De Miguel ataca a quienes le han incriminado: las confesiones son “sospechosas”
Algo se ha roto entre los acusados del 'caso De Miguel'. En julio, acabadas las sesiones del macrojuicio con motivo del parón vacacional, una reunión de prácticamente la totalidad de letrados de los imputados se zanjó con la voluntad de mantener la firmeza contra la Fiscalía, como ha ocurrido desde que la investigación judicial se inició en 2010, y de defender, cada uno con sus matices, que todas las acusaciones eran falsas. En septiembre, sin embargo, Gonzalo Susaeta, abogado de Alfredo de Miguel, inició negociaciones por su cuenta con el ministerio fiscal y sólo cuando estaban avanzadas -muy avanzadas- comunicó los preacuerdos a otros colegas. Ese pacto incluía incriminaciones a terceros y un relato de hechos muy determinado. Sin embargo, a última hora el ex 'número dos' del PNV alavés rompió la baraja y decidió retomar la línea inicial de negarlo todo. Otros imputados no siguieron su camino y entendieron que no había vuelta atrás después de haber admitido algunos delitos en el despacho de los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira y confesaron en el juicio a lo largo de los meses de octubre y noviembre a pesar de las presiones del entorno de De Miguel.
Su abogado, en un alegato de conclusiones que arrancó el lunes y finalmente acabará el miércoles, ha pedido al tribunal que “valore” adecuadamente algunos elementos de esas “declaraciones heteroinculpatorias” porque “son sospechosas” y “llevan premio”, el de “salir muy bien parados” en la acusación definitiva de la Fiscalía. Ha recordado que han llegado de manera “supertardía”, “en el minuto 89” del partido, e incluso ha cuestionado algunos elementos de esos relatos que apunta a De Miguel como líder de una trama de cobro de comisiones porque “no encajan”. Ha dicho también que esas declaraciones contradicen la línea esgrimida por los acusados y “por sus letrados” durante la larga investigación judicial y en los primeros meses de juicio. Y ha recordado que es una “obviedad” que esas personas “no están sometidas a decir la vedad”, que “le está permitido mentir” -nada distinto a De Miguel y a cualquier imputado en un juicio-.
El testimonio fundamental fue el de Josu Arruti, amigo de quien todos conocen como Txitxo y el intermediario que situó en Zambrana para impulsar el plan de creación de un polígono industrial, un proyecto valorado en 65 millones de euros. Arruti captó como promotores a los catalanes Construcciones Riera y explicó que De Miguel le solicitó que le procurara una comisión de 161.000 euros, la misma cantidad que se llevaría Arruti. No sólo eso, él y sus familiares, también imputados, admitieron delitos fiscales e incluso han devuelto ya una importante suma de dinero (130.000 euros más intereses) a la Hacienda de Bizkaia, donde estaban domiciliadas las empresas del entorno de Arruti.
Susaeta ha dicho sentir “aprecio personal” por Arruti y su familia después de tantos años y ha manifestado que ojalá hubiesen quedado absueltos, pero ha cuestionado su confesión y ha deslizado que los ingresos ilícitos obtenidos en la operación de Zambrana por sus empresas se limitasen a esos 161.000 euros. Incluso ha citado de pasada otra “comisión” de 80.000 euros. También ha lanzado el dardo de que las empresas que controlaba De Miguel jamás defraudaron a Hacienda.
Se da la circunstancia de que el relato de hechos realizado por Arruti se ciñó estrictamente, en cantidades y términos literales, a lo que había pactado De Miguel con la Fiscalía y ahora no ve verosímil su defensa. En la investigación aparecieron más pagos de Riera al entorno del político y las negociaciones se acotaron a tres movimientos realizados en 2005 y 2006 por esa cantidad. De Miguel también iba a admitir que exigió una comisión de 100.000 euros a la empresaria Ainhoa Alberdi por un contrato en el parque tecnológico de Miñano, extremo que ahora también considera como una fabulación de la Fiscalía.
La versión de Arruti sobre Zambrana fue confirmada por los gestores de Construcciones Riera, Francesc Fernández Joval y Plàcid Casas, que indicaron que efectivamente pagaron una mordida a De Miguel por su influencia política e institucional. La Fiscalía y el abogado de los empresarios catalanes, Ferran Marsol, discutían desde el inicio del juicio si ese cohecho estaba o no prescrito y, tras la confesión, el ministerio fiscal entendió que sí y no solicitará una condena a los corruptores. Para Susaeta, todo ello “llama la atención” porque en el juicio no ha habido elementos nuevos que justifiquen la rectificación del ministerio fiscal.
Investigación a las cuentas de Hierro
Otro acusado que alcanzó un acuerdo con la Fiscalía fue el empresario Prudencio Hierro, contratista habitual de la Administración y acusado de haber pagado la reforma de la casa de De Miguel y de su esposa en Gorliz (Bizkaia) como comisión a cambio de una adjudicación. Finalmente, admitió que corrió a cargo de la factura de las obras para facilitar a la pareja un ahorro de IVA y como favor a quien, en aquella época, 2008, era diputado. “Siempre ayuda” tener el favor de un cargo público influyente, manifestó. A cambio, la Fiscalía dio por bueno que De Miguel había devuelto el dinero sin IVA y que era una dádiva genérica, sin relación con ninguna contrata concreta.
En este caso, de nuevo, eran los términos prefijados por De Miguel en su negociación, ya que la dádiva se reducía del total de la obra (unos 44.000 euros) al IVA ahorrado (unos 6.000). El abogado de De Miguel ha indicado que esta operación fue idea del empresario y que ello “no es casual”. Ha añadido, en este sentido, que el gran beneficiario en términos económicos de la operación de Gorliz no fue el matrimonio, sino el propio Hierro, que obtuvo un “beneficio fiscal de 10.000 euros”. La defensa de De Miguel ha investigado en las últimas semanas las cuentas de la empresa de Hierro para obtener esas conclusiones, según ha manifestado el letrado. Todos los acusados tienen derecho a un último turno de palabra antes del final del juicio, por lo que Hierro podrá rebatir estas afirmaciones.
“Parece que nació como el más poderoso del PNV”
Por otro lado, el abogado Susaeta he incidido igualmente en que De Miguel nunca tuvo la influencia política que se le atribuye. “El día que vino al mundo debió nacer como el hombre más poderoso de la organización alavesa del PNV”, ha ironizado el abogado, que ha incidido en que “este señor no era presidente de Araba Buru Batzar” y que su puesto cuando nació Kataia Consulting y se gestó Zambrana era de un contratado “laboral” en una “sociedad anónima”, como era el Industrialdea del Valle de Ayala.
Para la defensa de De Miguel, en este juicio “la afinidad política y la militancia” han sido un asunto “excesivamente manido” ya que no tiene relevancia. “Decir que por el hecho de tener unas mismas ideas o militancia se puede participar en actividades ilícitas o delictivas son palabras mayores”, ha remachado.
