminente que requiriese desalojo. De hecho, comprobaron el cuadro eléctrico y vieron que había suministro, extremo que confirman fuentes de Evo Banco, que aseguran que se mantuvieron al corriente de pago de las facturas.

Aún así, varios vecinos han asegurado que los ocupantes del local tenían la luz pinchada. Y a la espera de las conclusiones de la policía científica, el cónsul general de Pakistán en Barcelona, Imran Ali, ha declarado que el incendio se podría haber originado a partir de un problema con el sistema que usaban para calentarse estos días.

Cientos de personas malviven en locales vacíos

En su intervención a primera hora de la mañana, Colau también se ha quejado por la desatención en la que considera que había incurrido el propietario, Evo Banco, al mantener vacía su antigua sucursal. “No era una vivienda, era una oficina bancaria. No puede ser que las entidades se desentiendan. Lo que está claro es que el local no tenía las condiciones de una vivienda”, ha asegurado la alcaldesa.

Fuentes de la empresa, propiedad de Bankinter, responden que tienen solo dos oficinas bancarias en Barcelona, ambas cerradas desde 2019, y aseguran que el espacio estaba en venta y que la ocupación había sido denunciada en los juzgados desde principios de 2020.

En este aspecto, el Ayuntamiento ha aportado datos recientes sobre la proliferación de locales comerciales y bajos ocupados. Una realidad de la que tienen constancia desde hace unos años, en parte por haber focalizado efectivos de los servicios sociales a atenderlos. Más allá de los asentamientos callejeros de la ciudad –un total de 86–, donde malviven actualmente 384 personas, el consistorio ha tenido constancia de 105 locales comerciales habitados en precario con 481 personas, de las que 156 son menores de edad. “La dinámica ha cambiado y tenemos presencia de más locales”, ha valorado Sonia Fuertes, concejal de Acción Social, que ha dado a entender que les consta un cierto trasvase hacia este tipo de infravivienda.

El local constaba además en un informe que realizaron recientemente los Mossos, a raíz del incendio mortal el año pasado en una gran nave industrial de Badalona, sobre este tipo de espacios ocupados. El documento incluye un total 65 locales y naves habitados para hacer seguimiento de ellos junto con policías locales y el Departamento de Derechos Sociales. El 42% está en la región metropolitana de Barcelona.

Además de Colau, también se desplazó hasta el lugar de los hechos el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena. “Mi pésame, en nombre del Govern, por la muerte de cuatro personas, dos de ellas menores, esta madrugada en un local abandonado de Barcelona. Vivían en condiciones inaceptables, i eso nos interpela necesariamente”, ha escrito Elena en su cuenta de Twitter.

Los supervivientes del incendio han sido trasladados al Hospital Sant Pau y al Hospital del Mar de Barcelona. Los cuatro, que son adultos, han sufrido intoxicación por el humo y no se teme por sus vidas.