La falta de datos de las Haciendas forales deja coja la aplicación de las zonas tensionadas en Euskadi

Errenteria es desde este jueves el primer municipio vasco en declararse zona tensionada, lo que supone que podrá topar los precios del alquiler durante los próximos tres años. La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de esta medida, largamente esperada porque presentó la solicitud en enero del año pasado, nace, sin embargo, coja. No se conoce todavía el Índice de Precios de Referencia imprescindible para aplicar el tope de alquiler a los grandes tenedores. O a los pisos que no han estado alquilados los cinco años anteriores. Es el Ministerio de Vivienda el que debe elaborar ese índice, pero en el caso de Gipuzkoa, como también de Álava y de Bizkaia, necesita los datos que le proporcionen las Haciendas forales, que no acaban de transmitir la información aduciendo una complejidad técnica que retrasa la aplicación completa de esta normativa.

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana que dirige Denis Itxaso, socialista, ha pedido a las instituciones implicadas, del PNV, celeridad para poder elaborar este índice. “Nos urge poder contar con el índice de precios de referencia para Gipuzkoa y Bizkaia, pues pronto vendrán más municipios”, ha señalado el consejero, ya que a Errenteria se unirá en breve otros municipios de estos dos territorios, incluida Donostia. Sin embargo, ni desde las diputaciones ni desde el Eustat, que es el organismo que recogerá los datos de las Haciendas y los trabajará para después pasarlos al Ministerio, se atreven a poner plazos para la elaboración de índice.

De hecho, de momento es la Hacienda de Gipuzkoa la única que ha empezado a intercambiar datos con el Eustat. Fuentes del Departamento de Hacienda Gipuzkoa han señalado que “la petición formal por parte del ministerio llegó a finales de año”, en el mes de noviembre. La primera queja de las Diputaciones en septiembre, cuando desde el departamento de Vivienda se les reclamó que remitieran esos datos, fue que no habían recibido una petición formal de los datos que se requerían. Una vez recibida esa petición, aseguran desde Gipuzkoa que “desde entonces se está trabajando de manera conjunta con Eustat en la recopilación de la información solicitada”. “Es un trabajo de cierta complejidad y requiere de cierto tiempo, pero tanto los técnicos de la Diputación como el propio Eustat están trabajando para facilitar esta información al Ministerio en cuanto sea posible”, han señalado. De hecho, la propia diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha defendido en la Cadena Ser que la institución foral “ha hecho ya sus deberes”. “Se han aportado los primeros datos. Seguiremos con ese trabajo”, ha apuntado en una entrevista.

Desde la Hacienda alavesa han recordado que los datos que se piden “no aparecen en las declaraciones” como tal, sino que hay que “elaborarlos 'ad hoc' y por eso es un proceso que tiene complejidad”. En cualquier caso, han recalcado que se trabaja de forma conjunta con el Ministerio y con el Eustat desde finales de año -cuando les llegó la petición- para llevar a cabo esa recopilación de datos.

Los mismos argumentos se han traslado desde Bizkaia. La diputada de Hacienda, Itsaso Berrojalbiz, ha señalado que trabajan “en perfecta coordinación” para remitir al Ministerio de Vivienda la información necesaria, pero no ha querido “manejar” ninguna fecha. “Ya estamos coordinados con ellos y tenemos que trabajar ahora nosotros internamente para poder obtener la información necesaria”. Respecto a la dificultades para dar una fecha en la que puedan estar los datos, ha señalado que “primero tenemos que obtener de la Renta 24 la información necesaria, luego trabajar con Catastro y con eso, y junto con la información que ya dispone el Eustat, poder elaborar la información”, ha enumerado. En todo caso, ha asegurado que no se va a “ir a los plazos de Navarra y la Agencia Tributaria, que han tardado cinco años en dar la información”. “El Ministerio de Vivienda empezó a trabajar en 2019 con Navarra y con la Agencia Tributaria. Ellos han empezado con nosotros en el último trimestre de 2024, obviamente hay mucho trabajo que han adelantado y han avanzado ellos y, por tanto, no están en la misma posición que en 2019, pero también necesitamos nosotros nuestros procesos, nuestros desarrollos informáticos”, ha señalado. En todo caso, ha subrayado que la Diputación “obviamente tiene la voluntad, como así bien conoce el Ministerio de Vivienda, de trabajar para colaborar entre las dos administraciones”.

La alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, de EH Bildu, que gobierna en coalición con Elkarrekin Podemos, ha lamentado que la declaración de zona tensionada “llegue mermada” y ha considerado “incomprensible” que “con un tema tan urgente para la ciudadanía, no puedan activarse todas las herramientas que la ley permite porque las instituciones supramunicipales no han sido capaces de hacer su trabajo”. La alcaldesa, mediante un comunicado y un vídeo en las redes sociales ha culpado directamente al Ministerio de Vivienda de esta situación, sin hacer ninguna referencia a las Diputaciones, que son las que deben transmitir los datos.

¿Qué puede hacer Errenteria a partir de ahora?

La ausencia del Índice de Precios de Referencia para el alquiler deja en 'stand-by' parte de la normativa que puede aplicarse como zona tensionada. La ley recoge que el caso de los grandes tenedores, los que son titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial en el municipio, los precios topados que se fijen del alquiler estarán vinculados al Índice de Precios de Referencia fijados para esta zona. Esto no podrá hacerse, de momento. Las viviendas que llevan más de cinco años sin alquilar o se alquilan por primera vez, también tiene su tope de alquiler de salida vinculado a este índice. De momento, ese precio seguirá siendo decisión del propietario hasta que el índice esté fijado.

Lo que sí puede aplicar el municipio de forma inmediata y durante los tres próximos años es el tope de subida anual de los alquileres en función de índice de revalorización de alquileres, que ahora está en el 2,8%. No podrá subirse los alquileres por encima de ese tope. También se posibilita la posibilidad de prórroga durante tres años del contrato en las mismas condiciones que el anterior cuando finalice después de cinco años. Además, en los nuevos contratos se limitará el precio del alquiler que no podrá superar la renta del último contrato. Es decir, no podrá subirse el precio de la mensualidad aprovechado el cambio de inquilino. La excepción que marca la legislación permite incrementar los contratos en un 10% en alquileres de más de 10 años o para mejoras relacionadas con la rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad de la vivienda.