Derogar…, ¿qué?

La legislatura que ahora termina (la XIVª desde la recuperación de la democracia y primera con un Gobierno de coalición) se ha caracterizado por sus altos niveles de actividad legislativa y diálogo social, factores de gobernanza que han resultado decisivos en la gestión de la doble crisis derivada de la pandemia primero y ahora de la guerra de Ucrania.

En el primer caso, han sido tres Presupuestos Generales del Estado y un total de 214 las iniciativas legislativas aprobadas por mayoría parlamentaria (118 leyes y 96 Reales-Decretos Ley) que han ampliado notablemente la estructura y cobertura de derechos individuales y colectivos.

Por su parte, el diálogo social tripartito (Gobierno, sindicatos y patronal) ha generado un total de 16 acuerdos en materia socioeconómica que han beneficiado a millones de empresas y trabajadores, modernizado a un tiempo nuestro modelo productivo y el sistema de relaciones laborales.

Se trata de una producción institucional y social, no exenta de errores y contradicciones, cuyos efectos resultan globalmente positivos pese a haberse desarrollado en un contexto de crisis encadenadas y un clima de crispación permanente alimentado por una oposición que empezó definiendo como ilegítimo al Gobierno de la nación y termina ahora proponiendo como única propuesta programática para las próximas elecciones generales la derogación total de su legado, con el objetivo de activar una dinámica polarizadora y excluyente (“España o Sánchez”) que invisibilice la política social y económica realizada.

Derecha contra derechos

Cuando se inquiere a los dirigentes de PP y VOX sobre el significado real del slogan reactivo que comparten (“Derogación del sanchismo”), las respuestas oscilan entre la indefinición galaica, la chulería castiza y la brutalidad fascista, apuntando -con mayor o menor agresividad según los casos- hacia la reversión indiscriminada de la teoría y práctica de derechos individuales (educación, igualdad e identidad de género, sanidad, vivienda, eutanasia, memoria democrática…) y colectivos (empleo, salarios, pensiones, prestaciones sociales…), mientras repiten ad nauseam el mantra neoliberal de la reducción de impuestos.

Pese a la deliberada ocultación programática, el campo semántico correspondiente a dicho slogan derogatorio incluye conceptos tales como abolir, anular disminuir, deteriorar y dejar sin efecto normas y leyes vigentes, que lo son por haber sido aprobadas por amplias mayorías en las instituciones representativas de la soberanía popular, previo acuerdo en muchos casos de los agentes sociales y económicos.

El funambulismo discursivo de Feijóo y otros líderes de la oposición (“derogar el sanchismo es derogar la forma y el fondo de hacer política en España”), no logra ocultar el objetivo real de su estrategia: demolición total de una agenda legislativa y social que en cinco años ha configurado una respuesta inequívocamente socialdemócrata a la(s) crisis y que, tras evitar la recesión anunciada por los interesados profetas del apocalipsis, resulta ahora avalada por los principales indicadores socioeconómicos e instancias nacionales e internacionales (INE, Airef, Eurostat, OCDE).

Tras la experiencia piloto ensayada en Castilla y León, el reciente acuerdo PP-VOX para gobernar en la Comunidad Valenciana abre la vía para el blanqueo generalizado de la extrema derecha, tras el sacrificio ritual de viejas resonancias episcopales (movere ut promovere), de su más impresentable representante.

Reivindicación de la agenda socialdemócrata

Con todo, la estrategia alternativa no puede ni debe basarse únicamente en alertas antifascistas, tan retóricas como ineficientes, sino que pasa por la construcción de un discurso propositivo que ponga en valor las conquistas sociales ya alcanzadas y desarrolle nuevos proyectos de modernización institucional, justicia social y expansión de derechos, prosiguiendo con el desarrollo y consolidación de la agenda socialdemócrata, dialogante y europeísta.

Y es que el balance de la acción de gobierno, especialmente en el área socio-económica y laboral -para cuya evaluación objetiva se dispone de información estadística contrastada- resulta tan positiva y difícilmente cuestionable que los voceros de la derecha tratan de eludir su valoración y/o debate, elevando el tiro hacia discursos patrioteros o bajando al fango de la descalificación política y personal.

Parece, pues, justo y necesario revisar la evolución reciente de los principales indicadores de dicho ámbito, en el que han confluido la acción legislativa y el diálogo social:

- récord histórico de empleo, con 20.815.399 personas ocupadas a finales del pasado mes de mayo, habiéndose creado más de 1,3 millones de puestos de trabajo desde el inicio de la pandemia, al tiempo que en aplicación de la Reforma Laboral (que Feijóo ha dicho que quiere “tocar”, a lo que se opone incluso el presidente de la CEOE) la tasa de temporalidad contractual ha bajado del 30 al 14 por cien en apenas año y medio.

- reducción sostenida del paro: 513.000 personas desocupadas menos desde el inicio de la legislatura, con la consiguiente caída de la tasa de desempleo (del 26% al 13% actual) y ampliación de la cobertura de las prestaciones gestionadas por el SEPE (del 56,3 al 64,9 por cien)

- mejora de las relaciones laborales y la gestión de recursos humanos, tras la recuperación de derechos (Real Decreto-Ley 32/2021) y reforzamiento de la negociación colectiva (AENC) que consolidó una estrategia de flexibilidad interna y protección social iniciada en la fase más dura de la pandemia con los ERTEs que, con una inversión de más de 40.000 millones de euros en prestaciones por desempleo y exoneraciones de cuotas patronales a la Seguridad Social, salvaron más de medio millón de empresas y 3,6 millones de empleos

- incremento sostenido del Salario Mínimo Interprofesional (de 735 a 1.080 euros/mensuales) y revalorización de las pensiones conforme al IPC, lo que supone pasar de un aumento del 0,25% durante el último año del gobierno Rajoy a otro del 19,8% a lo largo de la presente legislatura. Medidas ambas que han mejorado considerablemente la situación de 2,3 millones de perceptores del SMI y más de 10 millones de pensionistas. 

- cobertura creciente del Ingreso Mínimo Vital que beneficia ya a 1.807.734 personas, de las que el 43% son menores, en 627.957 hogares, lo que habría contribuido a reducir las tasas de pobreza y desigualdad social, como acredita la última Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el INE.

Se trata, en definitiva, de cambios sociales de amplia cobertura que, junto a otros acuerdos en materia de teletrabajo, salud laboral, igualdad de género y atención a colectivos especialmente vulnerables (empleadas del hogar, riders…) configuran un auténtico cambio de paradigma en la gestión del trabajo y los derechos de las personas trabajadoras, que se ha hecho compatible con una mejora sostenida de los principales indicadores económicos (PIB, inflación, costes energéticos…), lo que sitúa a nuestro país en los primeros puestos del ranking europeo, impugnando en la práctica el dogma neoliberal, ampliamente difundido por las terminales políticas, mediáticas y académicas de la vieja y la nueva derecha, que consideraba incompatible el crecimiento económico con la justicia social (“…ése invento de la izquierda!”).