El Ayuntamiento de Madrid ha comprobado y certificado que Alberto González Amador hizo obras de reforma ilegales en el piso que comparte con su pareja, Isabel Díaz Ayuso. Año y medio después de ordenar su cese, la Junta de Chamberí envió el pasado lunes 20 de mayo una inspección que comprobó que el empresario hizo caso omiso de las advertencias municipales y siguió adelante con una reforma para la que no tenía ningún permiso.
El informe de la inspección, cuyos detalles adelanta este lunes El País y Cadena Ser, constata que se produjo una reforma integral, que incluyó redistribución de habitaciones, renovación de instalaciones de eléctricas y de los acabados, además de cambios en las carpinterías exteriores e instalación de toldos y de equipos de climatización. “No se ha localizado título urbanístico habilitante que ampare las obras realizadas”, concluye el texto firmado por la arquitecta técnica del distrito donde se encuentra la vivienda.
El momento de la inspección tuvo lugar a la misma hora que el afectado, Alberto González Amador, se encontraba en los Juzgados de Plaza Castilla para declarar por un fraude fiscal de 350.951 euros que ya admitió haber cometido ante la Fiscalía. El informe municipal indica que una persona que no quiso identificarse abrió la puerta de la vivienda para permitir el paso de la inspección. Esa misma persona aseguró que los trabajos eran legales porque había una declaración responsable que habilitaba la obra. Sin embargo, la Junta de Chamberí emitió hasta dos órdenes de cese en diciembre de 2022 impidiendo el avance de los trabajos y ordenando la restitución del inmueble a su estado original. La segunda de las órdenes fue abierta por el representante de González Amador el 22 de diciembre.
La inspectora advirtió en su visita que la ejecución de estas obras sin permiso municipal podrían suponer una infracción urbanística y un ilícito penal. Respecto a este último proceso sancionador, Más Madrid ha denunciado que el documento para ejecutar la regularización de estas obras y su correspondiente sanción fue subido al sistema informático municipal el pasado viernes por la mañana y despareció unas horas después. Tenía pendiente la firma del coordinador general del distrito, Javier Benito de la Torre. Este cargo fue nombrado por el equipo de Almeida al inicio de su segundo mandato.
El informe de la Junta de Chamberí no constata la unión del piso que comparten Alberto González con Isabel Díaz Ayuso con el ático superior, del que también disfruta la pareja.
Después de la publicación de esta información, el alcalde de Madrid respondía a la noticia con críticas hacia el partido de la oposición que ha denunciado el caso: “Si Más Madrid está sugiriendo que los servicios públicos cambian los informes, les está difamando”, aseguraba Almeida para luego advertir de que “todo tiene un límite”. “Intentar señalar a funcionarios del Ayuntamiento me parece que no se sostiene y forma parte de la cacería de la izquierda”.
El regidor afirmaba que “el procedimiento administrativo de las obras va a concluir” pero volvía a ampararse en la ley para no dar “datos confidenciales ni de la esfera privada”. “A la izquierda le gustaría el ensañamiento, nosotros aplicamos la legalidad”, ha remachado después.
La visita de la inspección municipal llega dos meses después de que Más Madrid denunciara la ilegalidad de las obras, el pasado 20 de marzo. Entonces el concejal de distrito, Jaime González Taboada, y el propio alcalde evitaron dar una fecha para la revisión de una obra que el propio Alberto González ya había admitido que había ejecutado, como consta en el contenido del expediente municipal que obra en poder de la Junta de Chamberí.
Este expediente ha llegado también a la Oficina contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid porque el equipo de Almeida lo mutiló antes de entregar su contenido a la oposición. Lo denunció el PSOE hace diez días, después de recibir varias copias de documentos sin numerar, con abundantes tachones y páginas enteras en negro para ocultar datos clave en la revisión de este caso.
Un piso comprado después del fraude fiscal
El piso comprado por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que constituye su actual residencia, está tasado para subasta en 837.893,61 euros, si bien el precio de mercado en la exclusiva zona donde está situado es mayor. La valoración que el portal Idealista hace de las viviendas en ese mismo edificio llega hasta 1.194.000 euros. Sobre el inmueble, como informó elDiario.es, pesa una hipoteca por un valor muy inferior, de 500.000 euros, que está a nombre del empresario. La vivienda, construida en el año 1970, se compone de vestíbulo, distribuidor, despacho, cocina, aseo y dormitorio de servicio, cuarto de aseo, cuarto de baño principal, dormitorio principal, tres dormitorios y un pequeño vestíbulo de servicio. También dispone de garaje.
Desde que elDiario.es desveló el fraude fiscal confeso de su pareja, la presidenta madrileña se ha negado a responder cómo se había financiado ese inmueble. González Amador adquirió el primero de los pisos que comparte con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en julio del año 2022. En julio de 2023, justo un año después, la sociedad Babia Capital compró el ático situado justo encima del inmueble. El administrador de esta empresa es Javier Luis Gómez Fidalgo, abogado de González Amador. Ayuso y su pareja disfrutan también de esta segunda propiedad, según ha podido saber elDiario.es. La mudanza de ambos a este edificio se anunció a los medios de comunicación en otoño de 2023. Ayuso llegó a declarar a distintos medios que estaba planificando la compra de la vivienda por los altos precios del alquiler en la capital.
Dos relevos municipales y una promesa de inspección
La presentación de una declaración responsable como la que hizo ante el Ayuntamiento Alberto González Amador es algo habitual a la hora de iniciar actividades económicas u obras en Madrid. Se trata de una figura legal por la que la persona que la presenta asegura contar con todos los permisos para ejercer la actividad. La entidad responsable de la supervisión –en este caso la Junta de Chamberí– ha de revisar con posterioridad los documentos y, en el caso de que sean correctos, otorga su visto bueno a la operación. O niega la actuación, como ha ocurrido en este caso.
Las dos resoluciones negando las obras fueron firmadas por la citada María Cristina Goncer, entonces coordinadora general de Chamberí. Como contó este medio, fue cesada en su puesto después de la reelección de Almeida como alcalde. Como el concejal de Chamberí del momento en el que se tramitó la denegación de la obra, Javier Ramírez, ha acabado lejos de este distrito. Actualmente es subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General Ordenación Urbana Madrid. El Ayuntamiento de Madrid asegura que el cese fue voluntario porque la coordinadora “quiso volver a su plaza”. Fuentes internas del PP consultadas por este periódico aseguran que la salida de Ramírez de las listas –fue hundido al puesto 33– se debió a una “represalia” por haber puesto reparos a las obras en el piso en el que actualmente reside la presidenta de Madrid.
El equipo del alcalde Almeida ha mantenido un cerrojazo informativo sobre el expediente abierto por las obras ilegales de Alberto González Amador. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz llegó a asegurar que no iba a filtrar “ni un solo dato”, defendiendo la amputación del expediente entregado a la oposición.
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