El trabajo que Europa no hace: las familias vascas acogerán a personas refugiadas

Ante la inactividad de Europa con la crisis humanitaria, la ciudadanía pone sus recursos. Gracias a las familias vascas que abrirán sus puertas y ofrecerán sus casas, más personas refugiadas podrán venir a Euskadi a partir del año que viene. Se trata de un proyecto piloto impulsado por un convenio entre el Gobierno central, ACNUR, Cáritas de Euskadi y la Plataforma de Jesuitas del País Vasco, que traerá a unas cinco familias con protección internacional.

Las familias refugiadas vendrán de Jordania y Turquía en el marco de los acuerdos de reasentamiento -personas refugiadas en países fuera de Europa-. Esta forma de acogida que hará pionera a Euskadi en el continente es un modelo denominado 'Patrocinio Comunitario', a través del cual grupos de ciudadanos podrán implicarse directamente en la acogida de estas familias.

Las personas que participen no solo ofrecerán sus casas, sino también “apoyo económico, emocional y social durante un periodo establecido, normalmente de un año o año y medio” según han afirmado desde el Ejecutivo vasco este jueves en la presentación del proyecto. Ayudarán a las familias refugiadas con su formación u orientación laboral.

El modelo ya funciona en Canadá y Reino Unido, experiencias que el Gobierno vasco quiso conocer y en las que se ha inspirado. El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, y la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando, han presentado el resultado que echará a andar Euskadi en la sede del Gobierno vasco en San Sebastián.

Hernando ha relatado que Canadá lo lleva haciendo desde la década de 1970 con “excelentes resultados” y que permite “complementar los programas estatales de reasentamiento e incrementar el número de personas refugiadas, mediante la implicación de la sociedad civil, ONG u otros grupos de interés”. Fernández ha explicado que, en Canadá, “cualquier grupo de personas”, trabajadores, vecinos o miembros de una asociación, podrían ponerse en contacto con el Gobierno para acoger y acompañar a personas refugiadas.

Ciudadanía contra un sistema colapsado

Estas familias refugiadas llegarían a Euskadi en el marco de los programas de reasentamiento internacional; acuerdos que se incumplen sistemáticamente. Hasta noviembre de 2017 vinieron 693 personas en el marco de esos acuerdos, de las 1.449 que tenían que haber recalado aquí cuando se acordaron los cupos.

En cuanto a los acuerdos de reubicación -personas refugiadas que llegan desde otros países de Europa- las cifras son aún más bajas: 13 %. Es el porcentaje de personas que España reubicó en su territorio a fecha de noviembre del pasado año. 1.301 de las 9.323 que se comprometió a acoger.

Cuando llegan a Europa, miles de personas quedan atrapadas en campos de refugiados. No pueden volver; tampoco salir de allí. Hacinadas, en tiendas de plástico o contenedores de barco, las familias viven en ellos incluso años. El campo de refugiados -“campo de concentración” o “infierno”, según una enfermera vitoriana que contó su experiencia a este periódico- con peores condiciones de Europa está en la isla griega de Lesbos y se llama Moria. Cuando no llegan a Europa, estas personas mueren en el mar; el Mediterráneo se llevó a 3.139 el año pasado.

Aunque el sistema esté colapsado, algunas familias llegan. Llegan y participan en un programa de integración que se divide en diferentes fases. En la segunda, que consiste en la búsqueda autónoma de alojamiento, llegan los problemas. Lo advertía la directora de CEAR-Euskadi, Patricia Bárcena, a este periódico en mayo: “Hay un problema de racismo en nuestra comunidad, en general en toda España. Cuando se oye a una persona extranjera al otro lado del teléfono se tienen unas precauciones que no se tienen cuando el acento es autóctono”.

Con la crisis humanitaria y la irresponsabilidad de Europa, la ciudadanía se rebeló y pidió responsabilidad a sus políticos. Por ello se tomaron los acuerdos internacionales. Ahora que Europa sigue sin cumplir su palabra e incluso quiere devolver refugiados a puertos no seguros, será la ciudadanía la que actúe y dé cobijo y acompañamiento a estas personas.

De hecho, su papel no será únicamente el de acogida. La Administración requerirá a las personas o colectivos interesados que “demuestren su solvencia” para poder hacerse cargo del coste de un piso durante un año, la manutención y otras necesidades para una familia, una pareja o una persona refugiada.

“Ese grupo puede poner el dinero a escote o hacer una petición de donaciones en su municipio, etc” ha afirmado Fernández. Además, ha señalado que el grupo también ofrecerá a esas personas refugiadas formación, acompañamiento en la búsqueda de empleo, en el aprendizaje del idioma y demás, “durante un año o año y medio siempre supervisado por el Estado”.

Euskadi en la crisis humanitaria

Euskadi lleva años siendo agente activo con las personas refugiadas. Aunque no tiene competencia en la decisión sobre las políticas de asilo ni los compromisos, sí sobre las actuaciones una vez las personas refugiadas están en territorio vasco. En este sentido ha propuesto programas y acciones que impulsen la acogida e integración de estas personas, como el Sistema de Refuerzo Complementario Auzolana.

El Gobierno vasco presentó, además, una propuesta al Ejecutivo español que consistía en la apertura en Euskadi de un corredor humanitario como experiencia piloto. Estos tienen el objetivo de facilitar el acceso a Europa de las personas que buscan protección, evitando los peligros del mar y los traficantes de personas a través de visados humanitarios. Una delegación del Gobierno vasco visitó en Roma la primera experiencia europea de este tipo de la mano de la Comunidad religiosa de San Egidio.

El Gobierno vasco propuso una experiencia piloto de este tipo en Euskadi que, sin embargo, el Gobierno de España no aceptó. “Decíamos que si decidían impulsar esta propuesta, desde luego, en Euskadi estábamos dispuestos a colaborar y participar. Por el momento no se ve y no está previsto”, lamentaba Monika Hernando.

Sin embargo, quien sí tuvo éxito fue la propuesta Auzolana. Tal y como Hernando aseguró a este periódico en mayo, el programa implicaba a las bases: “Lo que proponemos y trabajamos con Auzolana, que se está pilotando en siete municipios, es que el sistema se trabaje de abajo arriba, que desde el primer momento haya una implicación del ámbito local”.

Como relataba Bárcena, el programa se consistía en mejorar los programas de acogida: “Implica una manera de trabajar diferente, porque no solo las organizaciones que lideramos la acogida tenemos todo el peso, sino que tenemos un apoyo mucho mayor y un compromiso muy firme tanto del Ayuntamiento como de las plataformas ciudadanas que en su día se manifestaron y dijeron que querían acoger”. Para la directora de CEAR, “este trabajo es mucho más colectivo compartido, y eso favorece que las personas formen parte del municipio”.

El ámbito local ha terminado implicándose por completo, siendo las familias vascas las que abrirán sus casas a familias de refugiados. El proyecto piloto comenzará el primer semestre de 2019, y tratará de hacer frente a una Europa ciega, colapsada e irresponsable con sus compromisos y deberes hacia las personas que necesitan de su protección.