Una mafia de extorsión inmobiliaria y un gerente bajo sospecha: la insólita historia de un hotel 'okupado' de Mallorca

A 71 kilómetros de Palma, el aparthotel Sol i Mar ha sido testigo de una escena insólita: aprovechando que las instalaciones se encuentran cerradas por temporada baja, una decena de personas irrumpieron en ellas y se atrincheraron en las habitaciones, causando numerosos desperfectos y haciéndose acopio de diversos materiales. Bastaron cuatro días para que todas ellas abandonaran el hotel a cambio -dejaron escrito en varias cartas-, de no ser denunciadas. Sin embargo, durante ese lapso de tiempo la propiedad del hotel puso en el foco al administrador del negocio, acusándolo de instigar a los intrusos a allanar el inmueble con el objetivo de eludir el pago de casi 250.000 euros que, según los dueños, les adeuda. El administrador, sin embargo, niega tajantemente estas manifestaciones.

Miquel Deyà, quien administra el hotel con base a un contrato de arrendamiento por el que paga mensualmente, asegura haber defendido los derechos de la propiedad “como si fueran los propios” y manifiesta que, gracias a su intercesión, los okupas finalmente se marcharon de las instalaciones. Tras salir a la luz las acusaciones de la empresa propietaria, Apartamentos Sol y Mar, el abogado de Deyà remitió un comunicado en el que tilda de “calumniosas” las “insidiosas manifestaciones relativas a que pudiera haber sido una maniobra” de su cliente para “obtener beneficios o derechos de algún tipo sobre la propiedad”. Tal como asevera, el administrador “ha ejecutado todas las acciones preventivas y ejecutivas para evitar la usurpación del edificio”.

Deyà lamenta que se esté “desviando” el “verdadero objeto de debate social sobre la indefensión de los propietarios frente a la usurpación de inmuebles” y, en declaraciones a elDiario.es, asegura que lo que más “le duele” es “el escrutinio” que, asegura, está atravesando su familia. “Y cuando digo 'me duele' es una palabra que no llega a abarcar todo lo que siento”, incide.

La Guardia Civil ha centrado sus investigaciones en la denuncia interpuesta por el administrador a raíz de la 'okupación' del inmueble, así como en la presentada por los intrusos por supuestas coacciones, tras lo cual ha abierto diligencias en las que informa de que, efectivamente, el establecimiento fue ocupado ilegalmente. Fuentes del Instituto Armado precisan a este medio que ya han remitido los hechos a un Juzgado de Manacor y señalan que es así como actúan en otras ocasiones, como en el caso del allanamiento de una vivienda. De acuerdo a las informaciones publicadas por el diario Última Hora, los investigadores policiales creen que una mafia dedicada a la extorsión inmobiliaria estaría detrás de la okupación del Sol i Mar.

“Hemos tenido que cambiar todos los bombines”

Varios días después del suceso, cuya repercusión comenzó a aumentar con el paso de las jornadas, apenas tres trabajadores realizan labores de mantenimiento en el aparthotel. El establecimiento se encuentra situado en la zona más turística de Cala Bona, en el noreste de Mallorca, cuya imagen contrasta con el ajetreo del verano. En plena temporada baja, los hoteles se encuentran cerrados y, junto a ellos, la mayor parte de bares y discotecas. La playa respira vacía y apenas unos vecinos caminan por las calles de este núcleo de unos 1.200 habitantes.

A las puertas del Sol i Mar, uno de los trabajadores que se encuentra al cuidado del mismo asoma por la puerta principal, pero no quiere que se le fotografíe ni que la prensa acceda al recinto. Al fondo se aprecian algunas de las pintadas dejadas por los presuntos okupas: “Viva Cali”, se lee. “Hemos tenido que cambiar todos los bombines porque se llevaron todas las llaves y hemos tenido que abrir todas las puertas sin la llave. Hemos tenido mucho trabajo”, comenta el empleado.

El operario explica que todo comenzó cuando, coincidiendo con la final de la Supercopa, saltó la alarma del establecimiento y, de inmediato, acudieron varias patrullas de la Guardia Civil. “Cuando llegué había cinco o seis personas dentro. Se habían llevado bastante material, cables, piezas de latón, de fontanería, martillos y berbiquíes”, relata, evitando entrar en mayores detalles. 

Apenas unos residentes caminan por los alrededores. Algunos de ellos se prestan a comentar qué fue lo que vieron: “Vivo a apenas unos metros del establecimiento. Me asusté cuando empecé a escuchar sirenas y al asomarme al balcón vi que había venido la Guardia Civil porque habían okupado el Sol i Mar”, comenta Josep, vecino de toda la vida de Cala Bona. “Hemos llegado a un límite que la gente tiene miedo”, comenta otro residente. 

La notoriedad del caso alcanzó su punto máximo cuando los hoteleros dieron la voz de alarma ante el temor de que el suceso fuese replicado en otras instalaciones turísticas. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), amparándose en la defensa de la propiedad privada, mostró su “máxima preocupación” y reclamó a la Administración un marco regulatorio que “deslegitime” este tipo de “conducta delictiva”. En boca de su vicepresidenta ejecutiva, María José Aguiló, la entidad, que aglutina a las grandes empresas del sector en la isla -no así al aparthotel Sol i Mar-, recalcó que la Administración pública dispone de sus propios mecanismos para “atender a las personas que tienen necesidades” y aseveró que “no se puede consentir la violación de la propiedad privada”.

El conseller de Turismo acude al establecimiento

Apenas un día después de que los hoteleros denunciasen la situación que estaba atravesando el Sol i Mar, hasta las instalaciones se desplazó el conseller balear de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, quien habló con los inquilinos que habían allanado el establecimiento y les instó a acudir a los servicios sociales. Durante su visita, el conseller trasladó su apoyo a los propietarios y trabajadores afectados y, especialmente, al administrador del aparhotel, Miquel Deyà. En declaraciones a los medios a su salida del establecimiento, el responsable de Turismo señaló que los servicios sociales están para atender a las personas que lo necesitan y que “la solución no puede ser 'okupar' una propiedad”.

El caso, sin embargo, dio un vuelco el pasado fin de semana, cuando la propiedad del establecimiento, en manos de la empresa Apartamentos Sol y Mar, se desmarcó de Miquel Deyà, el empresario que explota el hotel a través de la mercantil Marbel Can Pastilla S.L., acusándole de instigar a los 'okupas' a irrumpir en las instalaciones con el objetivo de eludir la deuda de cerca de 250.000 euros que, aseguran, mantendría con los propietarios. Según el diario Última Hora, los propietarios señalaban que Deyà, “lejos de ser la verdadera víctima de la okupación, es un 'inquiokupa'”, dado que “reapareció con una ocupación sospechosa que coincide con la ocupación que ya pasó tiempo atrás por parte de trabajadores a los cuales no abonaba sus trabajos y que utilizó para que nosotros abonásemos una cantidad como préstamo que tampoco nos ha devuelto”.

En realidad, la intención de la propiedad no es otra que la de instar el desahucio de Deyà a raíz de las deudas que mantiene con la misma, aunque por el momento no ha sido reclamado formalmente. En declaraciones a elDiario.es, el abogado de los propietarios especifica que el administrador adeuda unos 181.000 euros de alquiler por el arrendamiento del aparthotel, 15.900 en impuestos y 51.000 euros a raíz de un préstamo que pidió a los propietarios para poder hacer frente al gasto de las obras llevadas a cabo por una constructora en dos hoteles gestionados por Deyà, entre ellos el Sol i Mar. Los trabajadores de la constructora acabaron manifestándose frente al aparthotel en protesta por las cantidades dejadas de abonar. 

Deyà, quien había sido el primero en denunciar que el hotel había sido okupado por una decena de personas, asegura a través de su abogado que “jamás ha sido recibida reclamación económica alguna por parte de la propiedad” como “tampoco se tiene constancia de que haya sido interpuesta demanda de desahucio”. Asimismo, subraya que las cantidades “que se dicen adeudadas [cerca de 250.000 euros] distan mucho de la realidad”.

“Vistas las manifestaciones de la propiedad, el único perjudicado ha sido mi cliente. Sorprende mucho a esta parte el comunicado de la propiedad, desviando el verdadero objeto de debate social sobre la indefensión de los propietarios frente a la usurpación de inmuebles. El ataque directo al señor Deyà por cuestiones internas entre arrendador y arrendatario es absolutamente gratuito y calumnioso”, sentencia, advirtiendo de futuras acciones judiciales y de una exhaustiva investigación de los hechos. 

En concreto, fue en 2018 cuando propiedad y administrador suscribieron un contrato por el que Apartamentos Sol y Mar cedía en arrendamiento a Marbel Can Pastilla S.L., propiedad de Deyà, la explotación del complejo. El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, refería además que el Ajuntament de Son Servera -municipio al que pertenece Cala Bona- había autorizado licencia de obra para la reforma, ampliación y legalización de los apartamentos con el objetivo, entre otros, de potenciar la desestacionalización de la zona, destinar la oferta a nuevos segmentos de mercado y mejorar la calidad del establecimiento. En el documento, Marbel propiedad del gestor del aparthotel, se comprometía a llevar a cabo todos los trabajos necesarios para ello dada su “extensa experiencia y solvencia en la ejecución de obras de reforma y ampliación de establecimientos hoteleros”.