Crece la población penitenciaria en las cárceles vascas y se ha rechazado el traslado de 222 presos, ocho de ETA

En las cárceles vascas, gestionadas desde hace un año por el Gobierno autonómico, no caben tantos presos como los que han solicitado su estancia. Falta personal en la gran instalación de Zaballa (Álava) para abrir todos los módulos y los establecimientos de Basauri y Martutene (de Bizkaia y Gipuzkoa, respectivamente) son antiguos y pequeños. ¿El resultado? Euskadi incluso ha rechazado el acercamiento de ocho presos de ETA -y de otros 200 reos- por no tener suficientemente acreditado el arraigo para no presionar más el sistema, según los datos aportados este miércoles en el Parlamento Vasco por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, de quien cuelga la responsabilidad de Prisiones. Implícitamente, era una respuesta a las críticas llegadas particularmente de la derecha, que había interpretado la transferencia de esta competencia como una medida diseñada para dar mayores facilidades a los condenados por terrorismo, hasta el punto de que el PP ha considerado que las cárceles vascas habían pasado a ser “resorts”.

“La población penitenciaria ha pasado de 1.290 en enero de 2021 a las actuales 1.562 personas. Este incremento se debe sobre todo a dos razones. La primera, que ingresa un número mayor de personas de las que son excarceladas. En el último año ingresaron 875 y fueron excarceladas 748. Antes se resolvían estas situaciones difíciles distribuyendo a buena parte de la población reclusa en otras comunidades autónomas. Desde el traspaso, la práctica totalidad de quienes ingresan aquí se quedan aquí. La segunda, que el flujo de traslados entre Euskadi y el Estado es menor que del Estado hacia nuestros centros penitenciarios. En el último año fueron trasladadas a Euskadi 178 personas (81 de ellas condenadas por terrorismo) y 120 fueron trasladadas de Euskadi al exterior”, ha informado en la Cámara Artolazabal.

El diagnóstico de Artolazabal es que, “en Bizkaia, el territorio más poblado”, hay “un centro pequeño y antiguo sin ninguna renovación”, que “en Gipuzkoa hay un centro aún más viejo que será sustituido por otro en 2024” y que el complejo alavés es “un centro moderno pero sin redimensionar” porque mantuvo “la plantilla de Nanclares” de la Oca cuando se produjo el traslado. “Y nos encontramos también sin centros de inserción social”, ha apostillado. “Ya antes del traspaso los centros penitenciarios vasco resultaban deficitarios para asumir potencialmente a todas las personas con origen o arraigo en Euskadi. Entonces se optaba por la redistribución a otros centros penitenciarios de fuera de Euskadi”, ha explicado.

Ha matizado que “este incremento de la población penitenciaria no ha impactado negativamente en las condiciones de vida o en las posibilidades de tratamiento de las personas internas”. “Pero sí limita -ha señalado- la posibilidad de asumir todos los traslados de personas penadas que solicitan cumplir la pena en Euskadi. Ello nos obliga a priorizar en función de diversos criterios: el arraigo enfocado a las posibilidades de reinserción en el entorno; las posibilidades tratamentales; si se refiere a preventivos o penados; etc.  En ocasiones hay que valorar también el desarraigo inducido por largos años de condena, lejos del entorno familiar y social donde sí pueden tenerse posibilidades de reinsertarse. Este hándicap podrá corregirse con el adecuado dimensionamiento de la plantilla y con el aumento de capacidad que va a suponer el futuro nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa en Zubieta”. Ha explicado que se han hecho y se harán reformas incluso en Martutene para resolver las cuestiones más urgentes aunque se prevea su cierre en 2024, como la ausencia de una unidad de madres.

Y ha añadido a la oposición: “Me adelanto a sus previsibles preguntas para confirmarles que también la no aceptación de traslados a nuestras cárceles ha afectado a internos condenados por su vinculación a organización terrorista. En concreto no han sido aceptadas ocho de estas solicitudes formuladas desde la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias”. Artolazabal ha destacado, en todo caso, la buena colaboración con el Ministerio del Interior. Son 222 los rechazos totales. En general, ha habido 791 movimientos: 178 a Euskadi, 120 que se han marchado de Euskadi y 493 entre Zaballa, Basauri y Martutene.

Fuentes de Prisiones indican que Euskadi no está en “máximos” y que hay margen, principalmente porque en Zaballa los reos viven de uno en uno en las celdas y hay posibilidad de duplicar esa capacidad si fuera preciso. “Sitio hay sin ningún problema para contingencias en los tres centros penitenciarios, no hay sobreocupación”, desean precisar estas fuentes.

Ha apuntado Artolazabal que la transferencia de Prisiones va mucho más allá de los presos de ETA. “A veces sólo se pone el foco en un pequeño porcentaje de la población asistida, las personas penadas por actividades terroristas. Todas las personas penadas merecen el mismo trato y la misma dignidad. No existe trato de favor, ni de desfavor, en ningún caso: ni para los traslados, ni para el tratamiento, ni para las progresiones. Lo que sí existe es un trabajo riguroso de los equipos técnicos en la valoración individualizada de cada persona y en la motivación de sus propuestas. Eventuales impugnaciones o revocaciones no desautorizan ese trabajo. Sobre todo, porque nos consta la valoración positiva de nuestro trabajo por parte de la Fiscalía y los tribunales”, ha explicado en relación a algunas resoluciones de la Audiencia Nacional que han tumbado propuestas de las Prisiones vascas para progresar de grado a presos de ETA, algunas de ellas muy recientes. En el año largo en que Euskadi lleva gestionando Prisiones “se ha podido progresar a tercer grado penitenciario a más de 500 personas”, cerca del 40% fijado como objetivo. El 95% de estas progresiones no corresponde a terroristas.