Las décadas de suplicio de los saharauis para obtener la nacionalidad: “España nos discrimina”

Ni el viaje de fin de curso a Gibraltar, ni el Erasmus que planeaba, ni crecer siendo una más. Fati Mohamed enumera todo aquello que perdió durante sus primeras dos décadas en España, adonde migró con nueve años acogida por una familia española, por carecer primero de los papeles y después de la nacionalidad en España.

“Daba igual el tiempo que llevaba aquí. Tanto hablan de integración, que la cumplía con creces, pero luego me discriminan por proceder de los campamentos de refugiados saharauis, cuando parte de la responsabilidad de que naciese allí era de España”, dice con rabia cuando recuerda sus largos años de espera para conseguir la nacionalidad española.

Su generación no ha nacido en el Sáhara Occidental, pero conoce bien la historia del lugar del que procede; sabe la relación de España con la que fue su provincia número 53, porque desde niños han sufrido el impacto del abandono español, la consiguiente ocupación marroquí y el exilio que aún perdura. Por eso, los saharauis que llevan años viviendo en España, como Fati Mohamed, muchos acogidos por familias españolas, dicen sentir una rabia añadida cuando se chocan con los dilatados trámites de extranjería a los que se enfrentan para conseguir, primero la residencia y, después, la nacionalidad.

Desde hace décadas, la comunidad saharaui, las organizaciones que los apoyan y distintos partidos políticos piden, dadas las conexiones históricas de España y el Sáhara Occidental, la reducción de los plazos solicitados para la concesión de la nacionalidad española por residencia, igualándola a otros países como Latinoamérica, Guinea Ecuatorial o Filipinas, a los que se exige menos años debido a, entre otras razones, su pasado colonial. 

Es uno de los objetivos de la ley propuesta por Sumar que obtuvo este martes en el Congreso el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PSOE, que votó en contra, y Vox, que se abstuvo. Además de otorgar la nacionalidad a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental bajo la administración española, la iniciativa también incluye rebajar de diez a dos años el periodo de residencia en España exigido a los ciudadanos saharauis para conceder la nacionalidad. 

La diputada Tesh Sidi defendió en el hemiciclo la iniciativa apelando a su propia historia. Ella, como tantos niños saharauis, también llegó a España acogida por una familia española. Vivió casi toda su vida en suelo español, su padre tenía DNI español al nacer en el Sáhara Occidental durante la época colonial, pero pasaron 20 años hasta que obtuvo la ciudadanía. Según sus cifras, la medida podría beneficiar a “15.000 niños saharauis”.

Para obtener la nacionalidad española por residencia, los saharauis tienen que haber vivido en el país un mínimo de 10 años. Frente a esa década, hay nacionalidades a las que se les exigen otros tiempos más reducidos, debido a los lazos históricos o culturales existentes con España. Entre ellos están los ciudadanos latinoamericanos -por su pasado colonial y la lengua común-, Guinea Ecuatorial, Filipinas -también excolonias españolas - Portugal, Andorra o los sefardíes. Pero el Sáhara Occidental, pese las décadas de administración española, no forma parte de los beneficiados de la rebaja en los requisitos. 

“Sería de justicia poder equipararnos a esos países, porque los saharauis somos eternamente una excepción en la política exterior”, critica Fati Mohamed. “España, además de negarle el derecho a la autodeterminación, como tuvieron todos los pueblos colonizados, no se conforma con no cumplir su responsabilidad histórica, sino que quienes vivimos aquí seguimos sufriendo su discriminación: no nos equipara al resto de países que fueron excolonias, ni a los sefardíes, nos tiene excluidos. Somos también la excepción como migrantes en España”, continúa.

“Si aún nos la dieran a los diez años… ”, añade Fati Mohamed. “Pero la mayoría de saharauis no la hemos obtenido antes de los 16 o 20 años, después de un desgaste increíble, el gasto en abogados, el sufrimiento de nuestras familias de acogida…”, lamenta. 

Ella llegó a España con solo nueve años en el verano de 1997, gracias al programa de Vacaciones en Paz, a través del que desde hace décadas decenas de niños saharauis pueden darse un respiro de las extremas condiciones del desierto argelino donde vive desterrada una parte de la población tras la ocupación marroquí de su territorio. “Me quedé porque tenía ataques de epilepsia y anemia. Y mi familia de acogida y la saharaui decidieron que me podía quedar para recibir tratamiento médico y estudiar”, cuenta Fati Mohamed. 

La primera batalla fue obtener la residencia, dado que pese a ser una niña y estar acogida por una familia española, pasó “muchos años” sin papeles. “Fue bastante complicado. Cuando iba a solicitar la residencia con mi familia de acogida me ponían trabas, no me la dieron inmediatamente. En 2003 me la dieron, pero siempre dependía del pasaporte argelino y, si caducaba, lo perdía.  Estuve más tiempo sin documentos que con ellos”, recuerda la saharaui. 

Su primer intento para obtener la residencia fue en 2010. Llevaba 13 años en España. “Aporté la documentación de haber estado escolarizada, de haber estado tutelada en una familia de acogida, aporté hasta el DNI de mi abuelo español. Y no me contestaban”, describe Mohamed. En aquella época, había cientos de expedientes de nacionalidad de ciudadanos saharauis que estuvieron bloqueados durante cinco años. “Me vine a estudiar a Madrid y necesitaba la nacionalidad. Quería hacer un Erasmus, moverme por Europa para estudiar idiomas y no podía. Me obsesioné mucho”, recuerda. 

Tanta frustración y rabia acumulaba que, todos los viernes Fati Mohamed se plantaba en el registro de la Calle Bolsa, en Madrid, para preguntar personalmente si había una resolución. “Me propuse ir todas las semanas para presionar, para que me viesen, y ponía una reclamación”, relata. “Un viernes nunca se me olvidará. Quería hablar con el responsable y me quedé en la puerta esperando y, de la desesperación, le seguí hasta el coche para preguntarle por nuestros casos”.  

La respuesta llegó en 2015, tras cinco años de larga espera. Y fue negativa. “Me respondieron que no se admitía porque mi partida de nacimiento estaba expedida por ‘la autoproclamada República Árabe Saharaui, un Estado no reconocido por el Reino de España’. Fue humillante, cuando España sabe las razones de por qué estamos en los campamentos de refugiados, fue parte del problema.  No me conformé y seguí luchando, y tras un recurso me la acabaron concediendo”, explica la saharaui. Durante aquellos años, la Administración no admitía la documentación expedida en los campamentos de refugiados saharauis, pero ese criterio se revirtió tras un litigio judicial impulsado por la Asociación Profesional de Abogados Saharauis de España (APASE). 

“Es un desgaste horrible. Te genera mucho resentimiento. Esos problemas me recordaban siempre que no era de aquí aunque llegué con nueve años. Da igual lo que hagas y te esfuerces. Yo el racismo no lo he sufrido por la gente sino por parte de las instituciones”, reflexiona Fati Mohamed. 

“Recuerdo que siendo adolescente, íbamos a ir en fin de curso con mi clase a Gibraltar. Iba toda mi clase y yo no podía ir por los documentos, no tenía los mismos derechos. Son cosas que pueden ser frívolas pero para mí era importante. El Erasmus me hubiese encantado y no pude. Estudiar inglés fuera. Hasta el estrés de perder los papeles y el trabajo si no renovaba mi pasaporte argelino a tiempo”, detalla la saharaui. 

Tras 17 años en Alicante, Abdelaziz aún espera la obtención de la nacionalidad española. El saharaui nació en el Sáhara Occidental en 1975, cuando aún se encontraba bajo la administración española. Tenía apenas unos meses cuando, pocos días antes de morir Franco, Marruecos inició la invasión del territorio saharaui y España abandonó su antigua colonia sin culminar el proceso de descolonización. Abdelaziz juró junto a su madre y sus hermanos a los campamentos de refugiados saharauis. Su padre, después de hacer varios viajes para sacar a su familia de los territorios ocupados en plena guerra, se quedó atrapado en la zona controlada por Marruecos. 

En 2008, después de pasar una temporada estudiando en Cuba como muchos saharauis, migró a España, donde vivían cuatro de sus hermanos. Abdelaziz obtuvo la tarjeta de residencia por arraigo familiar, dado que su padre tenía documentación española al haber vivido en el Sáhara bajo administración española. Sus hermanos, por esta misma razón, obtuvieron la nacionalidad española por ser hijo de españoles de origen. Pero cuando intentó pedirla Abdelaziz era tarde: la Justicia se lo denegó tras un cambio de criterio en la interpretación jurídica. 

“En diciembre de 2020, como tenía residencia legal desde enero de 2009, casi 12 años residiendo, pidió la nacionalidad por residencia. Pero en diciembre de 2023 le notifican que le deniegan la nacionalidad, supuestamente porque no tenía residencia legal y continuada por 10 años, pese a que cuando pide la nacionalidad ya juntaba 12 años, casi”, explica su abogado, Sidi Talebbuia Hassan. 

“Nos afecta mucho. Llevar tanto tiempo aquí y tener todos los documentos para poder optar a una ciudadanía, si te lo rechazan es porque algo pasa. Algo pasa que no entiendo qué es”, se queja el saharaui.