La Xunta de Feijóo compró parte de las mascarillas por las que la pareja de Ayuso cobró 2 millones en comisiones

La Xunta de Galicia compró en 2020, cuando la presidía el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, parte de las mascarillas por las que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se embolsó 2 millones de euros en comisiones ese año.

Así lo confirma a elDiario.es Gumersindo Cachafeiro, fundador y presidente de Mape, la empresa que pagó 42 millones por material sanitario procedente de China a FCS, firma catalana a la que González Amador cobró comisiones del 4,5% por intermediar en la compra de ese material.

Hasta ahora se desconocía quién había sido el comprador final de la mercancía que encargó a FCS la gallega Mape, empresa con amplia experiencia en el suministro de insumos sanitarios. Ahora se confirma que al menos una Administración pública acabó adquiriendo ese material.

En Mape es consejero el directivo de Quirón Fernando Camino, clave en el ascenso profesional de la pareja de Ayuso. A ambos les vincula su relación en el gigante de la sanidad privada (principal pagador de González Amador desde hace años) o un abogado de León que administra el ático de lujo en Madrid del que disfrutan el defraudador confeso y la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“El 90-95% de la mercancía que compré ese año [2020] la adquirí a FCS y lo vendí a todos los españoles, públicos y privados”, dice Cachafeiro. En conversación telefónica con este medio, el empresario subraya que “ni Quirón ni nadie relacionado con todos estos me ha comprado esa mercancía. La Comunidad de Madrid, cero”. 

Pero sí la Xunta de Galicia: “Nunca les vendimos nada hasta la pandemia, ni después”. Sin embargo, con la emergencia sanitaria y los gobiernos de todo el planeta buscando desesperadamente mascarillas, guantes y otros equipos de protección, el Ejecutivo que entonces presidía Núñez Feijóo les pidió ayuda “porque la necesitan, igual que todo el mundo. No tenían autorización para importar y les prestamos las nuestras sin ningún tipo de recompensa”. Con esas autorizaciones, explica, se pudieron suministrar a la Xunta desde mascarillas a material fungible para respiradores. 

La Xunta de Galicia, ante las preguntas del elDiario.es sobre la comisión que cobró González Amador, señala que “adquirió material sanitario a una empresa especializada en distribución de material sanitario, que además fue seleccionada como proveedora por el Gobierno central dentro de su acuerdo marco”.

Además, un portavoz del Gobierno gallego resalta que si la empresa “obtuvo el material sanitario directamente del fabricante o a través de otra empresa intermediaria es un asunto que atañe exclusivamente al proveedor y que en nada implica a la Xunta”. Las mismas fuentes insisten en que “el proveedor de la Xunta es la empresa de suministros sanitarios Mape. La relación de la Xunta es con esta empresa”, descartando cualquier relación con la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Este martes, tras la publicación de esta información, Feijóo ha señalado en una entrevista en Telecinco que “el novio de la señora Ayuso no tiene nada que ver con ese contrato”. “Que yo sepa, en 2020 esa persona no era siquiera novio de la señora Ayuso. No les pregunto”. El actual líder del PP ha subrayado que “todos los contratos están colgados y todos se han remitido al Parlamento”, informa Aitor Riveiro.

“Yo no soy responsable de que Begoña Gómez esté delante de un juez, que el hermano del presidente del Gobierno no quiera pagar a Hacienda aunque no está claro que viva en Portugal. Y empiezan a revisar los contratos de la Xunta. No me discutían los contratos que firmaba y sacan ahora contratos del año 20, 15 o 18. Es patético, me hace gracia porque observo que para tapar al presidente del Gobierno sacan contratos de Feijóo”.

Mucho retraso

El Gobierno gallego tardó muchos meses en publicar los contratos adjudicados a Mape en 2020, ejercicio en el que esta firma fue la que más contratos de emergencia recibió del Servicio Gallego de Salud: 10 adjudicaciones por importe de más de 10 millones.

De esa cifra, 4,3 millones fueron para el suministro de mascarillas mediante tres contrataciones de emergencia realizadas entre abril y junio de 2020. Esos contratos no aparecieron en la plataforma de contratación de la Xunta hasta el 11 de octubre de 2022. En el Diario Oficial de la UE no se publicaron hasta febrero de 2023, casi tres años después. Las resoluciones de adjudicación no están disponibles.

El retraso en publicar esas adjudicaciones fue una tendencia generalizada en los contratos de emergencia del Sergas, que incumplió la obligación legal de darles publicidad. Así lo destacó el Consello de Cuentas en un informe que advirtió de que Mape cobró un 37% más que otros proveedores en 2020. Cachafeiro cree que en el órgano fiscalizador “se lo tienen que mirar”. “Si yo compré caro, vendí caro. No me pueden acusar de sobreprecios”, se defiende.

“Ninguna relación”

“No tenemos ni hemos tenido ninguna relación comercial con el novio de Ayuso”, señala el fundador de Mape, que lamenta que se afirme que su empresa propició que González Amador se hiciera millonario en 2020. Aunque es consciente de los muchos vínculos que le unen con el directivo de Quirón Fernando Camino.

El empresario gallego ha guardado silencio en los últimos meses, tras el escándalo en torno a la pareja de la presidenta madrileña, que ha salpicado a su compañía por la condición de consejero del máximo responsable de Quirón Prevención. Camino siempre ha rechazado atender a elDiario.es.

“Yo no tengo que ver con la comisión de nadie”, dice Cachafeiro, que explica así su relación con Camino, al que conoce “desde 2015”: el directivo de Quirón “es mi amigo, le conozco por la familia de su mujer y su cuñado, que tienen farmacias de toda la vida en León”. Desde 2019 es vocal del consejo de administración de Mape, como consejero externo, “porque dirige una empresa que es Grupo Quirón y es uno de los grandes conocedores del mundo empresarial” y del negocio de la prevención.

“Ni él ni nadie relacionado con él ni con su familia tuvo nunca acciones aquí”, aclara. “Sigo creyendo en él. Es un tipo exquisito, escrupuloso, correcto”.

Cachafeiro dice que cuando salió a la luz que González Amador administró hasta 2022 una sociedad en el paraíso fiscal de Panamá creada por Camino, le pidió explicaciones. “Esa empresa nunca facturó nada, me dijo. Le dije: eso es sospechoso. Yo no dejo de ser amigo de mis amigos porque alguien diga tal; pero si se demuestra que no son lo que dicen que son, no voy a respaldar a nadie que no sea de la misma mentalidad que yo”. 

“Le dije que si sale imputado en algo al día siguiente estará fuera del consejo”. El mensaje que le trasladó fue: “No te pido que te vayas ahora porque parecería que te estoy culpando o penalizando”. “Por el momento no ha pasado nada”, subraya.

Cachafeiro dice desconocer que González Amador pagara en diciembre de 2020, tras embolsarse esos dos millones en comisiones, 500.000 euros a Camino por una empresa a nombre de su esposa que no facturaba ni 30.000 euros y apenas tenía actividad.

“Claro que me sorprende, no voy a decir que no”. “Algo tiene que tener la empresa”, aventura. “Ellos sabrán cómo lo han hecho y dónde lo han hecho”. González Amador presentó a Hacienda como una “apuesta” la compra de esa empresa, que se dedicaba a tratamientos de belleza y que usó como pantalla para defraudar con los ingresos extra de Quirón.

Cachafeiro reconoce que también preguntó a Camino por la sociedad que compró ese ático de lujo en Madrid, que administra un abogado de León muy cercano al directivo de Quirón que representó a González Amador en la inspección de Hacienda. La respuesta que le dio, explica, fue que “es casualidad que él le haya llevado esto a Alberto”. “Yo no conozco a este abogado”, asegura.

También dice no saber nada del misterioso préstamo de 955.000 euros que esa empresa recibió en 2023, cuando compró ese piso de lujo al contado. Ni se explica por qué otra asesora de León ha llevado siempre las cuentas de Maxwell Cremona, la principal empresa de González Amador.

Desde que estalló el caso, Cachafeiro solo había atendido a El País, al que contó en marzo, nada más desvelar elDiario.es el fraude fiscal de González Amador, que las gestiones para comprar las mascarillas a FCS comenzaron en marzo de 2020. Esta versión, que Cachafeiro mantiene y que también sostuvo la empresa catalana, choca frontalmente con lo que la pareja de Ayuso sostuvo ante Hacienda.

Durante la inspección de la Agencia Tributaria, González Amador aseguró que había realizado gestiones para traer ese material en enero de 2020, dos meses antes del estallido de la crisis sanitaria en España, mediante videoconferencias y reuniones físicas en Nueva York y con la participación de una compañía con sede en Florida, Inteconn.

“Una estafa”

El pasado viernes, Cachafeiro se mostró muy crítico con el fraude fiscal confesado por la pareja de Ayuso: “Para cualquier persona coherente, es una estafa. Si usted cobra dos millones y no quiere pagar por ellos… llamémoslo como queramos. Es una barbaridad”. “Hemos colaborado con lo que nos ha pedido la Agencia Tributaria siempre”, añadió. Este martes, tras la publicación de esta información, lamentó que no se ha reflejado “el espíritu” de sus palabras. “No quiero juzgar ni perjudicar a nadie”, subraya, y más en el caso de González Amador, “al que conozco”.

El empresario resta importancia a la reformulación de las cuentas de 2023 que llevó a cabo Mape en abril, cuando ya había estallado el escándalo, y niega categóricamente ninguna relación con este caso. Subraya que esa modificación, una maniobra relativamente infrecuente, se debe a la decisión de repartir como dividendos todo el beneficio del pasado ejercicio (1,5 millones) cuando ya habían sido formuladas las cuentas en una primera versión. 

También aclara la identidad del comprador del 5% del capital que la empresa vendió de su autocartera en mayo de 2022 por medio millón de euros. Se trata del director general de Mape, Víctor Mosquera.

Respecto al proveedor al que adelantaron 1,5 millones en 2020 por un material sanitario que nunca llegó, es una empresa italiana que pidió por adelantado el 20% de la mercancía. “Tenían que entregar un millón de mascarillas en un plazo de siete días” para un cliente “que quería donarlas a hospitales”. Las mascarillas nunca llegaron, los hechos se denunciaron ante la Guardia Civil y el caso quedó en manos de Interpol. “Hace unas semanas nos han dicho que demos el dinero por perdido porque los tres socios de esa empresa no tienen capacidad para hacerle frente”.

Mape empezó en 1998 como asesoría. En 2007 dio el salto a la distribución de productos sanitarios, elementos de parafarmacia, fármacos y otros productos que comercializa a grandes empresas, instituciones públicas y centros médicos privados. Sus clientes son hospitales, centros sanitarios, empresas, mutuas, centros de prevención… Entre ellos, Inditex, Iberdrola, Caixabank, Repsol, Mercadona, Telefónica o la propia Quirón Prevención y organismos públicos como la Comunidad de Madrid o la Xunta, según su web. 

“Trabajamos con todos los servicios de prevención y de grandes compañías”. “Siempre que hemos podido, en la pandemia si tuvimos mercancía la vendimos a nuestros clientes, públicos y privados”, explica su fundador y máximo accionista, que subraya que trabajan para cualquier administración, independientemente del color político. “Me equivoco muchas veces pero procuro no cometer irregularidades”.