Duelo de tahúres en el debate de la deuda autonómica
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Solo en España las comunidades autónomas contemplan la posibilidad de borrar miles de millones de euros de su deuda pública y que algunas reaccionen como si les estuvieran ofreciendo una miseria. Jorge Azcón fue el que lo describió en los términos más deliciosos por tener que ver con la comida. El presidente aragonés acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de “dar lentejas con jamón y chorizo” a los independentistas y “a Aragón lentejas a palo seco”. Como siempre con la derecha de Aragón, un poco de desprecio a los catalanes nunca sobra en la dieta política. Si la deuda que se puede cancelar a Aragón es de 2.124 millones, hay que admitir que estamos ante las lentejas más caras de la historia de la gastronomía.
En Catalunya hay quienes tampoco están nada entusiasmados con esta oferta de quita. Junts dio a entender que votará en contra de la medida en el Congreso, a pesar de que la autonomía catalana sería la segunda más beneficiada. “El pacto sobre la condonación de la deuda consolida el café para todos”, dijo la portavoz del partido. Café para todos. Un clásico de la democracia española. Hay expresiones que han quedado fijadas en el subconsciente político español y siguen ahí desde hace décadas. Vale usarlas incluso cuando el que se queja va a recibir café en cantidades astronómicas.
Las críticas de Junts cuentan con un componente irónico imbatible. La deuda de la Generalitat se multiplicó con gobiernos presididos por ese partido en su versión anterior de Convergència (CiU). Pocas veces una formación que presumía de ideología liberal y favorable a los negocios ha fomentado con tanta pasión la idea de que todos los problemas se solucionan aumentando el gasto público. Igual es que muy liberales no eran.
En una versión claramente alucinógena, el hecho de que la quita se extienda a todas las comunidades autónomas, aunque no con las mismas cantidades, hace que Junts sostenga que serían los contribuyentes catalanes los que estarían sufragando la quita, porque el sistema de financiación les perjudica. Como en los tiempos del procés, el partido de Carles Puigdemont cree que los catalanes deberían ser compensados por el hecho de ser más ricos que los demás.
El Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas a causa del pacto que firmaron el PSOE y Esquerra. Eso hará que los gobiernos regionales se ahorren entre 5.000 y 7.000 millones en el pago de intereses anuales, una cantidad considerable que puede tener efectos reales en sus presupuestos. Andalucía será la más beneficiada: 18.790 millones menos de deuda. Le siguen Catalunya con 17.104 millones, la Comunidad Valenciana con 11.210 millones y Madrid con 8.644 millones.
El Partido Popular lo considera otra muestra de los favores que el PSOE concede a sus socios para mantener su apoyo al Gobierno en el Congreso. Esto es lo que tiene estar en el Gobierno o aspirar a formarlo. Por eso, José María Aznar ofreció a Jordi Pujol en 1996 una cesión de soberanía fiscal entregando a las comunidades autónomas la posibilidad de gestionar una parte del IRPF. El pacto con CiU condicionó por completo el reparto de responsabilidades entre la Administración central y las autonomías. El precio fue el apoyo nacionalista a la investidura de Aznar y a su Gobierno durante esa legislatura. Obviamente, el PP no dijo ese año que Aznar estaba “comprando el alquiler de Moncloa” (el entrecomillado es de Feijóo).
Para el PP, la diferencia estriba en que Pujol era entonces un 'catalán bueno' porque aseguraba la estabilidad del Estado –hasta el ABC le nombró “español del año”– y ahora Pedro Sánchez llega a acuerdos con 'catalanes malos' a los que les gustaría independizarse. Lo tienen más lejos que nunca, pero esto último parece que no es un dato relevante en estos momentos.
“Lo que pretende (el Gobierno) es condonar a Catalunya enmascarándolo en una quita general”, dijo el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado. El PP afirma que eso es beneficiar a la Generalitat con el dinero de todos los españoles. No se atreve a decir que condonar deuda a Andalucía, Galicia o Murcia sea igualmente ofensivo.
La oposición de Alberto Núñez Feijóo a la quita es completa. Se ha comprometido a que el PP votará en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el miércoles y en el Congreso, cuando se tramite en forma de ley. Si saliera adelante, el paso siguiente sería que los gobiernos autonómicos solicitaran acogerse al programa. Está por ver si se atreverán a rechazar el regalo solo porque los catalanes también se llevan mucho dinero. María Jesús Montero dijo el martes que cada Gobierno deberá firmar un convenio con el Ministerio, un detalle de cierta maldad, porque obligará a todos a retratarse ante las cámaras.
En caso de que las regiones del PP se nieguen a aceptar firmar con Montero, sería una oportunidad excelente para los socialistas, en la oposición en la mayoría de esas comunidades autónomas. Tendrían el campo libre para comunicar a los votantes que el PP prefiere perjudicarles económicamente con tal de llevar la contraria a Sánchez.
“El PP tiene que aclarar si está por condonar o por condenar”, dijo la ministra Pilar Alegría en un juego de palabras un poco pillado por los pelos. “Si quiere condonar o quiere condenar a todos los ciudadanos de sus autonomías al no aceptar una iniciativa que puede mejorar su situación económica”.
Todos estos debates acarrearían menos tensiones si la financiación autonómica contara con un nuevo sistema pactado por todos y que dejara a las comunidades autónomas si no encantadas, al menos moderadamente insatisfechas. Ese es el gran fracaso del PP y el PSOE que no han podido promover el consenso necesario con los gobiernos de Rajoy y Sánchez en la última década. Siempre ha habido razones para dejarlo para más adelante.
Al igual que con el decreto ómnibus que provocó dos emocionantes votaciones, el Gobierno juega con la carta de convencer al PP de que le conviene votar a favor del Gobierno, en este caso por los beneficios que recibirán las comunidades autónomas. Pero esto no es como el voto de los pensionistas, que siempre preocupa al PSOE y el PP. Quizá a Feijóo le interese más apostar por un comodín de larga trayectoria en su partido: todo lo que beneficie a los catalanes tiene que ser malo para el resto de España.
A eso se ha aplicado el PP andaluz, que publicó el lunes en redes un fotomontaje en el que aparece una estelada independentista detrás de Sánchez y de María Jesús Montero, ministra de Hacienda. “Son capaces de todo por seguir en el poder”, dice el texto. El nivel del descaro del partido con sus técnicas de propaganda es también de dimensiones notables.
Resulta conveniente recordar que Juanma Moreno y su consejera de Hacienda habían exigido una quita de 17.800 milllones de euros, algo menos de lo que finalmente se les ha concedido. Deberían estar muy satisfechos. Todo lo contrario. Están indignados por todo eso de los catalanes.
Andalucía es la región que recibirá más dinero con la quita y podrá decir que ha salido más favorecida que Catalunya. Esos 18.790 millones menos suponen un 48% de toda la deuda autonómica andaluza (el porcentaje es del 20% en el caso catalán). Lo del PP andaluz es como atracar un banco y luego denunciar indignado que la policía no hace lo suficiente para frenar el crimen en la calle.
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