Turquía acaba con el estado de emergencia después de siete prórrogas en dos años
Turquía deja de estar bajo un estado de emergencia prorrogado durante casi dos años. En este tiempo, la población anatolia ha vivido en un clima de detenciones e inseguridad jurídica, y con el peligro de ser despedidos de su trabajo bajo acusaciones de terrorismo. Con la reelección del presidente Erdogan y su mayoría en el Parlamento gracias a una coalición con el partido ultranacionalista MHP, se ha decidido no volver a extender la herramienta más utilizada para “proteger” al país del “terrorismo”, dos palabras ampliamente utilizadas por el Ejecutivo.
Turquía ha vivido con miedo tras el 15 de julio de 2016, fecha del intento de golpe de Estado. Cuatro días después de la fallida asonada, el estado de emergencia entró en vigor y dio lugar a un mar de purgas laborales y detenciones. La excepcionalidad, convertida en normalidad por sus múltiples prórrogas, daba luz verde al Estado turco para actuar contra los “sospechosos de pertenecer a banda terrorista”.
150.000 personas han llegado a estar detenidas desde entonces, según las estimaciones aparecidas en medios de comunicación turcos, mientras que los purgados de sus puestos de trabajo han sido 110.000. Turquía alega que 40.000 personas están en proceso de volver a sus puestos de trabajo, otros no tendrán tanta suerte.
Según la agencia Kamu, a fecha de 29 de diciembre de 2017, el desglose de despidos era el siguiente: 4.284 jueces y fiscales, 7.295 militares, 23.095 policías, 5.827 trabajadores académicos en universidades, 33.629 trabajadores educativos, 7.659 trabajadores de la sanidad, 6.165 trabajadores judiciales y 4.170 de administraciones locales. A las purgas personales se suman las institucionales. Más de 3.000 escuelas, residencias estudiantiles o universidades han sido clausuradas.
En cuanto a los medios de comunicación, la persecución de los periodistas del diario Cumhuriyet representa solamente la punta de un iceberg. Cerca de 200 medios han vivido el precinto de su redacción y su posterior cierre. En cuanto a empresas privadas, también objeto de persecución, hay más de mil compañías expropiadas, ahora bajo la tutela del Estado turco.
Procesos electorales “no creíbles”
De la misma manera, Turquía ha vivido dos procesos electorales bajo este estado: el referéndum para la reforma constitucional para pasar a un sistema presidencialista, y las elecciones del 24 de junio, donde Erdogan obtuvo la reelección y ganó la mayoría en el Parlamento.
Ante el anuncio anticipado de los comicios, la ONU pidió la derogación del estado de emergencia con el objetivo de celebrar un proceso electoral “creíble”. Derechos fundamentales como la libertad de asociación, expresión o reunión se han visto afectados por decisiones del Gobierno. “Las restricciones duraderas son incompatibles con un proceso electoral”, rezaba el comunicado emitido días antes de sacar las urnas a la calle.
La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) acudió como observadora y resaltó la misma situación: a pesar de que no había rastro de fraude, el proceso electoral resultó ser desigual por las condiciones en que los partidos de la oposición afrontaron los comicios.
Con menor presencia en los medios de comunicación, el principal candidato opositor Ince fue claramente derrotado por Erdogan. La misma OSCE también resaltó ciertas dificultades para ir a votar en las zonas del sudeste del país, donde el prokurdo y opositor HDP tiene un amplio apoyo.
Aunque el Gobierno alejó las urnas de los colegios clave para dificultar el voto alegando temas de seguridad, miles de aldeanos kurdos tuvieron que caminar horas para poder ejercer su derecho. Gracias a ellos, el HDP entró en el Parlamento, incluso con su candidato Selahattin Demirtas entre rejas.
La Segunda República
La promesa electoral de retirar el estado de excepción fue ofrecida por el AKP, el partido de Erdogan y exigida por las formaciones opositoras. El nuevo sistema presidencial, criticado por el mismo Erdogan hace 15 años, y su mayoría parlamentaria dotan al máximo mandatario de amplios poderes. Según dijo el periodista Murat Yetkin, “la capacidad del presidente para designar a altos jueces en el Tribunal Constitucional y otros a través de su poder parlamentario debilita el sistema de separación de poderes”.
En el nuevo sistema, los ministros no pueden ocupar un escaño en el Parlamento, medida que Erdogan ha resaltado para “asegurar la separación de poderes”. Una de las cabezas visibles del Gobierno será su yerno, nombrado ministro de Hacienda. Berat Albayrak, casado con la hija mayor del presidente, fue nombrado ministro de Energía en 2015 y ahora será el encargado de encarrilar la debilitada economía turca.
La caída libre de la divisa nacional y la inflación son sus prioridades. En cuanto a las relaciones internacionales, no hay cambios. Mevlut Cavusoglu seguirá al frente del Ministerio de Exteriores.
Despedida del estado de emergencia
“El estado de emergencia finalizará en pocos días”, dijo Abdulhamit Gül, ministro de Justicia. A día 18 de julio de 2018 se debería prorrogar por octava vez para seguir vigente. Pero nadie dirá nada, simplemente desaparecerá en silencio.
Aunque el estado de emergencia tenga las horas contadas, el mismo ministro de Justicia dijo que “la lucha contra el terrorismo seguirá”. Ideado para luchar contra el movimiento Hizmet, cofradía del autoexiliado Fetullá Gülen y acusado de perpetrar el intento de golpe de Estado, ha servido de excusa para silenciar a la oposición que también fue derrotada en las urnas.
