Los sindicatos introducen el control del precio de la vivienda en el pacto de rentas

Gobierno, sindicatos y patronal se levantaron a las 9 de la noche de este lunes de la mesa negociación sin poder concretar las medidas del Plan Nacional de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania, más allá del anuncio previo sobre la bonificación del gasóleo profesional de 500 millones de euros para el sector del transporte por carretera. Los detalles tendrán que esperar al marco que se establezca en el Consejo Europeo de los próximos 24 y 25 de marzo, según insistió la vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el paquete se aprobará finalmente en el Consejo de Ministros del 29 de marzo.

Gobierno, de una parte, y CCOO y UGT, los sindicatos mayoritarios, de otra, coinciden en que la prioridad ante el actual shock inflacionario es la reducción del coste de la electricidad y de los combustibles. Pero los representantes de los trabajadores introdujeron además, en la rueda de prensa posterior a la reunión; la necesidad de proteger a las familias más vulnerables, con la propuesta de establecer un control de las subidas de los alquileres en las revisiones de precio ligadas al IPC, y negaron que la solución pase por bajar impuestos. Ni CEOE, ni Cepyme, los representantes de los empresarios que estaban presentes en la mesa de negociación, ofrecieron declaraciones.

El paquete de protección social que mencionaron tanto Calviño, como Unai Sordo, secretario general de CCOO, y Pepe Álvarez, su homólogo en UGT, es la contraprestación que exigen los sindicatos en el el proceso de negociación colectiva, denominado pacto de rentas, que plantea repartir los daños del incremento de los precios y de los costes por la guerra en Ucrania, tras la invasión de Rusia, junto al cambio del sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad, por el que se paga en cada momento el MWh más caro que se produce, en este caso el de un gas disparado.

“Hay que hablar del precio de la vivienda y de bonos sociales para paliar la subida del precio de la energía, y concretamente de la electricidad”, incidió Pepe Álvarez. “No quiero ni pensar en el golpe que están recibiendo los inquilinos que tienen que renovar su alquiler ligado al IPC”, añadió Sordo. En febrero, el IPC general avanzó un 7,6%, respecto al mismo mes del año anterior, lo que implicó una incremento del precio de la renta de 76 euros a un alquilado que renovara ese mes un supuesto contrato 1.000 euros al mes según la ley actual. Desde octubre, el IPC interanual no ha bajado del 5%.

Los representantes de los trabajadores asumen que en el pacto de rentas las subidas salariales que se acuerden para compensar la pérdida de poder adquisitivo por el pico de inflación, que podría alargarse según la duración de la guerra y de las sanciones internacionales a Rusia hasta llegar a provocar una recesión en el peor de los escenarios, tendrán que establecerse en un ciclo de “dos o tres años”.

CCOO: "La bajada de impuestos es una trampa que acabará en austeridad"

“Hay productos que se están encareciendo sin razones objetivas, por procesos de especulación, y el Gobierno tiene que tener instrumentos para intervenir”, denunció Pepe Álvarez. “La escalada de la energía es irregular y especulativa”, continuó. “España no puede retribuir el MWh a 200 euros, cuando se está produciendo a 20 euros o por debajo”, recalcó Sordo, quien, por otro lado, destacó “que no compartimos que esto se resuelva con una bajada de impuestos, ya que no significaría una bajada de precios y sería una merma de los ingresos fiscales cuando necesitamos más gasto público para proteger a las familias más vulnerables”.

El secretario de general de CCOO advirtió también que empobrecer al Estado puede derivar en políticas de austeridad en unos años, dada la vulnerabilidad de España, que soporta un sobreendeudamiendo cercano al 120% del PIB, actualmente. “La baja de impuestos es una trampa”, dijo.

Un aliado insospechado para el pacto de rentas

Los trabajadores encontraron la semana pasada un aliado insospechado: el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pidió ante un auditorio repleto de empresarios “compromisos explícitos de moderación de los márgenes [los beneficios que obtienen las compañías de sus ingresos totales tras hacer frentes a costes como la energía o los salarios y a los impuestos]”.

“Hay que evitar la espiral de precios y salarios, y el pacto de rentas es fundamental, porque es una locura subir los salarios para toda la pérdida de poder adquisitivo que se va a dar, y para ello hay que alcanzar acuerdos de mejoras plurianuales, y hay que hacerlo bien, porque si se hace mal la economía de España perderá competitividad y el sector exterior es crucial para la recuperación”, explica Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de la UCM y subdirector de Fedea, que, por la otra parte de la negociación, apunta a que hay que conseguir que “las empresas no tengan márgenes extraordinarios, algo que no ocurrirá si hay competencia entre ellas, si compiten en precios”.

“Si suben márgenes es que no hay competencia y tendrían que sufrir sanciones por parte de las autoridades”, continúa el catedrático de la UCM, quien reconoce que esta es la parte más complicada del pacto de rentas. “Otra opción es subir impuestos, pero hacerlo de forma generalizada no es lo más adecuado, sino en los sectores tensionados”.

¿Hay ejemplos de otro tipo de compromisos? Uno reciente es la limitación temporal a repartir dividendos que se estableció en la pandemia de coronavirus para las empresas que se beneficiaron de los ERTE (expedientes de regulación de empleo) financiados por la Administración. Sin embargo, Albert Recio, profesor de economía aplicada de la UAB y miembro del consejo científico de Attac, lo considera una medida asimétrica, “porque si te congelan el sueldo o te lo bajan, pierdes renta, pero si a una empresa le limitan el reparto de dividendo, ese beneficio se queda en la empresa”.