Las escuelas infantiles privadas tienen las cuentas al límite y algunas echan el cierre: “Ha sido la puntilla”

Las escuelas infantiles ya pueden abrir sus puertas en varias comunidades autónomas, entre ellas Catalunya, Islas Canarias o Aragón. En el caso de las privadas, muchas de ellas pequeñas pymes o cooperativas, lo hacen después de tres meses en los que han entrado en números rojos al perder su única vía de ingresos, las cuotas de las familias. El problema es que el presente no es muy esperanzador: abrir para un número reducido de niños y niñas, de acuerdo con las medidas dictadas por las autoridades sanitarias, tampoco permite cuadrar las cuentas.

De ahí que muchas hayan optado directamente por no abrir hasta septiembre y, algunas, incluso por echar el cierre para siempre. Esta es la decisión que ha tomado Lourdes Magí con la escuela que lleva dirigiendo desde hace 42 años en Amposta (Tarragona): la Verge del Carme. “Me costó mucho aceptarlo, después de toda una vida de estar con los críos”, reconoce esta mujer. Con una cuarentena de niños y niñas de cero a tres años, este centro no tenía problemas de matrícula, pero su directora no quiso endeudarse con el pago de alquileres, suministros y cuotas de autónomos y sin saber si el futuro iba a ser viable. A sus 61 años, cerca de la jubilación, decidió bajar la persiana. “Habríamos aguantado, pero la epidemia ha sido la puntilla”, resume.

Estos días la Verge del Carme ha abierto para que las familias pudiesen ir a recoger las fotos, los baberos y las mudas de ropa que dejaron a mediados de marzo, cuando ni ellos ni nadie podía sospechar que en unos meses se iba a quedar sin escuela. Mientras tanto, Magí apura los trámites para liquidar la actividad.

No hay datos todavía sobre el número de escuelas infantiles que ha echado el cierre. En Catalunya, las tres patronales del sector consultadas por eldiario.es aseguran que son muy pocas, apenas un goteo, puesto que la mayoría está esperando a conocer cuáles serán las condiciones de apertura en septiembre. Pero Jordi Fibla, presidente de la Associació Catalana de Llars d’Infants, detalla que una veintena de las 300 que forman parte de su entidad, esto es un 7%, le han pedido asesoramiento para un posible cierre.

“Las escuelas infantiles suelen ser pequeñas empresas con un cojín financiero muy limitado, con lo que una crisis les puede hacer caer la viabilidad”, sostiene Fibla, que añade que el punto de partida para este sector ya era actualmente desfavorable. La oferta cada vez más potente de las escuelas infantiles municipales y el surgimiento de modelos como las madres de día y los grupos de crianza familiares, sumado a la caída de la natalidad en los últimos años, han reducido la demanda de estos centros.

Actualmente, según los datos del Ministerio de Educación, hay 5.300 centros privados de 0 a 3 años, poco más de la mitad de los 10.000 que existen en España si se les suman los públicos, que en muchas comunidades autónomas dependen de los municipios. En total, escolarizan a 205.000 niños y niñas con unos 50.000 trabajadoras, la mayoría de ellas mujeres educadoras.

Así se desprende de un comunicado que firmaron conjuntamente esta semana los principales sindicatos, patronales y colectivos de maestros del sector. Pedían normas higiénicas y sanitarias “claras” de cara a septiembre, ayudas económicas para sostener los centros y poder alargar los ERTE hasta que se normalice la vuelta a las aulas. Si nada cambia, solo podrán mantener los expedientes hasta el 30 de junio, con lo que deberían hacer frente a los meses de julio y agosto con apenas ingresos.

El coste de reducir las ratios

Desde la fase 2 de desescalada, las escuelas infantiles pueden acoger a los hijos de quienes no pueden teletrabajar, pero con ratios reducidas. En Catalunya, se fijó un máximo de 5 niños y niñas por grupo, aunque en fase 3 pueden ser ya 10. De cara a septiembre, no hay nada seguro, pero la ministra Isabel Celaá apuntó a grupos de 15 o incluso 20 alumnos a estas edades. Ahora mismo, las ratios establecidas por ley en una comunidad como la catalana son de 8 en los grupos de lactantes (de 0 a 1 año), de 13 en los de 1 a 2 años y de 20 para los de 2 a 3.

Abrir en estas circunstancias, y levantar así el ERTE a algunas educadoras durante los meses de junio y julio pese a tener muchas menos familias, no sale a cuenta. Las patronales catalanas aseguran que han abierto menos del 50% de estos centros. Muchos de ellos, en parte debido también a la falta de demanda de las familias y a su rechazo a las condiciones de seguridad, que consideran que impiden el contacto físico necesario a estas edades (aunque finalmente la Generalitat sí lo permite).

Una de las que se mantiene cerrada es la Gua-Gua, de l’Hospitalet de Llobregat. “Las tutoras llamaron una a una a las familias para explicarles la situación, que para nosotros abrir era económicamente inviable y sanitariamente incierto, porque entonces no sabíamos si teníamos que estar a un metro y medio de los niños y no queríamos hacer de guardias urbanos”, comenta Silvia Monguillot, una de las educadoras que integran la cooperativa en la que está constituída esta escuela infantil. La mayoría de familias, asegura, lo vio razonable.

Su escuela es una de las que recibe la subvención anual de la Generalitat de Catalunya, de 300 euros por niño y año, pensada para que puedan ofrecer cuotas reducidas. En su caso, cobran 200 euros al mes a las familias, un precio considerado bajo en una zona como el área metropolitana de Barcelona, donde el precio de las privada suele ir de 300 euros al mes para arriba.

El problema es que también esta subvención llega tarde y suele ser motivo de queja por parte de las escuelas. Ahora están cobrando la del curso pasado, 2018-2019. “Algunas han logrado mantener a flote su economía precisamente porque suelen tener remanentes pensados para cobrar tarde estas subvenciones. Pero este remanente se ha acabado y el problema vendrá igual”, explica Montse Fernández, de la Associació d’Escoles Bressol de Catalunya.

La Gua-Gua de l’Hospitalet ha tenido la suerte de que su local es una cesión de uso del ayuntamiento, con lo que no pagan alquiler. “Si no fuese así”, reconoce su directora, “probablemente hubiésemos tenido que cerrar para siempre”.

“Me preocupa una escuela diferente”

En el otro extremo, Marta Rodríguez, directora de El Gall i la Gallina, dos escuelas infantiles en el barrio de Sants de Barcelona, abrió una de ella desde el primer día que se pudo, el 8 de junio. Con una matrícula de 60 niños y niñas, tiene estos días 15, divididos en tres grupos. Por espacios, podría abrir algún otro, pero de momento no hay más demanda.

Como las demás, Rodríguez explica que sus cuentas están “bajo cero”. No ha podido renegociar el alquiler de uno de sus dos locales y calcula que tuvo que poner unos 6.000 euros de su bolsillo, aunque luego consiguió un crédito ICO. “Resulta curioso ver como han abierto bares y terrazas, con ayudas en sus impuestos, y aquí solo nos dan préstamos, no ayudas públicas”, lamenta. La Generalitat por ahora ha fiado estas inyecciones de dinero a poder acceder al fondo europeo de la crisis de coronavirus.

Como todas las educadoras, Rodríguez tiene la vista puesta en septiembre. De las medidas que se fijen dependerá no solo su viabilidad económica, sino también la pedagógica. “Me preocupa que vayamos a una escuela diferente”, advierte. Con las actuales medidas, las familias no pueden entrar al centro para hacer la acogida diaria, y los educadores tienen que ir con cuidado con todo lo que comparten los pequeños. “Es imposible mantener las distancias. O la mascarilla. ¿Cómo voy a llevarla para cantar canciones si no me ven la expresión?”, se pregunta.