Cinco buenas reformas a la iniciativa ciudadana europea

La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), una de las principales innovaciones del Tratado de Lisboa, fue creada para incrementar el debate y la participación ciudadana en la vida democrática de la Unión. Siete años después de su entrada en vigor en 2012, la evaluación de esta importante herramienta política es decepcionante pese a la ilusión que desató la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas, un millón en concreto pertenecientes a siete países como mínimo, pudieran pedir a la Comisión Europea que presentase propuestas legislativas en cualquier campo donde tiene competencias para proponer legislación (por ejemplo, medio ambiente, agricultura, transportes, salud pública energía, transporte o comercio, ...).

Desde su entrada en vigor, se han reunido nueve millones de declaraciones de apoyo de ciudadanos de toda la Unión Europea entre las más de setenta iniciativas que se han dirigido a la Comisión Europea. Sin embargo, las dificultades ligadas a los procedimientos existentes han provocado que sólo hayan prosperado cuatro iniciativas: “Right2Water” (perseguía una legislación que consagre el derecho humano al agua y fomente el suministro de agua y saneamiento como servicio público esencial), “Uno de nosotros” (abogaba por poner fin a la financiación de actividades que suponen la destrucción de embriones humanos, en particular en los ámbitos de la investigación, la ayuda al desarrollo y la salud pública), “Stop Vivisection” (urgía a la Comisión a derogar la Directiva 2010/63/UE relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos y presentar una nueva propuesta que ponga fin a la experimentación con animales) y “Prohibición del Glifosato” (pedía la prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos).

Tan escasos resultados generaron un amplio debate sobre la eficacia de la norma. Por ello, el Parlamento Europeo junto con las organizaciones de la sociedad civil y los organizadores de ICE han solicitado reiteradamente que se revisase el Reglamento que regula la ICE. Finalmente, y con objeto de subsanar las deficiencias observadas en los últimos años y lograr que la ICE sea más accesible y más fácil de utilizar para quienes la organicen o apoyen, la Comisión presentó en septiembre de 2017 una propuesta de revisión.

El pasado mes de diciembre finalizaron las negociaciones interinstitucionales entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo que acordaron mejoras destinadas a facilitar la utilización de este instrumento, ampliar la participación y reforzar el impacto de las iniciativas que prosperan. En definitiva, acercar Europa a la ciudadanía.

Esta semana el Parlamento ha ratificado en Estrasburgo, por una amplia mayoría, estas reformas. Entre ellas figuran:

1. La mejora de la información que se facilita y la asistencia que se presta a los organizadores, en particular estableciendo puntos de contacto en los Estados miembros y creando una plataforma colaborativa en línea que proporcione asesoramiento práctico y jurídico.

2. La traducción de las iniciativas registradas y de sus anexos a todas las lenguas de la UE, el registro parcial de las iniciativas en los casos en que solo una parte o partes de ella cumplan los requisitos, con el fin de garantizar el registro del mayor número de iniciativas posibles y una mayor flexibilidad para que los organizadores elijan la fecha de inicio del plazo de doce meses para la recogida de firmas en los seis meses siguientes al registro de la iniciativa.

3. La posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas de la UE respalden una iniciativa independientemente del país en el que residan y la ampliación de la fase de examen y la organización de audiencias públicas más inclusivas para las iniciativas que prosperen. En concreto, el Parlamento ha modificado su Reglamento interno para acoger en su seno un debate sobre una iniciativa ciudadana publicada en el registro correspondiente durante un período parcial de sesiones posterior a la audiencia pública.

4. La creación de un sistema en línea para la recogida de firmas, al que se podrá acceder de forma gratuita a más tardar el 1 de enero de 2020 y la eliminación progresiva de los sistemas individuales de recogida a partir de 2022 para garantizar una mejor protección de los datos personales.

5. Luz verde para que los Estados miembros de la Unión puedan fijar la edad mínima de los firmantes en dieciséis años si lo desean.

A las puertas de las próximas elecciones europeas del 26 de mayo, que como se sabe, serán elecciones decisivas para el proyecto político europeo por el ascenso de los nacionalismos y los populismos en toda la Unión, estas reformas contribuirán sin duda a que haya más iniciativas y mejor participación ciudadana y, por ende, a fortalecer la legitimidad democrática de la Unión y reforzar la percepción de los ciudadanos de los efectos positivos que conlleva la pertenencia de sus países a la Unión.