Fraude del IVA de la 'trama Emarsa': los jefes nombrados por el PP y un 'facturero', condenados a 4 años y a pagar 3,3 millones

La estela de corrupción y podredumbre del caso Emarsa, la mayor trama de corrupción del Partido Popular en territorio valenciano, no se ha acabado tras el ingreso en prisión de veintena de condenados. Una causa derivada del caso se ha saldado con la condena a cuatro años de prisión por delitos fiscales para el consejero delegado de Emarsa, Enrique Crespo, el gerente Esteban Cuesta y el facturero Jorge Ignacio Roca. Los tres cumplen penas de prisión como autores del frenético saqueo de la depuradora de Pinedo (Valencia).

La titular del Juzgado de lo Penal número 6 de València les ha impuesto una multa de 1,3 millones de euros a cada uno (la misma cifra que la cuantía defraudada) e indemnizaciones a la Hacienda Pública por valor de 1,9 millones que deberán abonar conjunta y solidariamente. Esta cantidad se suma a los 20,5 millones de euros que Crespo y Cuesta deben pagar como “responsables contables directos y solidarios” del importe robado, según estableció el Tribunal de Cuentas.

La sentencia establece que los condenados hincharon las declaraciones del IVA con facturas por servicios inexistentes en materia de gestión de lodos para obtener comisiones ilícitas mediante las devoluciones. Crespo, Cuesta y Roca tenían “pleno conocimiento” de que los proveedores no prestaban los servicios que facturaban por el sencillo motivo de que otras empresas ya se encargaban tales servicios “a la mitad de precio y con un tipo de gravamen inferior”.

El facturero de la trama, Jorge Ignacio Roca, concertado con los dos responsables de la depuradora nombrados por el PP, usó tres de sus sociedades (Erwinin SL, Zonday Investments SL y Printergreen SL) para la operativa del fraude. Sin prestar servicio alguno a la empresa pública, las mercantiles de Roca “se interponían entre Emarsa y los verdaderos gestores de residuos para emitir una facturación irregular” con la que los responsables de la depuradora se deducían cuotas de IVA “ficticias”. Las tres empresas obtuvieron 1,6 millones de euros en cuotas de IVA soportado entre 2006 y 2009. 

Los empresarios proveedores, “debido a su vinculación personal o política con los acusados principales, se aseguraron durante años unos ingresos sin aportar a Emarsa contraprestación alguna”, defiende la jueza. La sentencia asegura que Crespo y Cuesta “pactaron verbalmente con Roca” la emisión de facturas falsas a la firma pública. Los responsables de la empresa pública, que cumplen prisión actualmente por el descomunal saqueo, sabían que Roca “no realizaba más actividad que la de proporcionar a otros empresarios facturas por servicios simulados en las que se incluían cuotas del IVA soportado ficticias para facilitarles un ahorro fiscal ilícito”. 

El 'facturero' contó la mecánica del fraude en el juicio

Jorge Ignacio Roca, preso actualmente en el centro penitenciario de Teruel tras pasar un año en una cárcel moldava, aplicaba un tipo de gravamen del 16% a pesar de que a la depuración de aguas residuales se le aplica un tipo del 7% de IVA. El facturero, experto en optimización fiscal según se ha autodefinido, hinchaba así las devoluciones a obtener y, por tanto, la comisión que iba a parar a los bolsillos de los corruptos. Esta mecánica “permitía incrementar artificiosamente el precio facturado”, señala la sentencia. 

La mercantil Erwinin SL fue constituida “con la única finalidad de emitir facturas a Emarsa” al carecer de medios personales propios y no contar con la menor infraestructura para gestionar los lodos procedentes de la depuradora de Pinedo (Valencia).

El facturero explicó con todo detalle la mecánica del fraude durante la vista del juicio: “Si han visto Barrio Sésamo es muy fácil”, espetó en tono altanero al tribunal. Roca tenía 17 sociedades mercantiles sin trabajador alguno (“empleados, ¿para qué?”, se preguntó) y aseguró en el juicio que los auditores siempre le permitieron facturar al 16%. “Yo no soy quien para bajarlo al siete”, dijo. Roca, fugado en el extranjero y preso en Moldavia durante un año, siempre ha sostenido que en la causa faltaban algunos saqueadores por juzgar.

Los antiguos responsables de la empresa pública, según el fallo, “no sólo mejoraban la comisión ilícita” que les pedía Roca, sino que también se embolsaban una mayor devolución de la cuota tributaria que les solicitaba Hacienda. Crespo y Cuesta tenían “pleno conocimiento” de que el proveedor no había prestado servicio alguno a Emarsa y de que el servicio ya se prestaba a mitad de precio y con el gravamen correcto del 7%. 

El caso Emarsa, una macrocausa compleja con decenas de investigados y de comisiones rogatorias al extranjero, aún no está cerrado del todo. El empresario José Luis Sena, uno de los presuntos cerebros del saqueo, tiene pendiente aún un juicio en la Audiencia Provincial de València. Sena le abrió las puertas de Emarsa de par en par al facturero Jorge Ignacio Roca.