El Govern catalán adjudica el mayor contrato de ambulancias al grup La Pau a pesar de sus deudas

El Govern catalán ha adjudicado este martes su mayor contrato de ambulancias al Grup La Pau, una cooperativa que abandonó el País Vasco el pasado noviembre tras recibir medio centenar de actas de Inspección Laboral y sanciones por parte del Ejecutivo vasco, que le acabó incautando el aval que esta empresa depositó al empezar a prestar el servicio.

Este grupo, junto a otra empresa, gestionará las ambulancias de la zona metropolitana norte, tras ganar el mayor lote de la licitación, que asciende a casi 381 millones de euros.

En total, el concurso para adjudicar el transporte sanitario hasta 2030 en toda Catalunya asciende a 1.970 millones. La mayor beneficiada ha sido FALCK Servicios Sanitarios, que ha logrado quedarse tres de los 10 lotes -el máximo permitido- y gestionará las ambulancias en las demarcaciones del Penedès, Girona - Alt Maresme y la zona metropolitana sud.

Este periódico informó de que las dudas sobre la solvencia del Grup La Pau preocupaba a los miembros de la mesa de contratación, que aprobaron, por unanimidad, la solicitud de más documentación a esta empresa debido a la “situación económica complicada” que, según el Gobierno Vasco, tenía la compañía.

Se solicitó toda la contabilidad de 2024 así como balances, la cuenta de pérdidas y ganancias, los movimientos de patrimonio neto y una memoria detallada para esclarecer todos los números. 

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) también exigió un plan de negocio para los dos próximos años que garantizara “el principio de compañía en funcionamiento”. Es decir: todos los ingresos y gastos y movimientos de patrimonio que la cooperativa pretende hacer entre 2025 y 2027. 

El propio Grup La Pau admitió el pasado junio que estaba estaba cerca de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones en pérdidas entre 2021 y 2024.

Entre el 31 de enero de 2019 y el 25 de noviembre de 2024, periodo en el que esta cooperativa gestionó parte de las ambulancias en el País Vasco, el Grup La Pau fue objeto de más de 55 actas de inspección laboral por diversas irregularidades. 

Los motivos de las actas fueron varios. Se constató que la cooperativa utilizaba los vehículos adscritos al Servicio Vasco de Salud para otros contratos con clínicas privadas, también que La Pau acumulaba deudas con la plantilla: a la mayoría de los trabajadores todavía se le debe dinero de la paga extra de verano y de un plus salarial que la plantilla ganó en los tribunales. 

12 millones en avales embargado

El organismo responsable de la ejecución de los contratos públicos en el País Vasco y la Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias decidieron, el pasado noviembre, rescindir el contrato con el Grup La Pau ante su “deficiente gestión”. Tanto el Ejecutivo Vasco como la cooperativa acordaron una “salida ordenada” de la empresa en Bizkaia y Álava, las provincias en las que prestaba su servicio.

La cooperativa, sin embargo, solicitó para acordar su salida que el Gobierno vasco pagara íntegramente las nóminas del mes de noviembre así como el resto de dinero adeudado a los empleados y renunciara a “ulteriores reclamaciones por cualquier concepto”.

El Ejecutivo vasco se negó alegando que no podía asumir, “de manera arbitraria”, los gastos que le competen a uno de sus contratistas “por el simple hecho de que dicho contratista esté en una situación económica complicada”.

Ante el riesgo de impago, el Gobierno de Euskadi dictó a finales de noviembre una orden para incautar los avales depositados por el Grup La Pau cuando ganó el concurso en el país vasco y utilizar ese dinero para pagar las deudas que ha dejado la cooperativa.