136 trabajadoras sociales denuncian el aumento de la exclusión sanitaria en Madrid: “Tenemos las manos atadas”

La normativa sanitaria menciona los informes sociales como uno de los mecanismos clave para garantizar la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles que, por diversas situaciones, no puedan demostrar que viven en España. A los despachos de trabajadores y trabajadoras sociales de distintos hospitales, centros de salud, servicios municipales y otras entidades de la Comunidad de Madrid llegan muchas de las personas que no logran ser atendidas en la región. Buscan ayuda, pero quienes les escuchan apenas pueden darles soluciones.

“Tenemos las manos atadas”, dice Sonia (nombre ficticio), una trabajadora social de un hospital público de Madrid. “A la semana puedo tener dos o tres partes de embarazos sin controlar. Me llegan cerca de cinco casos semanales de exclusión sanitaria, pero casi no puedo hacer nada si no cumplen los nuevos requisitos, solo puedo darles información del procedimiento y hacer seguimiento de los casos”.

La impotencia de apenas poder dar soluciones ante los casos de exclusión sanitaria en Madrid ha empujado a 136 trabajadoras sociales de distintos ámbitos a unir fuerzas y crear “la mesa técnica de trabajadoras sociales contra la exclusión sanitaria”, con el objetivo de visibilizar la situación y organizarse cuando llaman a sus puertas pacientes sin tarjeta sanitaria.

La agrupación ha elaborado un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, para evidenciar su “preocupación” ante los “problemas encontrados” en el acceso a la salud en la Comunidad de Madrid para personas en situación administrativa irregular. Según explican varias trabajadoras sociales del colectivo, entrevistadas por elDiario.es, la exclusión sanitaria ha “aumentado” en Madrid en los últimos meses.

Aunque en 2018 el Gobierno aprobó una normativa que devolvía la sanidad pública a las personas sin papeles, su redacción dejó una serie de grietas por donde, en la práctica, diferentes gobiernos autonómicos imponen trabas administrativas a la atención de estos inmigrantes, sobre todo aquellos que llevan menos de tres meses en España o no han podido empadronarse, tal y como ha reconocido el actual Ejecutivo, que acaba de aprobar un anteproyecto de ley que pretende corregirlo. La Comunidad de Madrid no había activado un procedimiento específico para aplicar la legislación estatal hasta el mes de noviembre.

Este nuevo mecanismo está basado en la creación de siete “unidades de tramitación”, centradas en la atención a personas extranjeras en situación irregular. Si antes podían acudir a cualquier centro de salud de la Comunidad de Madrid para solicitar su alta en el sistema sanitario, ahora los inmigrantes sin papeles solo pueden hacerlo en estos puntos.

Desde el Gobierno regional defienden que las unidades de tramitación permiten homogenizar los criterios a la hora de tramitar los documentos sanitarios de las personas sin papeles. Sin embargo, la puesta en marcha de estos centros específicos está “obstaculizando” en la práctica el acceso a la sanidad de las personas sin papeles, según denuncia el colectivo de trabajadoras sociales y otras ONG especializadas.

Los retrasos

Las citas en las unidades de tramitación (UT) tienen “una demora que impide que las personas puedan acceder al sistema público de salud”. Por ejemplo, a día 15 de febrero, las citas proporcionadas en la UT del distrito Centro son para septiembre y las que se dan en la zona Sur son para finales de abril, según los cálculos de la agrupación.

“Los plazos de la Unidad Administrativa complican que las mujeres puedan disfrutar de sus derechos sexuales y reproductivos, tanto en los supuestos de seguimiento de embarazo como en los de interrupción voluntaria del embarazo”, sostiene el documento. “Me llegan mujeres embarazadas que, para cuando les dan la cita para conseguir la tarjeta sanitaria, ya habrían dado a luz”, dice Sonia.

El trámite, además, se hace demasiado largo para personas enfermas. “Se tarda mucho en conseguir cita y el trámite de análisis de la documentación se puede alargar hasta tres meses”, alega la agrupación de trabajadoras sociales.

La desesperación de los pacientes excluidos empuja a muchas personas a pedir ayuda a los Centros Municipales de Salud comunitaria (CMS). “Nos llegan familias con niños pequeños, que no tienen seguimiento pediátrico. Existe un calendario de vacunación que se debe de poner en edades desde los 0 a los 14 años y en nuestros centros sí podemos hacer este tipo de vacunación”, detalla Carla (nombre ficticio), trabajadora social de uno de estos centros de la Comunidad de Madrid.

“Esta semana nos ha llegado un bebé con una posible sarna, una enfermedad infectocontagiosa, pero no ha podido ir al centro de salud para su diagnóstico. No se le hace porque no tienen tarjeta sanitaria ni él ni los padres”, critica la profesional, cuyo centro está limitado a labores de vacunación y prevención de salud comunitaria, pero no están habilitados para prestar asistencia sanitaria.

A las demoras se suma el “miedo” de las personas en situación administrativa irregular al “posible cruce de datos con inmigración y en general a acudir a espacios donde se sabe” que solo acuden inmigrantes sin papales, ante el temor a una posible expulsión.

Requisitos más duros

La Comunidad de Madrid realiza una aplicación “restrictiva” de la normativa estatal e incumple las recomendaciones pactadas por todos los gobiernos regionales con el Ministerio de Sanidad el 20 de junio de 2019. Según la legislación y dicho acuerdo, las personas sin papeles pueden solicitar su derecho a la sanidad pública presentando un pasaporte o documento oficial de identidad que acredite la identidad de la persona y “documentación” que demuestre la residencia efectiva en territorio español por un periodo previo de 3 meses. Además del empadronamiento, se permitiría presentar la documentación oficial de “cualquier administración del Estado, registro de citas en servicios sociales, informe de trabajadores sociales, etc”.

No obstante, en la práctica, los requisitos de la Comunidad de Madrid son más severos. “Se exige como documento de identidad un pasaporte en vigor”, por lo que “no valen por ejemplo pasaportes caducados o documentos identificativos de país de origen”, algo común en el caso de las personas sin papeles, debido a las dificultades para renovar su identificación.

La Consejería de Sanidad de Madrid tampoco admite “los informes de trabajadoras sociales como documentos acreditativos de residencia cuando las personas tienen problemas para empadronarse por su situación de vulnerabilidad”, recalcan en el documento consensuado por el centenar de profesionales. Además, alertan de que la Comunidad no hace “excepciones a personas que no pueden demostrar que llevan 90 días en territorio español”, ni “a mujeres embarazadas, ni a menores, ni a personas con enfermedades crónicas o infecciosas, como aquellas que requieren tratamiento por VIH.

Cómo lo notan en su labor

Hasta septiembre, a Sonia apenas le tocaba hacer seguimiento en el hospital de casos de exclusión sanitaria, relata. “Aunque siempre ha habido casos, esta era una labor que apenas me llegaba, porque de ello se encargaban los centros de salud, y de una forma u otra se acababa solucionando. Ahora es más difícil: tengo una carpeta cada vez más llena de aquellos casos que no consiguen tener asistencia, de los que suelen advertirme médicos del hospital, y voy controlando para avisar de cuándo cumplen los tres meses de empadronamiento”, explica la trabajadora social.

El caso de Lucía (nombre ficticio) es el contrario. Esta trabajadora social que presta sus servicios en varios centros de salud del distrito centro de Madrid observa con impotencia cómo se han esfumado las posibilidades que tenía –aunque con dificultades– para lograr el acceso a la sanidad de las personas sin papeles excluidas, a través de la realización de informes sociales.

“El cambio es muy significativo. He trabajado en varios momentos normativos y este que estamos viviendo es el peor de todos”, sentencia la profesional. A la que, sin embargo, muchos casos no le llegan debido a que, para poder acceder a sus servicios, es necesario estar dado de alta en el sistema sanitario.

“La impotencia que sentimos es enorme. Muchos médicos están acudiendo a nosotras, sorprendidos, pero no podemos dar la atención que nos gustaría, porque el procedimiento es muy estricto”, resume Sonia.