La escuela infantil privada se revuelve contra Ayuso

A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le salen enemigos donde menos se podía esperar. El sector de la educación privada se echó este domingo a la calle para protestar contra la política de la mandataria madrileña en esta área, acusándola de “menospreciar” a los centros privados por su intención de impulsar la creación de plazas de la etapa 0-3 en el sector público.

La protesta de la patronal de la educación infantil privada Fenecein, apoyada por Acade, iba dirigida contra todos los gobiernos regionales y también contra Moncloa por el plan para ensanchar la red 0-3 pública, pero con especial dedicatoria para Madrid, que ha anunciado un proyecto inaudito en toda España y que choca frontalmente con los intereses privados.

En un movimiento que va directamente contra su política habitual en etapas como Primaria, Secundaria o incluso el Bachillerato y la Formación Profesional (FP), fases educativas donde lo privado concertado es la principal apuesta de la presidenta madrileña, la Comunidad de Madrid lleva unas semanas preparando un doble movimiento para reordenar el sector 0-3, la etapa educativa con una menor escolarización.

Por un lado, la Comunidad ha decidido eliminar las escuelas madrileñas que impartían docencia exclusivamente entre los 0 y los 6 años, un modelo muy particular –y alabado por sus usuarios– que ya solo queda en pie en Granada. Por otro, y esto va a ser la primera región que lo implemente, Ayuso anunció hace unas semanas que va a abrir clases de 0, 1 y 2 años en los colegios públicos de Primaria (Valencia ha escolarizado a los de dos años), dentro del plan de Moncloa, que está financiado con fondos europeos y obliga a construir las plazas públicas. Serán, en esta primera fase, unas 2.000 plazas en 46 centros (aquí la lista de colegios elegidos).

Esta decisión fue la puntilla para el sector privado, que exige que se utilicen cheques-guardería para que las familias puedan elegir dónde llevan a sus hijos.

“Es un menosprecio”

“Esto es un menosprecio al trabajo especializado de las escuelas de infantil”, valora Ignacio Grimá, presidente de la sectorial de escuelas infantiles privadas Acade. “Habla de cómo se trata esta etapa. Las escuelas ofrecen un contexto más adaptado [para los pequeños], pero también más flexible para las familias, con la posibilidad por ejemplo de ampliar horarios, frente a los colegios. Ya estamos compitiendo con las escuelas públicas y es una pesadilla si además se habilita [esta etapa] en colegios públicos”.

Según defiende Grimá, y apoyan organizaciones diversas como la Plataforma en Defensa del 0-6, el primer ciclo de Infantil es una etapa particular, con unos requisitos de espacio, educativos y de gestión particulares. Las ratios son bajas, los bebés necesitan dormir y comer, cuando muchos centros actualmente ni siquiera tienen cocina. “¿Cómo se va a implementar todo esto?”, se preguntan. Grimá lamenta que Madrid “ha ido rebajando los requisitos” preparando este momento hasta finalmente ejecutarlo.

Al no ser obligatoria ni estar universalizada, como sí lo está el 3-6, el sector privado ha ocupado buena parte del nicho. En el conjunto del país, los 470.000 alumnos de la etapa se reparten casi a partes iguales entre los centros públicos y los privados, con una ligera mayoría en los públicos. En Madrid la balanza está invertida y la ligera mayoría la tienen los privados.

Fondos europeos para plazas... ¿públicas?

Ahora ese statu quo está en cuestión con el plan del Gobierno de crear 65.000 plazas (en principio) públicas de infantil en tres años. El sector mira al futuro con preocupación: es uno de los que más ha sufrido el embate de la pandemia, según cuentan. Que no sea obligatoria, junto a los ERTE, el confinamiento, el miedo a los contagios o el teletrabajo, explican desde las patronales, han arrasado con un sector que ha perdido mil centros entre el curso pasado y el actual (un 20%), en un colectivo formado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas y con una mayoría aplastante (por encima del 90%) de mujeres.

El proyecto del Gobierno, en cualquier caso, está en el aire de cara al próximo curso. La idea inicial de este plan, sostenidos con los fondos europeos Next Generation, era crear 65.000 plazas públicas en tres años. Pero las competencias están transferidas y son las comunidades las que deben ejecutar el plan, y varias de ellas, como Madrid o Andalucía, protestaron precisamente porque las plazas tuvieran que ser obligatoriamente públicas. En el caso de la Junta, llegó en un primer momento a renunciar a los 123 millones de euros que le correspondían porque querían que se pudiera utilizar el dinero también para financiar plazas privadas ya existentes, justo lo que reclama la patronal.

Pero, replicó Educación, no se puede hacer este primer año porque los fondos europeos están vinculados a plazas públicas y no se puede cambiar ya. Pero el ministerio que dirige Pilar Alegría cedió: le va a pedir a Europa que permita abrir el uso de los fondos para las siguientes convocatorias a sostener plazas privadas ya existentes. Victoria de las comunidades. Ante el compromiso del ministerio, todas las comunidades aceptaron la partida que le tocaba, aunque varias votaron en contra.

De momento las comunidades se han puesto manos a la obra con las plazas comprometidas para este año. En el caso de Madrid, han optado por la solución siempre más barata de ampliar espacios en centros ya existentes que abrir escuelas nuevas, mientras Europa decide si el próximo curso se podrán destinar los fondos a los centros privados, como quiere la patronal.