“Actualmente las mujeres en Polonia tienen menos derechos que cuando entró en la UE en 2004. Es ridículo. Una situación que no debería ser aceptada”, clamaba hace unas semanas el eurodiputado socialista Robert BiedroÅ„, presidente de la Comisión de Igualdad de la Eurocámara mientras a su lado una activista de su país relataba el doloroso caso de una mujer a la que ayudó a abortar y por el que ha sido condenada. Él fue el primer parlamentario que salió del armario y el primer alcalde homosexual de Slupsk, una ciudad de 100.000 habitantes, y ha visto cómo la deriva del Gobierno ultranacionalista de Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en inglés) ha ido machacando los derechos del colectivo LGTBI.
Un camino muy similar ha seguido la Hungría de Viktor Orbán, que también ha impulsado leyes homófobas, como la que prohíbe hablar de homosexualidad en los programas escolares. Algunos de los pasos que ha ido dando la extrema derecha desde el Gobierno tienen un cierto paralelismo en España, como en el caso de Murcia, donde Vox intentó impulsar un veto parental con el que se permite a los padres objetar a actividades que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en los colegios y que supone una cortapisa a las charlas sobre derechos LGTBI en las aulas.
Tanto Polonia como Hungría se oponen al Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que la UE ha ratificado recientemente. De hecho, Polonia, que lo había suscrito en solitario, lo abandonó en 2020.
La ultraderechista Giorgia Meloni también ha hecho saltar todas las alarmas al prohibir la inscripción en el registro civil de los hijos de las parejas homosexuales. De hecho, en la región de Padua una treintena de familias han recibido ya la notificación en la que se señala que el registro se ha producido “ilegítimamente” con la intención de dejar exclusivamente la filiación de la madre biológica.
Santiago Abascal, que ha presumido de su “plena sintonía” con Orbán y también es aliado del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, y de Meloni, lleva años propagando en España el discurso contra lo que denomina la “ideología de género” o incluso el “lobby gay”. El negacionismo de la violencia de género es una de las ideas fuerza del partido de Abascal.
Ahora ese ideario ha contagiado al PP en los primeros acuerdos que han suscrito tras las elecciones municipales y autonómicas, en los que ha impuesto la eliminación de las carteras de Igualdad en los ayuntamientos y en la Generalitat Valenciana siguiendo la estela, por ejemplo, del Gobierno polaco, que tiene un ministro de Familia y Política Social.
“En España la cuestión de la Ley de Violencia de Género, por ejemplo, suscitó un consenso muy importante solo roto con la aparición de Vox”, advertía en 2021 la catedrática de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona Eva Anduiza, que llamaba la atención de cómo condicionaría a los populares ese discurso. Por el momento, en los acuerdos de gobernabilidad ha desaparecido el concepto “violencia machista” o “violencia de género”, aunque Alberto Núñez Feijóo diga que su existencia es una “obviedad”.
De las palabras a los hechos: “Es el cambio desde la sutileza”
Por ahora la regresión en la igualdad o en los derechos del colectivo LGTBI se está quedando en la nomenclatura, pero es el primer paso para que empiece a dejar huella en las políticas, tal y como reconoce la politóloga Carmen Lumbierres: “Cambiar el nombre de un departamento va más allá de renombrar. Renombrando ya clasificas que lo que haces es cambiar las políticas públicas”.
La profesora de la UNED sostiene, no obstante, que “el giro no va a ser de golpe”: “Es más una labor de cambiar mentalidades y que la gente joven asuma ciertas mentalidades”. “Es el cambio desde la sutileza”, dice Lumbierres, que alude a la “ventana de Overton”, una teoría política según la cual se van considerando admisibles ciertos planteamientos que antes no lo eran, y pone como ejemplo la recuperación del “latido fetal” como recurso para disuadir a las mujeres del aborto. “Antes en España no era posible admitir ciertos discursos como el del divorcio duro”, explica Lumbierres sobre las palabras de Feijóo.
Una de las cuestiones formales que el PP ha aceptado de Vox ha sido la prohibición de que las banderas LGTBI ondeen en los edificios municipales en Náquera (Valencia), que ha llegado al epicentro de Bruselas al publicarlo el medio Politico este miércoles en una newsletter fundamental para la “burbuja bruselense”.
La Comisión Europea ha admitido que está al tanto del asunto, aunque no ha querido pronunciarse bajo la máxima de que no lo hace sobre anuncios. De lo que sí ha alertado es de las posibles restricciones a las concentraciones contra la “violencia machista”. A una pregunta sobre su sustitución por lemas contra la violencia en genérico, un portavoz de la Comisión Europa ha respondido: “Las manifestaciones pacíficas son un derecho fundamental en todos los países democráticos”.
La publicación de Politico ha evocado, a raíz de la prohibición de las banderas arcoíris, a las “zonas libres de la ideología LGBT” impulsadas en varias ciudades de Polonia, que conllevó la jugada de Bruselas de retirar fondos que recibían esas localidades que, ante la amenaza, dieron marcha atrás.
La UE ha llegado tarde para frenar la deriva de los gobiernos de extrema derecha contra los derechos de las mujeres y los colectivos LGTBI, que se ha ido larvando durante años, aunque hay varios procesos abiertos para intentar revertir la situación. En 2021, la Comisión Europea abrió sendos expedientes sancionadores contra Polonia y Hungría por sus leyes homófobas al considerar que suponían una vulneración de los derechos de las personas LGTBI.
“Zonas libres de ideología LGTB” en Polonia
En el caso de Polonia, hacía alusión a las “zonas libres de ideología LGTB”: “A la Comisión Europea le preocupa que estas declaraciones puedan violar la legislación de la UE en materia de no discriminación por motivos de orientación sexual”, afirmó entonces el Ejecutivo comunitario: “Por tanto, es necesario realizar un análisis detallado de la compatibilidad de las resoluciones con la legislación de la UE”.
Más de una decena de países, entre ellos España, se han adherido al recurso de Bruselas contra la ley de Orbán que prohíbe hablar de homosexualidad en el currículo escolar. “Es una vergüenza”, llegó a decir la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El problema es que tanto Hungría como Polonia cuestionan constantemente a las instituciones europeas, incluido el tribunal de justicia (TJUE).
A pesar del letargo, la batalla de la UE contra esos dos gobiernos ultras es constante y se han dado pasos inéditos como la apertura de un procedimiento, bajo el artículo 7 de los tratados, por el constante incumplimiento de valores europeos como la independencia judicial en ambos países y vulneraciones relativas a la libertad de expresión, la corrupción, los derechos de las minorías y la situación de inmigrantes y refugiados en el caso húngaro. Desde entonces el asunto, que podría derivar en sanciones –incluso la pérdida del derecho a voto para esos países– si se concluyera que ha habido una grave y persistente brecha del Estado de derecho, está prácticamente en suspenso porque Hungría y Polonia se protegen mutuamente.
Y mientras tanto, el discurso de la ultraderecha va calando como una lluvia fina y el auge del populismo tiene cada vez más poder en una UE que hasta hace poco ponía a esas fuerzas un cordón sanitario que ahora se ha roto.