La paradoja de Guardiola: permite tramitar la ley de Vox para recortar ayudas a los sindicatos, pero dice que es inconstitucional

El consejo de gobierno de la Junta de Extremadura ha dado su conformidad a la tramitación de la modificación de la ley 3/2003, de 13 de marzo, sobre participacion institucional de los agentes sociales mas representativos, formulada por Vox, que pretende recortar ayudas y cambiar la representatividad, aunque no está de acuerdo con el contenido.

Al término de la reunión, la portavoz del Ejecutivo regional, Victoria Bazaga, ha advertido de que la norma tiene “a todas luces visos de inconstitucionalidad”, ya que la mayor representatividad de los sindicatos está regulado por una ley orgánica y las comunidades autónomas no pueden cambiar los porcentajes, lo que alteraría la composición que se deriva de ellos.

Bazaga ha criticado que la Mesa de la Asamblea de Extremadura no haya impedido su tramitación cuando afecta a la Constitución de forma “tan evidente”, pero la Junta ha dado su conformidad al no suponer aumento de gastos ni disminución de ingresos del ejercicio presupuestario en curso.

Vox pretende con esta modificación ampliar la representación a más organizaciones, que los gastos derivados de la misma sean asumidos por las propias entidades y eliminar las subvenciones nominativas que reciben. Según informó el portavoz del grupo, Óscar Fernández, la reforma busca ampliar la representación para que más sindicatos puedan participar del diálogo social y “no solo como hasta ahora los sindicatos de clase que son cada vez más minoritarios”.

En este sentido, la formación propone como sindicatos mayoritarios aquellos que en Extremadura hayan obtenido un 3% o más del total de delegados o miembros del comité de empresa; y organizaciones empresariales a aquellas que agrupen el 5% o más de las empresas de la región; así como las asociaciones que agrupen el 5% o más de los trabajadores autónomos.

Vox plantea también modificar el artículo 6 de la ley en el sentido de que los gastos que concurran las organizaciones sindicales o empresariales derivados de esta participación serán “asumidos por las propias entidades”, y que la participación de sus representantes en los diferentes órganos institucionales sería “absolutamente gratuita” y “no tendría ninguna remuneración o compensación de gasto de ningún tipo”.

La eliminación de la subvención nominativa que perciben es otro de los puntos que recoge esta propuesta de ley.

El consejo de Gobierno de la Junta ya de Extremadura ya permitió la semana pasada que la Asamblea tramitara la derogación de la ley LGTBI, aunque, en este caso, el Gobierno autonómico también aseguró que su posición en contra.