La justicia investiga al alcalde de Majadahonda por permitir que el hospital Puerta de Hierro funcionase sin licencias
Dos juzgados están investigando al alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxa, tras la querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid por haber permitido supuestamente que el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda esté funcionando sin todas las licencias en regla.
Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la denuncia se hicieron cargo los Juzgados 3 y 4 de Majadahonda, por los presuntos delitos urbanísticos y medioambiental, respectivamente, como ha adelantado la Cadena Ser. Según las mismas fuentes, en ambos casos el alcalde figura como investigado, y aún no se le ha llamado a declarar.
Sobre la querella que investiga el Juzgado Número 3, por la comisión de un supuesto delito urbanístico, explican que “se ha avanzado mucho” en las investigaciones, por lo que se solicitó a la Comunidad de Madrid información documental.
Así, han indicado que la Comunidad antes de Navidad remitió la información solicitada a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la misma, solicitando más pruebas, el archivo del caso o la transformación del mismo en procedimiento abreviado.
Respecto a la investigación desarrollada por el Juzgado Número 4, por la comisión de un presunto delito medioambiental relacionado con ruidos y olores, han señalado que “es el grueso de la querella” y que se han practicado “diversas diligencias” relacionadas con la toma de ruidos y vertidos “dirigidas a esclarecer si se ha cometido ”delito medioambiental“.
En cuanto a la querella, fue la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Madrid la que presentó una denuncia contra el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y contra otros seis concejales que forman o han formado parte del Consistorio a los que acusa de permitir que el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda esté funcionando sin todas las licencias en regla.
Delitos urbanísticos y medioambientales
En concreto, según el escrito fechado a 5 de abril de 2017, el fiscal acusa a los ediles de un delito sobre la ordenación del territorio y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente en relación con el funcionamiento del hospital, que fue inaugurado por los Reyes y la entonces presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre en septiembre de 2008.
La denuncia, que fue admitida a trámite en el Juzgado de Majadahonda, sostiene que el citado hospital comenzó sus actividades en septiembre de 2008 “sin haber obtenido del Ayuntamiento la preceptiva licencia de primera ocupación pese a que había sido solicitada tres meses antes”.
Dicha petición dio lugar a siete visitas de inspección e informes de los técnicos municipales en las que se pusieron de manifiesto sendos requerimientos de subsanación sin que estos se llevaran a cabo “y todo ello mientras el hospital continuaba sus actividad que no cesó en ningún momento”.
Como la situación se prolongaba, responsables del Servicios de Urbanismo y Vivienda denunciaron estos hechos al Servicio Jurídico de la Concejalía de Urbanismo y solicitaron un informe sobre las medidas que debían adoptar. Fue entonces cuando otro de los denunciados, Juan Carlos Pérez González (concejal de Urbanismo), “optó por no dar respuesta alguna ni por adoptar ningún tipo de medidas”.
Además, explicaba que la empresa concesionaria de las obras, en este caso “Sociedad Concesionaria Hospital de Majadahonda”, solicitó en marzo de 2007 al Ayuntamiento una licencia de apertura y funcionamiento de actividades para la instalación, apertura y funcionamiento de la actividad del hospital.
También en este caso se apreciaron una serie de deficiencias y, de hecho, desde septiembre de 2008 a abril de 2015 “el hospital estuvo funcionando sin licencia de primera ocupación ni de apertura sin que se adoptara ninguna medida de protección o restauración de la legalidad urbanística infringida no de carácter sancionador”.
Además del alcalde están denunciados por estos hechos al responsable de la concejalía de Seguridad, Movilidad Urbana y Disciplina Urbanística durante esos años; Javier Caballero López; así como a los concejales delegados de Urbanismo Carmen Menéndez Rodríguez y Pablo García González.
Vertidos ilegales
Por otra parte, la Fiscalía señala que el hospital ha estado vertiendo sin la “pertinente autorización municipal sus aguas residuales a la red de saneamiento del Ayuntamiento” en contra de lo recogido en la ley sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid.
La Fiscalía explicaba en su escrito que la ausencia tanto de la autorización de vertido como de arquetas de control de vertidos se pusieron de manifiesto en la inspección que técnicos ambientales de la Comunidad de Madrid llevaron a cabo en el año 2009, “extremos que fueron comunicados por la Dirección General de Evaluación Ambiental tanto a la Consejería de Sanidad como a la dirección del propio hospital”.
Una nueva inspección llevada a cabo en el año 2012 “constató que se continuaba sin autorización de vertidos ni arquetas de control de vertidos, lo que se comunicó en enero de 2013 por la Dirección General de Evaluación Ambiental tanto al propio hospital como al Ayuntamiento de Majadahonda, poniendo a éste de manifiesto su competencia al respecto y para la adopción de medidas correctoras”.
Por otra parte, apuntan que la sociedad concesionaria del hospital presentó ante el Ayuntamiento de Majadahonda en noviembre de 2012 una solicitud de licencia de vertidos, a lo que los servicios técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente contestaron once días después informando sobre la documentación y requisitos a cumplimentar.
Pese a todo ello, “no se llevó a cabo ninguna otra actuación al respecto, y en 2016 una nueva inspección de técnicos ambientales de la Comunidad de Madrid puso de manifiesto que el hospital continuaba funcionando sin autorización de vertido, sin arquetas de toma de muestras y sin haber presentado ninguna analítica para el control anual del cumplimiento de los valores límite de vertido”.
Como consecuencia de ello la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, por oficio de junio de 2016, comunicó tales extremos al Ayuntamiento de Majadahonda, “poniéndole de nuevo de manifiesto su competencia al respecto y con la finalidad de que se adopten las medidas oportunas con las responsabilidades derivadas”.
Los concejales denunciados
Y no ha sido hasta noviembre de 2016 en que la sociedad concesionaria del hospital ha presentado en forma solicitud y documentación para obtener dicha autorización de vertido, iniciándose en la Concejalía de Medio Ambiente un expediente “cuya tramitación posterior no consta”.
Como conclusión en este punto, según expone la Fiscalía, durante todo el tiempo que el hospital ha estado funcionando sin autorización de vertido al sistema integral de saneamiento, sin arquetas de toma de muestras y sin presentar ninguna analítica para el control anual del cumplimiento de los valores límite de vertido (de septiembre de 2008 hasta al menos noviembre de 2016), “no se ha adoptado por los responsables municipales medida correctora ni sancionadora alguna, ni se ha realizado inspección alguna”.
Por este asunto, además del alcalde están denunciados los sucesivos concejales delegados de Medio Ambiente: Juan Lantero Bastos (de junio 2007 a noviembre 2009), Pablo García González (de noviembre de 2009 a noviembre de 2013), Juan Carlos Pérez González (de noviembre de 2013 a junio de 2015) y África Sánchez Martín (desde junio de 2015 hasta al menos diciembre de 2016).
