El Gobierno flexibiliza la aplicación del parón en la industria tras las críticas de autonomías y empresarios

Tras el lanzamiento de un mensaje rotundo por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la necesidad de paralizar la actividad económica no esencial para “cortar de manera más agresiva los contactos y, por tanto, los ingresos hospitalarios y la presión sobre las UCI”, el Gobierno ha matizado la incidencia del paro y se ha abierto a una serie de excepciones y la posibilidad de mantener servicios mínimos tras la críticas de las organizaciones empresariales y algunas comunidades autónomas.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una “nota interpretativa para el sector industrial” en relación a la aplicación del Real Decreto por el que se aprobaba el permiso retribuido recuperable.

Por un lado, la nota del ministerio especifica que “la industria manufacturera se considera esencial en la medida en que su actividad sea necesaria y esté destinada a proveer de los bienes y materiales necesarios para el desarrollo de los sectores esenciales establecidos en el anexo del Real Decreto-ley”, pero también avisa de que “se deberá emplear únicamente aquellos trabajadores que sean imprescindibles para garantizar esta actividad”.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha explicado este martes que el objetivo es que “todas las empresas que no producen productos esenciales tendrán que reducir al mínimo la actividad de manera que puedan hacer una producción equivalente al nivel de actividad bajo, como si fuera el fin de semana. Esta referencia de actividad es la mínima imprescindible y debería ser la norma en todas las empresas”.

Industria insiste en que el punto de referencia es “la actividad de fines de semana o festivos. En los casos donde la actividad industrial no tenga esta referencia se tendrá en cuenta el periodo de más baja producción”.

Pero también avisa de que el mantenimiento mínimo de la actividad industrial está definido para “aquellas instalaciones industriales cuya parada prolongada durante varios días cause daños que imposibiliten o dificulten su nueva puesta en producción o que genere riesgo de accidentes”.

Esta puntualización no ha satisfecho a algunos industriales. La patronal siderúrgica Unesid ha pedido más garantías jurídicas al Ministerio porque entiende que ni el decreto ni la nota aclaratoria explican que es “industria esencial”, ya que su sector es “garante de la estabilidad” del sistema eléctrico de España.

Sin embargo, la nota sí que añade otra excepción para los trabajadores que se dedican a las actividades “de importación y exportación de todo tipo de productos, bienes y materiales, en la medida en que se configuran como clave del abastecimiento o del cumplimiento de compromisos de contratos internacionales”.

Este ha sido uno de los puntos mejor valorados por las empresas, ya que va a permitir tanto seguir recibiendo materias primas para mantener la producción como asegurar que se puede cumplir con la entrega de pedidos en el exterior.

Calviño: “Hay industria que no pueden parar”

Como ha ocurrido con varias de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, hay posiciones diferentes entre los ministros respecto a cómo modular el impacto en las empresas. Más abierta a que no tengan que parar ha sido la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transición Digital. Nadia Calviño ha apuntado que estas industrias “son de las que no se puede parar, al igual que ocurre en otros ámbitos industriales de España, por lo que tenemos que asegurarnos de que se puede mantener ese nivel de actividad más reducido con un mínimo de movilidad por parte de los trabajadores”, explicó.

Calviño ha dejado claro que no hay necesidad de modificar el decreto tras las explicaciones de Industria. “Hemos dado suficiente claridad y son ahora las empresas, con sus trabajadores, las que tienen que ver cómo organizarse mejor para contribuir a este objetivo común de frenar la expansión del virus en el país. Tienen que llegar a un acuerdo y a una organización del trabajo que permitan lograr estos objetivos comunes [sanitario y económico], evitando la pérdida de clientes y un daño más profundo, duradero e irreparable en este período reducido de días”.

Las declaraciones de la vicepresidenta han sido asumidas por buena parte de la industria como una muestra de flexibilidad por parte del Gobierno. En este sentido, el Gobierno vasco, uno de los que se mostró más crítico con el decreto, ha señalado que su aplicación permite una adaptación. Su portavoz, Josu Erkoreka, ha declarado este martes que “el real decreto contiene cláusulas de flexibilidad que es posible utilizar razonablemente”.