Mazón fía su política de vivienda a la bajada del impuesto de transmisiones: “No es un pecado”

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, fía la respuesta a la crisis habitacional a la bajada de impuestos. El PP comprometió este fin de semana a sus barones regionales a una rebaja en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el que grava las viviendas adquiridas de segunda mano, para que sea del 4% para jóvenes, en su decálogo de acciones de vivienda.

El jefe del Consell acometió una bajada de este tributo el pasado año, dejando el impuesto en el 6% para los menores de 35 años, frente al 8% anterior. La rebaja tiene una limitación en la base de IRPF cercana a los 42.000 euros anuales en tributación conjunta y se aplica a viviendas de hasta 180.000 euros, que apenas existen en capitales como València y su área metropolitana. La rebaja apenas tiene impacto entre los jóvenes: según los datos del propio Ejecutivo, implica un ahorro de 1.400 euros de ahorro por declarante. En todo el año, según ha indicado Mazón este lunes, la rebaja se ha aplicado a 17.000 personas. Solo en el segundo trimestre de 2024 se realizaron más de 30.000 compraventas de vivienda en todo el territorio valenciano.

Pese a estas cifras, el presidente valenciano considera un logro los resultados: “Bajar impuestos a los que más lo necesitan funciona”, ha asegurado este lunes. “No es un pecado bajar impuestos cuando se hace, por ejemplo, para los jóvenes que necesitan su primera vivienda o para familias vulnerables o para familias monoparentales o para familias numerosas o para víctimas de violencia de género... Esas rebajas de impuestos funcionan. Igual que están funcionando los avales al cien por cien para los jóvenes que hemos puesto en marcha desde el Instituto Valenciano de Finanzas. Están funcionando”, se vanaglorió.

Lo cierto es que la rama de los avales tampoco parece tener demasiado impacto. La semana pasada el líder popular sacó pecho de que “542 jóvenes de la Comunitat Valenciana se han beneficiado de la línea de avales de la Generalitat para la adquisición de su primera vivienda, lo que ha facilitado la compra de inmuebles por un valor conjunto de 40 millones de euros”. El PSPV ya denunció hace semanas que, según datos del propio Gobierno valenciano, hasta septiembre se habían concedido avales a 151 beneficiarios, pero solo 58 de ellos, el 38%, tenían menos de treinta años. El Instituto Valenciano de Finanzas considera jóvenes a las personas de hasta 45 años para optar a estos créditos.

La Generalitat Valenciana también pasa al ataque contra el Gobierno central por la política de vivienda. Este lunes, poco después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunciaran un plan para la construcción de más de 400 viviendas públicas en Valencia, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, les acusaba de romper un convenio para la edificación de estas viviendas, sitas en el cuartel de ingenieros. El convenio, apuntan desde el Ministerio, no se ha suscrito, y recuerdan que las obras están ya empezadas.

Camarero también urgió al Ministerio a “poner ya” a disposición de los valencianos que las necesitan, las viviendas de la SAREB, porque, a su criterio, “han ofrecido solo unas pocas y sin amueblar”, mientras que “la Generalitat ha ofrecido 133 y ya hay 84 familias residiendo en ellas”. El departamento que dirige Isabel Rodríguez ha entregado ya 160 viviendas, según apuntan a eldiario.es, mientras ponen a punto los restantes hasta llegar al medio millar en las zonas afectadas por la DANA. El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, visitó la primera tanda de inmuebles disponibles en Picassent, Algemesí y Utiel el pasado diciembre. Los inmuebles están amueblados por IKEA y, en el momento de la entrada de los afectados, ya contaban con los suministros necesarios.