Voces representativas de las víctimas de ETA respaldan el “derecho a la reparación” de las víctimas policiales

“Si yo soy una víctima de una vulneración de derechos humanos, cómo no voy a empatizar con otra víctima”. La pregunta la formula Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde de Donostia asesinado por ETA en 1995, ante la celebración este sábado de un homenaje a 35 víctimas de la violencia policial. Ordóñez añade: “Tienen el mismo derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, una idea con la que coinciden Gorka Landaburu e Iñaki García Arrizabalaga, también víctimas del terrorismo.

Tras presentarse esta semana en el Parlamento el primer informe sobre víctimas de violencia policial con el testimonio de 35 casos, el Gobierno vasco celebrará este sábado en Bilbao un homenaje en reconocimiento a estas personas. La idea es que cada año se haga un acto similar mientras se analizan y resuelven los 1.017 expedientes recibidos hasta la fecha.

Las tres víctimas del terrorismo subrayan la importancia del derecho a la verdad, de que sepa lo que sucedió. De hecho, Ordóñez mantiene una relación muy estrecha con una de las hermanas de Mikel Zabalza, detenido por supuesta colaboración con ETA en 1985 –no tenía nada que ver con la banda terrorista–, torturado en el cuartel de Intxaurrondo y hallado muerto en el río Bidasoa días después. La versión oficial siempre mantuvo que murió ahogado al intentar huir esposado de los agentes que le custodiaban para la identificación de un zulo, sin embargo, sus allegados siempre sostuvieron que murió a causa de las torturas que sufrió. Precisamente, el pasado febrero salió a la luz el audio de una conversación en la que el excoronel del CESID Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto dejaban entrever que Zabalza murió por las agresiones de las que fue víctima.

Este es un caso, explica la propia Ordóñez, por el que siente especial “empatía” y sobre el que desea que algún día la familia del joven navarro pueda saber “toda la verdad”. Y aunque Zabalza no va a ser una de las víctimas a las que se le va a rendir homenaje –la comisión de valoración sigue a la espera de recibir más documentación para empezar a elaborar el informe correspondiente–, sí se recordará a las tres personas que fueron detenidas junto a él: Idoia Ayerbe, entonces pareja del joven, Manuel Vizcay, su primo, y Jon Arreche. Todos denunciaron haber sufrido torturas.

“Es un acto necesario que no debe molestar a ninguna víctima [de ETA] porque no va contra ellas”, sostiene García Arrizabalaga, cuyo padre, Juan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica en Gipuzkoa, fue asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en 1980. Este profesor de universidad además ensalza el hecho de que el Gobierno vasco haya propuesto un homenaje diferenciado para el reconocimiento de estas víctimas y no lo haya unido con los homenajes a las del terrorismo.

“Me parece que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo”, ahonda Landaburu, quien en 2001 recibió un paquete bomba que le provocó importantes heridas. El periodista sostiene que es una cuestión de “higiene democrática” intentar aclarar todos los casos de violencia, ya fuesen protagonizados por fuerzas o grupos “parapoliciales, policiales, de extrema derecha, de ETA o el GAL”. “Hay que decir las cosas de una santa vez. Aquí se ha torturado y se ha torturado más de lo que creíamos mucha gente”, defiende para añadir que el intentar buscar la verdad no debe tomarse como un acto de “venganza”.

“No se pueden equiparar las dos violencias. Pero aquí hay gente que sólo habla de ETA y otros que sólo hablan de torturas. Hay que hablar de todo, de todas las violencias. Si exigimos que se esclarezcan los crímenes de ETA que están sin resolver, también hay que exigir que haya justicia, reparación y verdad para otros”, remarca Landaburu.

En términos similares se expresa García Arrizabalaga: “Creo que estos actos engrandecen la democracia. No se puede aceptar sólo lo que te gusta y mirar para otro lado con lo incómodo”. “Estas víctimas tienen derecho a saber la verdad, qué pasó, quién lo permitió, quién lo cometió... Son cosas que por dignidad democrática tienen que salir a la luz”, zanja.