Gestionando la (des)protección del mar Balear

Desde la Fundación Marilles siempre hemos apostado, y seguimos haciéndolo, por tener más y mejores espacios marinos protegidos. A lo largo de nuestra andadura en la conservación del mar Balear hemos intentado que se viera la necesidad de avanzar en ambas líneas -más y mejor-, sin plantearlo en términos de falsa dicotomía. Una falsa dicotomía que ahora es más peligrosa que nunca, dados los retrocesos que estamos viendo en materia ambiental a nivel internacional y que acaban permeando a nivel local. 

Desgraciadamente, el actual Govern de les Illes Balears ya desde sus inicios está enrocado en dicha falsa dicotomía. Así, este Govern parece que ha abandonado la necesidad de crear más espacios protegidos y parece querer centrarse únicamente en una mejor gestión. Y claro que hace falta una mejor gestión, pero, de momento, esa mejor gestión no sabemos dónde está. Mas allá del ciclo del agua, no hay compromisos presupuestarios ni calendarios respecto a objetivos claros con la conservación del mar.

Lo que sí sabemos es que la ley Ómnibus representa una desprotección del territorio balear y que esto podría trasladarse también al ámbito marino. Hemos visto estos días  una propuesta de reducción de superficie marina protegida, pasando de 30 a 20 km2, en la nueva Reserva Marina de Ponent. Una medida que, aunque incluye algunos aspectos positivos, se queda muy corta en ambición respecto a zona altamente protegida (solo 1km2 adicional). Hay que reconocer, eso sí, una obviedad: es mucho más fácil de gestionar mejor una menor superficie protegida.

También desde el Govern tienden a despreciarse objetivos como el de proteger el 30% del planeta antes de 2030. Por un lado, no sorprende: los números sirven para cuantificar la acción de gobierno y con lo poco que hay que cuantificar pensarán que mejor que no se hable de ello. Por otro lado, sí sorprende, ya que estos objetivos también hablan precisamente de lograr una protección “efectiva”, es decir, focalizan precisamente en la tan cacareada mejora en la gestión. Es cierto que el Govern no tiene la obligación de dar cumplimiento a los objetivos 30x30, pero, mediante el ninguneo a este objetivo, cierra la puerta a que Balears ejerza un liderazgo para el que ya tiene los mimbres. 

No obstante, cabe destacar que la aprobación de los planes de gestión sí que es una obligación de la administración. Asimismo, es obvio que la legalidad y su cumplimiento no garantizan la sostenibilidad, solo hace falta ver en qué situación ambiental nos encontramos. Por ello, la sociedad civil seguirá haciendo su trabajo yendo más allá de la mera fiscalización del cumplimiento de la legalidad vigente.

Como mucha gente recordará, hace unos meses el Govern de les Illes Balears puso en marcha el proceso que llevará a un futurible “Pacte per la Sostenibilitat”. Hay muchas organizaciones y entidades de la sociedad civil que ya lo han abandonado. Personalmente, me pregunto de qué sirve este proceso si durante el mismo los responsables de dicho proceso, que también serán los que deban implementar dicho Pacto (si es que sucede), afirman que el Govern no tiene intención de avanzar en la declaración de nuevas áreas naturales protegidas o se cuestionen o eliminan órganos ambientales. Es decir, si estos responsables públicamente ya van cerrando puertas a propuestas ambientales o de otros ámbitos, ¿qué confianza podemos tener desde la sociedad civil en que se respetaría e implementaría dicho Pacto? Si nadie da respuesta a esta pregunta, lo hará el tiempo. Y creo que esta respuesta la tendremos muy pronto.

En el libro Alicia a través del espejo se narra que en el país de la Reina Roja para ir de un sitio a otro hay que correr más rápido, ya que si te quedas quieto o corres a la misma velocidad retrocedes. Creo que ahora estamos en un “momento Reina Roja”, tenemos que correr más rápido porque si nos paramos o vamos lentos, en realidad, retrocedemos. Y eso es lo que ha sucedido con el inmovilismo y la poca ambición de este Govern. Por ejemplo, en casi dos años de legislatura solo hemos pasado del 1,66% de alta protección al 1,7%. Es normal que no gusten los números, a nadie le gusta suspender con un 1,7.