La Ertzaintza promete 1.387 cámaras de grabación en las patrullas para evitar abusos en las detenciones

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha anunciado este viernes en el Parlamento Vasco que 922 patrullas de la Ertzaintza de los “principales núcleos urbanos”, lo que incluye a Vitoria, Bilbao y Donostia, 300 efectivos de la Brigada Móvil (antidisturbios) y 100 unidades de Tráfico recibirán desde 2023 cámaras de grabación en vídeo que se sujetarán al uniforme y cuyas imágenes serán almacenadas “con todo el rigor”. Es la respuesta más inmediata del Departamento de Seguridad a las conclusiones de un informe de la nueva comisión de control policial adelantado por este periódico y que planteó esta medida como una recomendación para evitar casos como las patadas y golpes que recibieron en Bilbao dos jóvenes detenidos.

Erkoreka ha preferido acudir a la Cámara con un anuncio -en realidad el desarrollo de un plan piloto probado precisamente en Bilbao y que costará 3 millones de euros- ante las quejas compartidas por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que han coincidido en señalar en sendas interpelaciones en la sesión de control al Gobierno la gravedad de los hechos descritos en el documento de un organismo dirigido por expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, en el que también se señala a la cúpula de la Ertzaintza por no haber investigado internamente lo sucedido. El vicelehendakari ha afeado a Julen Arzuaga e Íñigo Martínez, portavoces de la oposición, que hayan omitido que el caso “está judicialmente resuelto”, esto es, que la vía penal ha quedado ya cerrada para los agentes implicados. Ha llegado a afirmar que no se puede hablar con “ligereza” de que haya habido agresiones.

El caso surgió por un vídeo en el que se aprecia la paliza -así lo constata la comisión de control y antes lo hizo el juez que investigaba a los detenidos por atentado contra los agentes, que pidió a una colega que revisara el propio arresto- pero Erkoreka ha enfatizado que la Cámara no puede hacer consideraciones sobre una grabación a la que no han tenido acceso y que sí ha sido revisada por la magistrada al cargo del sumario, que no ha visto ningún delito. Es la juez de Bilbao Ana Torres, la misma que dirigió la causa por el fallecimiento en una carga con pelotas de goma del aficionado del Athletic Club de Bilbao Íñigo Cabacas. “Se olvidan −probablemente de manera deliberada− de lo que dice el auto que es definitivo a este respecto y que define unos hechos que son los que vinculan a la Administración. Bien, lo han pasado por alto, pero yo no lo puedo pasar por alto”, ha recalcado Erkoreka sobre una resolución que ha implicado también que Asuntos Internos haya cerrado su expediente sin consecuencia disciplinaria alguna.

En sus explicaciones, Erkoreka ha querido recalcar también que el caso fue enviado a la comisión de control por parte de la propia Ertzaintza y que fue él el consejero que constituyó este organismo nuevo que supervisa los operativos policiales. Ha ironizado también que dos fuerzas políticas que no secundaron la reforma de la Ley de Policía de la pasada legislatura que incorporaba la creación de esta comisión sean las que se agarren a su primer dictamen para atacar al Gobierno. Este caso, ha concluido el titular de Seguridad, no puede convertirse en “una suerte de causa general contra la Ertzaintza o ya por el mismo precio contra el Gobierno vasco, el Estatuto de Gernika, el régimen de 1978 o incluso el sistema capitalista”.

Erkoreka, en todo caso, ha enfatizado que no solamente acatará la recomendación de incrementar el uso de cámaras para grabar las detenciones. Ha prometido también que se mejorarán los “aspectos formativos” de los policías, esto es, que se “reforzará” en la academia de Arkaute el conocimiento del “código deontológico”, de la “gestión de conflictos” o del “autocontrol”. Ha prometido también revisar los protocolos de realización de las detenciones.

En cuanto a las cámaras, Seguridad indica que su despliegue será “paulatino” y que en las comisarías habrá que hacer ajustes para la “descarga automatizada” de lo grabado y la carga de las baterías. El plan es que haya 106 cámaras en Vitoria, 100 en Bilbao, 88 en Donostia, 36 en Irún y entre 20 y 50 en el resto de demarcaciones. Avisa el Gobierno que estos aparatos tienen que respetar también la normativa sobre videovigilancia y protección de datos.

La oposición recuerda otros casos

Desde la bancada de EH Bildu, Arzuaga ha sido muy contundente con este caso y ha asegurado que no es el único de similares características. “Se emplea la famosa técnica de la denuncia cruzada. Es decir, la Ertzaintza presenta una denuncia contra estos jóvenes, porque saben que tienen más motivos para denunciar a la propia Ertzaintza. Es decir, los que son víctima se muestran como agresores y los que son agresores quieren aparecer como víctima. Y ésta es una práctica que es habitual y que siempre, además, aparece luego favorable al agente por la presunción de la veracidad de la autoridad que hará el resto en este relato”, ha afirmado. También ha asegurado que queda desmontada la tesis de que Asuntos Internos no puede actuar mientras el expediente esté en los tribunales. “Esto es demoledor, señor Erkoreka. Lo que se está diciendo es no solamente que se puede investigar internamente estos hechos sino que se debe investigar internamente. Pero no se quiere”, ha apostillado el portavoz abertzale en asuntos policiales, que ha admitido que era “escéptico” inicialmente por el papel que iba a tener un órgano de control surgido del propio Departamento de Seguridad pero al que ahora aplaude por su trabajo. Ha pedido también a Erkoreka que “condene” expresamente esta actuación policial.

Martínez ha visto, por su parte, algunas iniciativas “positivas” en las medidas planteadas por Seguridad como consecuencia de este caso, aunque cree que ha respondido de modo “insuficiente”. “El informe es suficientemente contundente como para que el Departamento se lo tome con muchísima más fuerza para poder realizar cambios profundos en el cuerpo. Nunca vamos a hacer una causa general, pero estamos hablando de mala praxis policial. Repite: mala praxis policial. Tenemos que detectar lo que funciona mal para proteger los derechos de la ciudadanía”, ha señalado. Y ha añadido también: “En este Parlamento no es el primer caso de estas características que tratamos. En esta Cámara hemos escuchado, en la misma zona [de Bilbao en que se produjeron estos hechos], múltiples denuncias ciudadanas y de SOS Racismo, por ejemplo, sobre este tipo de este tipo de actuaciones policiales”.