El Tribunal Superior anula parte de un decreto de la Xunta de Galicia que privatiza el control ambiental

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado parte del decreto que regula las entidades de colaboración ambiental y que el Diario Oficial de Galicia publicó el 3 de julio de 2023. Lo hace su sección tercera de lo Contencioso-administrativo por entender que implica “una privatización parcial” de los controles ambientales. La misma norma, denunciada por la CIG y en su día criticada también por el Partido Socialista en términos similares a los que ahora recoge la sentencia, creaba el llamado registro de entidades de colaboración ambiental y el banco de personas expertas en evaluación ambiental.

“El carácter privado de las entidades de colaboración ambiental y la completa externalización, que se concibe con carácter estructural”, recogida en el artículo 27 del mencionado decreto, resulta contraria al Estatuto Básico del Empleado Público y al Régimen Jurídico del Sector Público. No existen, añaden los magistrados encargados de redactar el dictamen, “mecanismos de control realizados por funcionarios públicos sobre la actuación de estas empresas en el procedimiento en concreto”. Así, a la administración solo le quedan “simples ratificaciones, sin posibilidad de contraste”.

“El decreto externaliza toda la tramitación de la evaluación ambiental y la pone en manos de la empresa privada”, añade. Estas se encargan de analizar incluso los informes sectoriales preceptivos de los órganos administrativos o la necesidad de un segundo trámite de información pública. No existe además “ninguna reserva de control, supervisión o dirección” en las consellerías competentes. Los informes de las entidades de colaboración ambiental -empresas privadas- “no pueden ser contratados ni sometidos a crítica por el órgano que tiene formalmente la facultad de decidir”.

Para el alto tribunal gallego, “la colaboración que la Xunta demanda de las entidades de colaboración ambiental se convierte en una verdadera privatización de la tramitación de la evaluación ambiental, que implica inexcusablemente la traslación a una empresa privada de funciones que están reservadas a funcionarios públicos”. La sentencia dictada a raíz del recurso presentado por la CIG impugna los artículos 27, 28.1 inciso final y 29.5 del decreto.

Cuando la norma inició su trámite, bajo la presidencia del Alberto Núñez Feijóo, el diputado socialista Pablo Arangüena alertó de que la Xunta privatizaba el control ambiental de los proyectos. El decreto ahora parcialmente anulado lo publicó el Diario Oficial de Galicia ya con Alfonso Rueda en San Caetano.