El Parlamento Vasco da facilidades económicas a las cooperativas afectadas por la DANA de Valencia

En menos de 25 minutos y con grandes consensos, el Parlamento Vasco ha aprobado dos leyes, la segunda y la tercera del mandato de Imanol Pradales después de la inyección de 67 millones de euros a las patronales de la escuela concertada y antes del primer gran examen del nuevo Gobierno, los presupuestos de 2025. La Cámara, a gran velocidad, ha dado el visto a un texto de trámite para disolver el colegio de agentes y comisionistas de aduanas de Bilbao, creado en 1922, y también ha modificado la normativa de cooperativas para atender las necesidades económicas especiales de algunas de ellos con subsedes en Valencia y afectadas por la DANA, un texto adelantado por este periódico.

En el primer caso, se trataba de una iniciativa solicitada por el propio colegio hace más de tres años y que el Ejecutivo anterior, de Iñigo Urkullu, no había terminado de tramitar. De hecho, la Oficina de Control Económico se negó a emitir su preceptivo informe en el período electoral y aseguró que había que esperar ya a la nueva legislatura para completar el procedimiento, según consta en el expediente. Finalmente, el equipo de la consejera María Ubarretxena ha presentado la iniciativa y se ha resuelto por el procedimiento de urgencia, como ha detallado ella misma. No ha habido votos en contra y los partidos que han intervenido han formulado discursos breves y coincidentes al indicar que este tipo de disoluciones hay que hacerlas por ley y con todos los formalismos.

En el segundo caso, de mayor calado político, se buscaba modificar un artículo de la normativa autonómica de cooperativas para dar facilidades a aquéllas que se han podido ver afectadas por las inundaciones en Valencia. Es el caso de Koopera, por ejemplo, con una segunda sede en Ribarroja del Turia que sufrió cuantiosos daños. Siguiendo el modelo de las excepciones aplicadas en decretos estatales por los efectos de la COVID-19, se permitirá que en casos de emergencia estas empresas no destinen el 10% de sus beneficios a un fondo obligatorio llamado COFIP, contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público. El dinero, de ese modo, puede ir a parar a actuaciones excepcionales. El Consejo Superior de Cooperativas “verificará” estos movimientos y el ajuste permitirá hacer estas salvedades también cuando haya otras catástrofes debidamente justificadas.

También en este caso se ha hecho una tramitación urgente, de lectura única. De hecho, para correr aún más y evitar todos los informes administrativos, se ha gestionado como proposición de los partidos y no como proyecto del Gobierno, aunque ha sido liderado por la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, que justo ha llegado al Parlamento cuando ya se había votado el texto. La modificación ha tenido el aval de quienes la firmaban en origen, PNV y PSE-EE, socios del Ejecutivo, y EH Bildu y Sumar, pero también del PP, que no suele rubricar textos compartidos con la coalición abertzale por motivos políticos. Vox, finalmente, ha votado en contra, aunque ni siquiera ha explicado por qué.

Desde la bancada del PNV, Markel Aranburu ha puesto este tipo de acuerdos como ejemplo del buen parlamentarismo y de la utilidad de la política y ha aprovechado para poner en valor el modelo cooperativo. A su juicio, es más valorado fuera que dentro de Euskadi y ha apelado a mostrar sus bondades a la juventud. Ekain Rico, del PSE-EE, ha destacado los amplios consensos que generan las cooperativas y defendido este ajuste concreto para “dotar de liquidez” a posibles compañías afectadas por lo ocurrido en Valencia.

EH Bildu ha querido enfatizar la “oleada de solidaridad” que genera aquí la catástrofe de octubre y ha señalado que esta nueva redacción de la ley permite también habilitar facilidades en caso de que “en el futuro” haya nuevas catástrofes. Sumar no ha tomado la palabra y el PP ha explicado que amagó con presentar unas enmiendas para mejorar la técnica legislativa pero que ha optado por retirarlas porque algunos ajustes ya se han metido en la redacción final y porque debatirlas podría retrasar la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, según Santiago López Céspedes.