Carlos Mazón, contra los expertos en cambio climático: tres leyes que desdicen las recomendaciones post DANA

Los expertos en urbanismo y cambio climático son contundentes: urge replantear los planes urbanísticos, la relación con el territorio, tomarse en serio el cambio climático. La primera conferencia sobre cambio climático en el Mediterráneo Ibérico, celebrada tres meses después de la DANA, reunió a 70 cabezas pensantes para plantear medidas de adaptación, prevención y mitigación de futuras catástrofes en una región que va a sufrir –y está sufriendo– fenómenos meteorológicos extremos. Los académicos son contundentes: hay que preparar el territorio para las amenazas, que ya no son un futurible, sino una realidad presente. Hay que garantizar la seguridad para las personas y los poderes públicos están obligados a ello.

Tres meses después de la DANA, ni el Gobierno de Carlos Mazón ni el PP en las Corts Valencianes ha manifestado su intención de modificar los planes urbanísticos o legislar para mitigar el cambio climático. Más bien han hecho todo lo contrario: aprobar un decreto que permite construir hoteles en primera línea de playa, iniciar la tramitación de hasta tres leyes (la de l'Horta, la de Costas y la de Ordenación del Territorio) que, a juicio de entidades ecologistas, desprotegen el territorio y, recientemente, aprobar un plan de más de 500 viviendas, algunas de ellas ubicadas en zona inundable en la ciudad de Valencia. El Ejecutivo autonómico ha preferido contratar para la reconstrucción a la consultora PwC en lugar de contar con académicos de las universidades públicas.

Los expertos en urbanismo y cambio climático a los que la Generalitat Valenciana ignora plantean medidas radicalmente contrarias a las que apunta la legislación autonómica. Entre ellas, piden revisar urgentemente todos los planes urbanísticos, crear una cartografía de vulnerabilidades –tanto para incendios como para inundaciones–. Intensificar la participación y el diálogo social y aspectos concretos como crear un “programa para la resiliencia climática local”, que debe generar capacidad técnica en los ayuntamientos sobre adaptación al cambio climático y salud e iniciar políticas locales explícitas.

El Ejecutivo autonómico ignora las referencias al cambio climático en su batería legislativa, que necesita del apoyo de otro grupo parlamentario –con todos los ojos puestos en los negacionistas de Vox– para salir adelante. También contradice la filosofía a la que aluden los expertos: no tratar el territorio como una mercancía y tomarse en serio las amenazas del cambio climático.

Reformas legislativas

Tan solo un mes después de la DANA, el PP y Vox aprobaron la construcción de hoteles a 200 metros de la costa mediante decreto de simplificación administrativa. Con el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) aprobado en 2018 por el Gobierno del Botánico tan solo se permitía a 500 metros de la costa y con unas dimensiones y características muy limitadas.

Además, como informó esta redacción, el Pativel protege 7.500 hectáreas de suelo en el litoral, de las que 1.100 están en zonas inundables. Al estar en suelos que ya eran urbanizables, si se elimina la legislación ese suelo será susceptible de ser urbanizado, salvo que lo impida una nueva normativa como podría ser la Ley de Costas valenciana o la reforma del Patricova.

El Gobierno de Mazón también tiene en marcha una propuesta de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) que conduce a dejar el urbanismo en manos de los promotores, de forma que incluso podrían tener capacidad para modificar planes generales, una competencia exclusiva de los ayuntamientos.

La Generalitat registró el pasado 4 de febrero en Les Corts el proyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, iniciando su tramitación “con el objetivo de que sea aprobada antes del verano”, según informó el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. Como informó este diario, un informe vinculante del Consell Jurídic Consultiu censuró la ausencia de estudios sobre vivienda, climatología o fauna. Además, advirtió de que el desarrollo de la ley no puede implicar una “regresión medioambiental” y que la figura de los núcleos urbanos de especial valor etnológico que crea no servirá para decidir sobre el futuro de los inmuebles incluidos dentro del dominio público marítimo–terrestre, competencia del Estado.

El Consell también aprobó el pasado 4 de febrero el decreto ley por el que se modifica la Ley de la Huerta de València y el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de València. El nuevo texto legal viene a suprimir los mecanismos más proteccionistas que incluía la normativa original aprobada por el Gobierno del Botánico con la excusa de la DANA, en concreto, el Consell de l'Horta y el carácter vinculante de los informes sobre los proyectos a ejecutar.

La asociación Per l'Horta denunció que la reforma de la ley comporta la desprotección de la tercera parte de la huerta protegida durante el Gobierno del Botánico por la Ley de l'Horta de València: “Pretende facilitar la urbanización de un total de 3.800 hectáreas de las más de 11.000 de huerta protegida repartidas en quince pueblos”.

Delimitar las zonas inundables

El miércoles, el conseller de infraestructuras, Vicente Martínez Mus, presentó una cartografía de la huella de la DANA, una información elaborada por el Servicio de Gestión de Riesgos en el Territorio con el fin de analizar futuras implantaciones o cambios de uso en el territorio, así como para valorar la necesidad de actualización de las cartografías de inundabilidad del Plan de acción territorial sobre prevención de riesgos de inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). Esta cartografía, sujeta a modificaciones en las alegaciones, es, en definitiva, un mapa de riesgos. La cartografía indica que en el caso de las orillas del Río Magro se cumplieron las previsiones de inundaciones dibujadas en los planes, mientras que en los barrancos que tocan l'Horta Sud (El Poio, la Saleta y Picassent) la extensión de la inundación fue mayor.

El conseller Martínez Mus aseguró que en las zonas afectadas por la inundación, que son el 18% de la superficie de los municipios afectados, “quedarán suspendidos los procedimientos urbanísticos en suelo rural”. En el mapa “se ha clasificado el territorio afectado por las inundaciones en tres franjas que determinarán el tratamiento urbanístico de cada zona”, recalcó. Con todo, el PP no ha hablado de cambios urbanísticos estructurales para limitar la construcción en las riberas de ríos y barrancos; no parece haber intención de modificar la hoja de ruta, sino más bien de establecer excepciones motivadas para la DANA.

A través de un decreto ley aprobado el 2 de enero, el Ejecutivo suspende temporalmente algunos planes urbanísticos, condicionado a que se concreten obras hidráulicas destinadas a mitigar el riesgo de inundación. Las referencias al cambio climático son inexistentes en el decreto, que sí habla de un carácter “extraordinario” e insiste en la dialéctica de compaginar el “no desarrollo de suelos con riesgo de inundabilidad, y la necesidad de facilitarlo para lograr el crecimiento económico de los municipios”. En 2018 la Generalitat y los Ayuntamientos de l'Horta Sud recurrieron el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, del Gobierno central, por entender que limitaba en exceso los usos permitidos en suelo inundable; el Tribunal Supremo lo desestimó.

El decreto descarta esa petición de los expertos de revisar todos los planes inundables atendiendo a la urgencia de la reconstrucción. “No podría acometerse la tarea de reconstrucción si esas alteraciones han de efectuarse a través de la modificación o revisión de los correspondientes planes generales municipales”, dice el texto en su preámbulo, que añade: “No se modifica la LOTUP, sino que se establece una regulación especial aplicable exclusivamente a los municipios afectados por la DANA y vinculada a las tareas de reconstrucción”. La pausa será una excepción.