La CIG asegura que la sentencia del Superior afectará a proyectos eólicos, de minas o a la macrocelulosa de Altri

“Es una enmienda a la totalidad a la carrera de depredación de nuestro país iniciada por Feijóo con procedimientos antidemocráticos y autoritarios”. Así resumió este jueves Paulo Carril, secretario general de la CIG, la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula parcialmente el decreto de la Xunta que privatiza los trámites de evaluación ambiental. Según el sindicato nacionalista, mayoritario en la comunidad y cuyo servicio jurídico presentó el recurso judicial hace menos de dos años, el dictamen afectará a decenas de proyectos eólicos, de minas o al de la macrocelulosa de Altri.

Los magistrados de sala tercera del Contencioso-Administrativo entendieron que las entidades de colaboración ambiental en las que el Gobierno gallego delegaba el control ambiental tiene “carácter estructural”, no coyuntural, y carecía de mecanismos de control de funcionarios públicos. Además, “externaliza toda la tramitación de la evaluación ambiental y la pone en manos de la empresa privada”. La norma la planteó Alberto Núñez Feijóo y la culminó Alfonso Rueda. El Diario Oficial de Galicia la publicó el 3 de julio de 2023. La CIG la recurrió y el Partido socialista advirtió de su carácter privatizador. “Era un diseño del Partido Popular para favorecer los grandes intereses empresariales y el expolio de nuestro país”, sostuvo Carril, “para ir al mercado y comprar informes ambientales y anular así el trabajo de los funcionarios”.

La central sindical entiende que la sentencia, recurrible en casación ante el Supremo, incidirá en decenas de conflictos abiertos por la política ambiental de la Xunta. “Entre ellos y en primer lugar, Altri”, dijo su secretario general. La CIG hizo un llamamiento a que entidades ambientalistas, asociaciones de todo tipo -vecinales, comunidades de montes, productoras agropecuarias- pidan por vía administrativa la suspensión y revisión de la tramitación de proyectos aprobados a partir de julio de 2023 y “extremadamente agresivos”. El sindicato, por su parte, pedirá a la Administración que repase “exhaustivamente” los procedimientos en marcha. Si en tres meses no obtiene respuesta, volverán a la Justicia.

Cuando la CIG anunció la interposición del recurso en 2023 había identificado por lo menos 35 parques eólicos tramitados en base al decreto ahora parcialmente anulado. A preguntas de los periodistas, Paulo Carril informó este jueves que en el caso de Altri por lo menos el informe sobre captación de aguas lo había elaborado una empresa privada -de esas que el Gobierno gallego registra como entidades de colaboración ambiental- para el organismo público Augas de Galicia.

Historia de un decreto

Carril, que compareció ante los medios de comunicación acompañado del responsable de organización de CIG-Autonómica Alexandre Prieto y del abogado Anxo García Torres, también se detuvo en el contexto e historia del decreto 102/2023 cuestionado por el Tribunal Superior. A su ver, las condiciones del mismo derivan de dos estrategias de los sucesivos gobiernos del PP, la llamada “simplificación administrativa” que en realidad “reduce la participación pública” en la tramitación de proyectos, y la “continuada privatización y externalización” de procesos, lo que además atenta contra el funcionariado público. Dos leyes, añadió, amparan la situación, la de fomento empresarial, aprobada en 2017, y la de simplificación administrativa, en 2021.

“El decreto”, adujo por su parte Prieto, “sustituye la imparcialidad de los empleados públicos por empresas privadas, que no están sujetas al interés común, sino al lucro”. La propia sentencia del alto tribunal gallego señala que los artículos impugnados del mismo resultan contrarios al Estatuto Básico del Empleado Público y al Régimen Jurídico del Sector Público.

La Xunta de Galicia tiene ahora 30 días hábiles para recurrir en casación el dictamen ante el Tribunal Supremo. La CIG cuenta con que lo hará. En ese caso, el sindicato solicitará la ejecución provisional de la sentencia con base en el riesgo de irreversibilidad asociado a muchos de los proyectos a los que, a su juicio, afecta.