El último recurso del fiscal general contra las deducciones de la Guardia Civil: anular el “allanamiento” de su despacho

La causa contra el fiscal general del Estado y dos de sus colaboradores se aproxima a una decisión clave del juez Ángel Hurtado: si Álvaro García Ortiz debe ser juzgado por la filtración de datos del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado del Supremo ha escuchado ya a los tres imputados y a más de una docena de testigos y tiene tres hitos relevantes en las próximas semanas: la respuesta de la Guardia Civil sobre si es posible recuperar los mensajes del teléfono del fiscal general, el desarrollo de la parte del caso que afecta a la Moncloa y, finalmente, si la Sala de Apelaciones del mismo tribunal avala o tumba los registros en el despacho de Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez a finales de octubre, pieza fundamental del caso.

El informe de la Guardia Civil sobre las llamadas se ha conocido en la mañana de este lunes. El documento revela que el fiscal general del Estado no habló con nadie ajeno a la Fiscalía en la noche del 13 de marzo, cuando se filtró un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por el que está imputado Álvaro García Ortiz. Los agentes de la Unidad Central Operativa han certificado que en esa noche solo un periodista llamó al fiscal general y que éste no descolgó el teléfono al estar hablando en ese momento, en plena crisis informativa, con la fiscal provincial de Madrid. Además, el intento de llamada se produjo 20 minutos antes de que García Ortiz tuviera acceso a los correos.

Los tres imputados han comparecido ante el juez en las últimas semanas después de casi tres meses de investigación. Los tres han reconocido que su objetivo en la noche del 13 de marzo del año pasado no era revelar secretos del fraude fiscal de Alberto González Amador sino desmentir informaciones falsas que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, estaba difundiendo entre periodistas. Y han negado de forma tajante, tanto el fiscal general como la fiscal provincial como finalmente el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, que filtraran datos del caso a la prensa.

El juez está convencido de que los tres urdieron una “estrategia” conjunta para sacar todos esos datos a la luz y que, finalmente, fueran usados con “una clara finalidad política” contra Ayuso en la Asamblea de Madrid. Una teoría que se asienta sobre tres pilares: las deducciones de la Guardia Civil, la testifical de Almudena Lastra y las revelaciones de Juan Lobato. Pero ni las declaraciones ni el informe contienen pruebas de cómo llegaron los correos a la prensa. En la causa, por el momento, ninguna diligencia ha conseguido determinar si la filtración partió de la Fiscalía o si existió alguna orden o indicación del fiscal general para filtrar esa información a los medios de comunicación.

Todo el material intervenido por la Guardia Civil en el teléfono de Pilar Rodríguez, junto con las testificales y declaraciones de los imputados, ha conseguido dibujar lo que sucedió entre la segunda y la tercera semana de marzo de 2024. La Fiscalía no supo que el empresario que habían denunciado era la pareja de Isabel Díaz Ayuso hasta dos días después de que el asunto llegara a los juzgados, cuando un periodista llamó preguntando por el asunto. La Fiscalía General reclamó la información del caso por los cauces oficiales, pero nada se movió hasta que el día 12 de ese mes elDiario.es publicó el caso en exclusiva. Un día después, en la noche del 13 de marzo, el Ministerio Público entró de lleno en una crisis informativa cuando el entorno de Ayuso empezó a difundir informaciones falsas del caso.

Los tres imputados han declarado lo mismo: que en esos primeros días pidieron la información del caso por los cauces oficiales porque se trataba de un asunto relevante y que después exigieron conocer también los correos que el fiscal Julián Salto había cruzado con el abogado del empresario para desmentir los bulos que Rodríguez y varios medios estaban difundiendo: que la Fiscalía le había ofrecido un pacto, pero que había sido retirado por “órdenes de arriba”. En ningún caso, han dicho, ordenaron que ese material fuera remitido a medios de comunicación. El fiscal general, incluso, ha especificado que para cuando La Sexta empezó a publicar que González Amador se había ofrecido a confesar sus delitos, él todavía estaba examinando los correos y no tenía toda la documentación en su poder.

El juez apoya su instrucción en las deducciones que hizo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil después de analizar los mensajes que Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, cruzó tanto con el fiscal general como con Villafañe y otros colaboradores en esos días. Los implicados han desmentido muchas de las deducciones que hicieron los agentes en su primer informe. Rodríguez, incluso, aseguró que se siente “humillada” por algunas de las afirmaciones que hace la UCO, por ejemplo relacionando su papel en la supuesta filtración con una posible promoción profesional cuando acababa de ser renovada en su puesto durante cinco años más.

La estrategia de la Fiscalía y de los imputados, dos de ellos defendidos por abogados del Estado y el tercero por el letrado Cristóbal Martell, es defender que ellos no filtraron nada y que, además, para cuando obtuvieron los correos de González Amador en la noche del 13 de marzo esa información ya circulaba fuera de los muros de la Fiscalía. Varios periodistas han afirmado que conocían los términos del acuerdo, e incluso los emails, horas o incluso días antes de esa fecha, y el propio Miguel Ángel Rodríguez ha reconocido que el empresario le permitió difundir un correo del fiscal Julián Salto. La filtración de datos, defienden, también pudo proceder de la Fiscalía de Madrid, donde más de 500 trabajadores tuvieron acceso al expediente completo.

El instructor, al menos por el momento, no compra esos argumentos de defensa y tanto en sus autos como en sus interrogatorios desliza cuál es su criterio: que el fiscal general y sus colaboradores filtraron no solo el correo con la confesión del empresario sino también todo su expediente tributario, donde Hacienda daba todos los detalles del entramado de facturas falsas que usó para defraudar 350.000 euros. Porque el juez, en las últimas semanas, ha anunciado que la causa ya no trata solo sobre el correo y analiza tanto la filtración de todo el expediente como también, en contra del criterio del propio Supremo, el comunicado que usó la Fiscalía el 14 de marzo para desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez –a los que el instructor no da ninguna importancia– y la noticia de El Mundo que varios fiscales han definido abiertamente como falsa.

Recursos contra los registros

La sospecha en las defensas es que el magistrado tiene claro que el caso debe terminar en juicio. Así lo expresó abiertamente Álvaro García Ortiz al principio de su declaración como imputado, cuando afirmó que Hurtado tenía una “predeterminación” y “una certeza” sobre los hechos mientras denunciaba que todavía había varias diligencias relevantes por completar. Una de ellas es que la UCO comunique al juez si ha sido capaz o no de encontrar algún mensaje en el teléfono del fiscal general después de que cambiara de terminal y eliminara sus comunicaciones una semana después de la apertura de la causa, según su versión siguiendo un protocolo de seguridad. Otro hito será la decisión que la Sala de Apelaciones tome el próximo 11 de febrero sobre los registros.

La primera decisión del juez nada más hacerse cargo del caso fue poner las diligencias bajo secreto de sumario y enviar a la Guardia Civil a los despachos de Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez. El objetivo era incautar sus teléfonos y dispositivos electrónicos y todos los mensajes y correos relacionados con el caso de González Amador. Los agentes no encontraron nada en el teléfono del fiscal general porque una semana antes había cambiado de terminal, pero en el móvil de la fiscal provincial encontraron los mensajes en los que el juez se apoya para continuar con el caso.

La Sala de Apelaciones decidirá en unos días si confirma o tumba esta diligencia clave del caso cuatro meses después de los registros que la propia teniente fiscal del Supremo, durante unas alegaciones realizadas ante el juez, definió como “allanamiento”. Mientras tanto está por ver si el instructor avanza en la última línea de investigación que le queda por desarrollar: el papel que atribuye al entorno de la Moncloa en la difusión del correo del abogado de González Amador.

El juez, por el momento, ha rechazado varias veces la imputación de Pilar Sánchez Acera, pero por entender que todavía necesita analizar los hallazgos de la UCO sobre los mensajes que cruzó en la mañana del 14 de marzo con Juan Lobato. Los mensajes consignados ante notario por el entonces secretario general de los socialistas madrileños revelan que Sánchez Acera, entonces asesora con Óscar López en la Moncloa y hoy secretaria de organización del partido en la capital, tenía el correo íntegro antes de que lo difundiera El Plural, primer medio en publicar el email.

El caso contra el fiscal general se aproxima al momento en que el juez debe decidir si envía la causa al banquillo. Una causa que gira en torno a la filtración de la causa por fraude fiscal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Mientras las diligencias contra el fiscal general y sus colaboradores han quedado cerca de la conclusión en poco más de cuatro meses, el caso contra Alberto González Amador está a punto de cumplir un año sin que, por el momento, la jueza haya conseguido tomar declaración al empresario, llamado por quinta vez para comparecer el próximo 24 de febrero.