Demandas colectivas pedirán indemnizar a las víctimas de la invasión de Ucrania con bienes confiscados a oligarcas rusos

Un consorcio de abogados ucranianos e internacionales se está preparando para interponer una demanda civil colectiva contra el Estado ruso, así como contra contratistas militares privados y empresarios que apoyan la guerra de Rusia, en un intento de obtener una indemnización para millones de víctimas de la guerra en Ucrania, según ha revelado en exclusiva The Guardian.

Un abogado con sede en Londres que está coordinando la iniciativa, Jason McCue, explica que el equipo, formado por varios bufetes importantes así como cientos de letrados, planea presentar “múltiples acciones civiles en diferentes jurisdicciones contra diferentes objetivos”, incluyendo Reino Unido y Estados Unidos, según explica en una entrevista en Kiev. La estrategia que se han marcado prevé, en el caso de que los jueces británicos y estadounidenses fallen a favor de las víctimas, solicitar el embargo de activos rusos por todo el mundo.

Es probable que los objetivos incluyan al Estado ruso y a contratistas militares privados como el Grupo Wagner, que se cree ha actuado en Ucrania. Pero McCue ha señalado que también incluirían a figuras empresariales con vínculos con estos contratistas y con la maquinaria bélica en general. Cree que será posible ir tras los activos que ya han sido afectados por las sanciones, así como detrás de otros que de momento han conseguido esquivarlas.

Se trata de procesos a título particular, independientes del Estado ucraniano. Sin embargo, McCue señala que sí necesitarán tener acceso a las pruebas y a la información de inteligencia de Ucrania.

Más de 900 millones de euros

El diputado y empresario ucraniano Sergiy Taruta está apoyando esta iniciativa legal y ha propiciado encuentros entre los abogados y los investigadores con las autoridades ucranianas. Taruta, que es de Mariúpol y tenía inversiones en la ciudad, perdió gran parte de su negocio cuando el Ejército ruso y sus fuerzas aliadas tomaron más de la mitad de la región del Donbás en 2014. En esta ocasión, ha perdido amigos, compañeros y un primo cuando Rusia destruyó Mariúpol mientras intentaba ocuparla.

“Los ucranianos han esperado 20 años para el enjuiciamiento de [Pavlo] Lazarenko, y ahora ocho para el MH17”, dice Taruta en referencia a un caso contra el ex primer ministro de Ucrania que malversó millones, y a un caso pendiente en La Haya sobre el derribo de un vuelo de Malaysian Airlines en 2014. “Tenemos que desarrollar un mecanismo más rápido [de indemnización]. Las vías normales son demasiado lentas”, considera.

Ucrania ya ha comenzado a procesar, por la vía penal, a los soldados rusos capturados por crímenes de guerra, y otros casos de crímenes de guerra pueden ser juzgados posteriormente en tribunales internacionales. Sin embargo, las demandas por indemnización por los daños de guerra son más complejas y McCue señala que parte de la idea de iniciar el caso con celeridad se debe a que las reparaciones de Estado a Estado rara vez son posibles: “A menudo, en un contexto de negociaciones, los debates sobre indemnizaciones se dejan a un lado para centrarse en la sostenibilidad de la paz”.

Según Taruta, los individuos que hayan sufrido la pérdida de un ser querido o de una propiedad, o que hayan resultado heridos, serán los principales destinatarios de las indemnizaciones, seguidos por las instituciones estatales y locales y solo después, las empresas. Calcula que la reclamación potencial total podría ser de no menos de 1.000 millones de dólares (unos 933 millones de euros).

Apoyo de investigadores

Varios equipos de investigadores se han sumado a esta iniciativa legal con el objetivo de ayudar a localizar los activos de los empresarios que se cree que son cómplices del esfuerzo bélico de Rusia. Entre ellos está el medio de investigación Bellingcat, que lleva años analizando las actividades del Grupo Wagner y de otros contratistas militares privados rusos.

“Estamos siguiendo de cerca la actividad de las unidades mercenarias de Rusia en Ucrania”, dice Christo Grozev, director ejecutivo de Bellingcat. “Creemos que una investigación profunda de la cadena de mando [del Grupo Wagner] y su vinculación con las autoridades oficiales rusas no sólo ayudaría a que se hiciera justicia para las víctimas y sus familias, sino que también aportaría más conciencia pública y transparencia sobre cómo está llevando a cabo Rusia esta guerra”, apunta.

Un aspecto clave de la estrategia legal consistirá en alegar que la invasión rusa no es solo una guerra de agresión, sino que también entra, al menos parcialmente, en la definición legal de terrorismo, lo que facilitaría perseguir activos. “Todos los equipos jurídicos de los distintos países están satisfechos con la base legal y la información que hemos recabado”, dice McCue. “Tiene una gran solidez”, apunta.

El abogado tiene una amplia experiencia en casos similares a menor escala. El primero lo ganó en nombre de las víctimas del atentado de Omagh (Irlanda del Norte) de 1998, en el que cuatro hombres fueron declarados responsables del atentado y se les ordenó pagar una indemnización a las familias de las víctimas. “Las pruebas estaban en manos de la Policía, pero nadie iniciaba acciones judiciales porque estaban inmersos en el proceso de paz”, dice McCue al describir cómo se pusieron en contacto las familias con él. “Así que emprendimos una acción civil, y ganamos, y conseguimos quitarles las casas a dos de ellos”, agrega.

Es probable que el caso de Ucrania, de mucha mayor envergadura, funcione con principios similares, aunque se centrará más en conseguir una compensación económica para las personas que han sufrido la pérdida de sus seres queridos, sus propiedades o sus negocios. “El caso de Omagh no se trataba de dinero, sino de demostrar quién era responsable de lo sucedido. En este caso se trata de dinero”, dice McCue.

Reconoce que tienen un enorme trabajo por delante para verificar y clasificar los casos y crear una “jerarquía de víctimas”, y que es probable que las personas que se incluyan en la demanda como responsables o corresponsables de todas estas atrocidades intenten ocultar sus bienes por todos los medios. Sin embargo, cree que el caso tiene posibilidades de prosperar: “Lo que sabemos es que si no nos movemos, no conseguiremos nada. Todo lo que se haga aumenta las posibilidades de éxito”.

Traducción de Emma Reverter.