Ocho meses a la espera de la eutanasia: los pleitos de Abogados Cristianos ralentizan la muerte digna

18 de julio de 2024. La Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya concede la eutanasia a N. Casi ocho meses después, esta joven todavía no sabe si podrá materializar su derecho a morir dignamente. Su padre, representado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, recurrió la eutanasia y este martes la magistrada del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 12 de Barcelona celebrará la primera vista en España para dirimir sobre una eutanasia ya autorizada por un equipo médico.

La magistrada ha acordado que el juicio se celebre a puerta cerrada para preservar el derecho a la intimidad y a la salud de la joven, lo que limitará la capacidad de la prensa para poder informar sobre la vista. No obstante, Abogados Cristianos ha convocado a los medios después del juicio para realizar declaraciones.

Los expertos consultados por elDiario.es coinciden en que, de la mano o no de asociaciones ultras como Abogados Cristianos, la ley de eutanasia aprobada en 2021 y respaldada por el Tribunal Constitucional en 2023 no contempla que los familiares de un solicitante puedan impugnarla en los tribunales porque no estén de acuerdo con ella. Consideran además el caso de Barcelona un precedente de riesgo en el uso de los tribunales para intentar impedir o ralentizar el derecho a la muerte digna.

“Los juzgados tendrían que ser capaces de dar una respuesta rápida porque, si no, el derecho a la eutanasia podría ser, en bastantes casos, puramente ilusorio”, expone el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Ángel Presno Linera. Este experto recuerda que los poderes públicos “no son meros espectadores del ejercicio de los derechos, sino que están obligados a favorecer su ejercicio removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten”.

Para el abogado especialista en Derecho Sanitario Alejandro Gámez, aunque Abogados Cristianos “haya encontrado una vía para hacerse notar y quiera recurrir hasta el Supremo, los jueces no tendrían que prolongar la espera para un derecho fundamental como es la eutanasia que la norma no prevé que se pueda prolongar”.

“Lo que la ley sí prevé es que pueda recurrir la persona a la que la Comisión de Garantía ha denegado su solicitud de eutanasia”, explica la catedrática de Derecho Penal y miembro de la junta directiva del Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) de la Universitat de Barcelona (UB), Mirentxu Corcoy. “Si la solicitante es mayor de edad y se han seguido todos los pasos, que están tasados, es dudoso procesalmente que un padre u otro familiar pueda recurrir la eutanasia, aunque sea un caso límite o complejo”, agrega.

Tanto Corcoy como Presno Linera coinciden en que podría estudiarse una reforma de la ley de eutanasia para evitar que se eternicen casos como este, toda vez que cualquier decisión de la magistrada tras la vista de este martes podrá recurrirse hasta el Supremo. Esto implica que la solicitante puede tardar más de un año en conocer la resolución definitiva de la causa.

El padre, representado por Abogados Cristianos, se ha agarrado a que su hija solicitó la eutanasia sin tener plenas facultades para hacerlo fruto del trastorno psiquiátrico que padecía. Sin embargo, en su demanda, la asociación ultra no ha presentado ninguna prueba científica o pericial que contradiga los múltiples informes médicos que obran en el expediente y que acreditan que la joven no presentaba alteración alguna de sus capacidades cognitivas cuando pidió morir de forma digna.

En este sentido, Presno Linera apunta a que el padre de la joven debería, en primer lugar, “acreditar” que tiene un interés legítimo para recurrir por la vía contenciosa el ejercicio de un derecho fundamental por parte su hija, además de argumentar qué exigencias del procedimiento para recibir la muerte digna no se han cumplido. “En suma, sería, en su caso, una legitimación restrictiva”, apunta este experto.

El caso de esta joven se remonta al pasado mes de agosto y, pese a versar sobre derechos fundamentales y tener preferencia sobre los demás asuntos del juzgado, no se ha caracterizado por su celeridad. La magistrada decidió celebrar una vista, al contrario que otra jueza de otro juzgado contencioso de Barcelona, quien rechazó de plano el recurso de otro padre contra la eutanasia concedida a su hijo al considerar que el familiar no tenía legitimación legal para impugnarla.

La jurisprudencia europea, recordó esa jueza, requiere que, para recurrir la eutanasia, el familiar tenga un “vínculo real” con el paciente que quiere morir dignamente, algo que no se daba en ese caso. La Fiscalía consideraba que el mero hecho de que fueran parientes legitimaba al padre para recurrir la eutanasia, pero la togada lo descartó. El Ministerio Público recurrió la decisión judicial, con lo que ambas eutanasias se encuentran todavía suspendidas.

El papel de la Fiscalía

La vista de este martes enfrentará al padre de la joven, representado por Abogados Cristianos y contrario a la muerte digna de su hija; y a la Generalitat, partidaria de garantizar la petición de la mujer. El abogado de la Generalitat que representa a la comisión de ética que avaló la eutanasia se ha opuesto a la demanda de Abogados Cristianos al considerar que la entidad “tiene como única finalidad aplazar el máximo tiempo posible el ejercicio de un derecho fundamental”.

Aunque han pasado ocho meses desde el recurso de Abogados Cristianos, la Fiscalía todavía no se ha pronunciado sobre si la joven puede materializar su derecho de morir dignamente. Lo que sí ha pedido es que la joven declare en la vista, pese a su deteriorado estado de salud, algo a lo que la Generalitat se ha opuesto al considerar suficientes para ilustrar a la magistrada los testimonios de los médicos y peritos que la visitaron.

La jueza ha rechazado la solicitud de la Generalitat y ha obligado a la joven a comparecer el martes en el juzgado, y ha descartado que su declaración se realice por videoconferencia. La joven podrá ser interrogada por los ultras que representan a su padre pese a que su relación con su progenitor fue inexistente durante años, ya que durante parte de su minoría de edad la joven fue tutelada por la Generalitat.

La magistrada también ha acordado que comparezca un médico forense especialista en psiquiatría para que dictamine si la chica prestó su consentimiento a la eutanasia “de forma libre, sin injerencia”, o si lo hizo fruto de la enfermedad mental que padece. Este extremo ya ha sido descartado por todos los médicos que trataron a la joven e incluso por el forense de guardia del juzgado de Vilanova que rechazó la primera petición de Abogados Cristianos para impedir la eutanasia de la joven.

El forense también deberá pronunciarse sobre si el padecimiento que sufre la joven “puede calificarse de crónico, constante e imposibilitante, y si existe posibilidad de mejora con un tratamiento adecuado”, según dispone el auto de la magistrada que acordó las pruebas que se practicarán durante la vista.