“Que se joda Ramón Sampedro”, gritará la ultraderecha política y mediática

Esta semana España va a dar el penúltimo paso en la aprobación de un nuevo derecho fundamental: el derecho a una muerte digna. Esta semana el Congreso de los Diputados va a aprobar el dictamen de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Tras esta votación, que previsiblemente tendrá el apoyo de más de 200 escaños, quedará la votación en el Senado y el derecho a una muerte digna será Ley en los primeros meses de 2021.

Por fin, en España, se reconocerá que las personas que sufran una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, que, a juicio de la propia persona, le causen un sufrimiento físico o psíquico insoportable, podrán ser ayudadas a morir dignamente y sin dolor en el seno de nuestro sistema de salud.

Con la aprobación de esta ley, se acabará también con la despiadada situación a la que se han tenido que exponer personas como Ramona Maneiro o Ángel Hernández, quienes, por haber ayudado a sus seres queridos a morir dignamente en un generoso y durísimo acto de amor, pueden ser perseguidos penalmente e incluso encarcelados.

En los primeros meses de 2021, España se situará de nuevo en la vanguardia de los derechos fundamentales en el mundo, nos convertiremos en un país más humano y más decente y muchos nos volveremos a sentir orgullosos de nuestro pueblo.

Porque no hay que olvidar que el apoyo al derecho a la eutanasia es abrumadoramente mayoritario en nuestra sociedad según todas las encuestas. Por citar un ejemplo reciente, en abril de 2019, Metroscopia preguntó lo siguiente: “¿Cree usted que un enfermo incurable tiene derecho a pedir a los médicos que le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor?” El 87% de los encuestados contestó SÍ. Sólo el 8% contestó NO.

Lamentablemente, y ahora vienen las malas noticias, este logro valiente, decente y radicalmente humanista del pueblo español se va a ver enturbiado por el griterío y las barbaridades que van a proferir los portavoces de la ultraderecha política y mediática. Ya lo vimos en febrero, cuando iniciamos el trámite de la Ley, y lo volveremos a ver.

Básicamente hay dos argumentos (por llamarlos de alguna manera) y un elemento de serio defecto de comprensión de la democracia que van a poner encima de la mesa… de nuevo.

El primer argumento, el menos reaccionario pero igualmente falaz, intenta enfrentar los cuidados paliativos (es decir, los tratamientos médicos que buscan evitar el dolor a personas en fase terminal y que padecen gran sufrimiento) con el derecho a una muerte digna. Los que esgrimen este argumento falaz dirán ---dicen--- que, si hubiera buenos cuidados paliativos, no haría falta el derecho a la eutanasia. Como toda buena mentira, esto tiene varias vías de agua. La primera, que los principales defensores de este argumento (el PP) son los que más han recortado en sanidad y, por ende, en cuidados paliativos. La segunda, que resulta bastante obvio que puede haber quien prefiera que le ayuden a morir dignamente que prolongar artificialmente una vida encamada y llena de un intenso dolor sólo mitigado por grandes dosis de morfina. Yo mismo y probablemente muchas de las personas que me leen.

Pero es que, incluso sin dolor, debe existir el derecho a la eutanasia si la persona experimenta un sufrimiento psíquico insoportable derivado de un padecimiento incurable. Esto es lo que nos enseñó el caso de Ramón Sampedro y la película “Mar adentro”. La tetraplejía no cursa con gran dolor y, por lo tanto, no requiere de cuidados paliativos. Sin embargo, Ramón Sampedro (incluso para los que no compartimos su modo de ver la vida) debería haber tenido derecho a la eutanasia. Es evidente que los cuidados paliativos y la eutanasia no son excluyentes sino complementarios y es igualmente obvio que la posición política en contra del derecho a la eutanasia es un “que se joda Ramón Sampedro” en toda regla, similar a otros famosos “que se jodan” proferidos por el PP en el Congreso.

El segundo “argumento” que vamos a escuchar esta semana es trade mark de la ultraderecha, aunque también lo sugiere de forma más o menos velada, más o menos explícita, de vez en cuando, el PP. Es duro escribirlo pero es lo que dicen con bastante claridad: a saber, que los grupos políticos que apoyamos esta Ley buscamos reducir costes a la Seguridad Social mediante un genocidio soterrado de personas mayores. El “argumento” es de una miseria moral tan repugnante que, en realidad, no hace falta contestar. Y no porque acuse de asesinos a más de la mitad del Congreso, que eso ya estamos acostumbrados. Sino por la podredumbre moral que supone, primero, sugerir que nuestros profesionales sanitarios van a dedicarse a asesinar ancianos y, segundo, intentar inyectar mentiras, odio y miedo en personas mayores y enfermas.

Esta basura dialéctica tiene algo que ver ---en tercer lugar y al fin y al cabo--- con la incapacidad que siempre ha tenido la ultraderecha reaccionaria para comprender una de las bases más fundamentales de la democracia: que los derechos no obligan a quien no quiere ejercerlos y ensanchan, sin embargo, la libertad de todos. El derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo no obliga a ninguna mujer a interrumpirlo, el derecho a contraer matrimonio con una persona de tu mismo sexo no obliga a ningún heterosexual a dejar de serlo y el derecho a la eutanasia no obliga a nada a quien quiera seguir viviendo. Esto la derecha y la ultraderecha autoritarias no lo comprenden y por eso luchan con uñas y dientes contra todo nuevo derecho si a ellos no les gusta. Por eso intentaron meter su moral privada en los úteros de las demás, en la alcoba de los demás y, ahora, en el lecho de muerte de los demás. Eso sí, luego harán manifestaciones en descapotables gritando “libertad”.

Esto es así y lo hemos vivido muchas veces a lo largo de la historia, del mismo modo que se repite también otra constante cuando hablamos de consecución de nuevos derechos: la sociedad siempre va por delante de los portavoces de la derecha y la ultraderecha política y mediática.

No sólo el 87% de los encuestados contestó que sí al derecho a la eutanasia, el año pasado, en la encuesta de Metroscopia. También contestaron que sí el 65% de los votantes del PP y el 73% de los votantes de Vox, lo cual revela algo que ya sabíamos: que los votantes de PP y VOX son mucho más decentes que sus dirigentes. Esta semana, cuando les veamos soltar sapos y culebras por la boca en la televisión y en la tribuna del Congreso, recordemos este dato.

Cuando los obispos salgan estos días a disparar contra los grupos que apoyamos esta Ley, y cuando la diputada de Vox vuelva a bramar en el Congreso “¡Que Dios les perdone!”, como hizo en febrero, recordemos que el 91% de los católicos no practicantes contestó sí al derecho a la eutanasia en dicha encuesta, y lo mismo dijeron el 86% de los católicos poco practicantes y el 59% de los católicos practicantes. Porque ---esto también ya lo sabíamos--- los católicos son mucho más decentes que los obispos y querer prohibir que alguien pueda morir dignamente muy cristiano no es.

En España vamos a conquistar por fin este derecho fundamental y, cuando los portavoces de la derecha y la ultraderecha política y mediática estén gritando barbaridades y llamando asesinos al 87% de los españoles, los diputados que votemos a favor estaremos sonriendo y pensando que va por vosotros y vosotras, por esa inmensa mayoría de compatriotas decentes… y también por Ángel Hernández y su mujer y por Ramona Maneiro y por Ramón Sampedro.