Cuando se habla de negociaciones con comunidades, si hay una disposición famosa en la política española es la cláusula Camps, la que establece en el Estatuto valenciano que cualquier modificación de la legislación estatal que incremente las competencias para Catalunya tendrá que ser aplicable a la Comunitat Valenciana. No debería ser difícil teniendo en cuenta que los catalanes se rigen aún por un Estatut que no votaron puesto que el que refrendaron fue recortado posteriormente y así se quedó hasta hoy. Podríamos insistir en que esto no es normal y, aunque con todo lo que vino haya quien lo ha olvidado, no está de más recordarlo.
Al PP igual le convendría ahora recurrir al mismo sistema y utilizar esa metodología (apuntarse al camino abierto por Catalunya) para la condonación de la deuda que Pedro Sánchez prometió a ERC para garantizarse la investidura. Desde un principio ya quedó claro que esa quita beneficiaría también a otras autonomías, algo que los republicanos aceptaron sin problema.
Recurramos de nuevo a la hemeroteca para entender por qué hay que perdonar deuda a las autonomías.
El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) fue una de las primeras ideas de Cristobal Montoro para capear la crisis de financiación que sufrieron las comunidades autónomas en los compases iniciales de la gran crisis, que azotó especialmente al sur de Europa desde 2009. Por eso no sorprende que el FLA, como instrumento económico, pero también político, reflejase perfectamente la ideología del Gobierno que lo diseñó: una fe ciega en la austeridad y un marcado escepticismo en la descentralización que suponen las autonomías.
“Un estado descentralizado no tiene por qué ser despilfarrador y generador de déficit”, afirmó Montoro en uno de los Consejos de Política Fiscal y Financiera del año 2012. No eran unas palabras amables dirigidas a las autonomías, sino todo un programa político. El entonces ministro pretendía demostrar que podía meter en cintura a los gobiernos regionales gastadores, y así aplicó el FLA.
Por eso, con este fondo, en vez de solucionar de forma solidaria los problemas de financiación que sufrían, sobre todo, Catalunya, Comunitat Valenciana y Andalucía, se aprovechó el mal trago que suponía para las autonomías el no poderse financiar en los mercados para aplicarles un correctivo en forma de unos intereses habitualmente más altos que los marcados por el BCE para prestar dinero a los Estados.
Tanto entonces como estos días se escuchan voces que aseguran que la razón por la que estas comunidades y no otras debieron pedir dinero prestado fue la mala gestión de sus gobiernos. Una idea tan tramposa como cuando en algunos países del norte de Europa se hablaba de “apretar el cinturón” a los derrochones Estados del sur. La realidad es que el sistema de financiación, pensado para otro momento y otra coyuntura económica, no era capaz de aportar los ingresos que necesitaban las comunidades autónomas en una crisis que les afectaba a todas aunque a unas más que a otras.
Al final, incluso el propio Montoro planteó en 2018 una reestructuración de la deuda de las comunidades. “No hay ningún interés del Estado de financiarse a través de deuda de las comunidades”, aseguró, dejando implícito que el efecto del instrumento era exactamente ese, un beneficio para la administración general del Estado a costa de las comunidades.
La quita que se ha diseñado ahora desde el Ministerio de Hacienda busca, principalmente, sanear las cuentas autonómicas y liberar recursos del Estado central hacia las comunidades que son, por cierto, las administraciones de las que depende el grueso del gasto en política social (en el caso de Catalunya, sanidad, educación y servicios sociales representan casi el 80%). Una mejora para todas, que pretende también comenzar con mejor pie la difícil etapa del rediseño del nuevo modelo de financiación autonómica que, guste o no, se esté o no de acuerdo con la propuesta catalana, ya no puede dejarse para más adelante.
Ante las críticas desatadas por el PP a la fórmula, hay que recordar que, si se mide por habitante, Comunitat Valenciana es el territorio más beneficiado, seguido por Andalucía. Dos comunidades que no gobiernan ni Pedro Sánchez ni ninguno de sus socios. Otra forma de verlo es que, de los 83.252 millones de euros que asumirá el Estado, nada menos que el 67% irá destinado a comunidades que gestiona el PP.
En noviembre de 2023, la consejera de Hacienda andaluza, Carolina España, explicó en una entrevista en ABC que la Junta no tendría “ningún problema” en aceptar el dinero en concepto de quita de deuda, si era para todas las comunidades. Dos meses después, en otra entrevista en Canal Sur Televisión, volvió a insistir: “Nosotros no podemos negarnos a una condonación de la deuda si se va a hacer para todas las comunidades autónomas. Sería absurdo negarse a algo así”. Este lunes, como recordaban los compañeros de elDiario.es en Andalucía, un periodista le preguntó por aquellas declaraciones, y lo que hizo la consejera fue despejar la pelota como pudo: “No recuerdo esas declaraciones a las que usted hace referencia, no conozco el contexto...”. El contexto es el mismo y es que las comunidades necesitan oxígeno. Si en Andalucía tienen menos es también porque han optado por bajar impuestos, como si las arcas públicas se llenasen solas.
En todo caso, la quita es un parche, lo máximo a que se puede aspirar en un país en el que los partidos han sido incapaces de ponerse de acuerdo para impulsar un nuevo modelo de financiación. El actual caducó hace más de una década, en el 2014. Eso también está en la hemeroteca.