Martínez-Almeida y su “mayor campaña de la historia”

El julio pasado, el acalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hizo balance del programa de reforestación acometido entre octubre de 2021 y mayo de 2022 por el Ayuntamiento para reparar la pérdida de 80.000 árboles que causó el temporal Filomena. Dijo el regidor que ya se habían plantado 90.620 árboles –“un 12% más de los que fueron devastados”- y que en breve se cumpliría el objetivo de los 100.000. Embriagado de júbilo por semejante acumulación de clorofila, proclamó que se trataba de la “mayor campaña de plantación de la historia de Madrid”.

Menos de tres meses después de aquel alarde botánico, resulta que miles de árboles sembrados en distintos descampados madrileños están secos o muertos, formando gigantescos cementerios vegetales, como bien lo describe Clara Angela Brascia en un reportaje publicado el sábado en este periódico. Esos paisajes desoladores de árboles pequeñitos, apenas unos tallitos en la mayoría de los casos, abandonados a su suerte pueden verse en el ensanche de Vallecas y en los distritos de Usera, San Blas, Villaverde, Barajas o Latina, según la comprobación de la periodista. Muchos cilindros de plástico que protegían los vástagos han sido arrancados por los niños para sus juegos y están desperdigados por las escombreras.

No sé cuántos de esos árboles aún podrían rescatarse. La Asociación Vecinal PAU de Ensanche de Vallecas, que lleva meses monitoreando la plantación en esa zona, diagnostica que el 77% están muertos y son, por tanto, irrecuperables. No soy un entendido en asuntos del reino vegetal. Confieso que fui un pésimo alumno de la asignatura llamada Ciencias Naturales; lo único que recuerdo de aquellas clases con un profesor somnífero apodado Morfeo son las palabras “monocotiledónea” y “lanceolada”, que por algún motivo llamaron mi atención y se incrustaron en mi memoria. Pero no hay que ser un experto para advertir que algo no ha funcionado bien en la “mayor campaña de plantación la historia”. El propio Gobierno municipal lo sabe. Sin embargo, fiel a su estilo de echar balones fuera, atribuyó el desastre ecológico a “las tres olas de calor que ha habido este año, que ha sido el verano más duro desde 1961”, según justificó el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, en un pleno municipal. Sin duda hemos asistido a un verano demasiado largo y despiadadamente caluroso, pero los ciudadanos tienen derecho de saber qué hizo el Ayuntamiento para evitar, o al menos amortiguar, el holocausto ecológico que salta hoy a la vista.

Vecinos de las escombreras dicen que no han visto empleados municipales realizando tareas de riego o cualquier labor de mantenimiento en las plantaciones. “Era necesario darles agua al menos una vez por semana”, afirma uno. Algunos expertos sostienen que la siembra debió realizarse en otoño. Otros opinan que debieron plantarse árboles un poco más grandes, de modo que tuvieran una mayor capacidad de adaptación. Y hay quienes, por elevación, ponen en entredicho el profesionalismo de los diseñadores de la campaña, con el argumento de que algunos de los terrenos no son aptos para el crecimiento de árboles. El Gobierno madrileño tiene la obligación de dar respuesta a todas estas observaciones, sin refugiarse en el argumento de que ha habido mucho calor, como si los fenómenos naturales fuesen una fatalidad contra la cual los máximos responsables de la Administración Pública no pueden sino postrarse reverencialmente, como los seres del paleolítico cuando retumbaba un trueno.

Estoy convencido de que, si la izquierda estuviera al frente del Ayuntamiento madrileño y el PP en la oposición, este habría exigido a voces la conformación de una comisión de investigación sobre lo que no es solo un evidente desastre ecológico, sino una más que probable dilapidación de recursos públicos, teniendo en cuenta que la ambiciosa campaña de siembra no salió gratis, sino que se ha sufragado con el dinero de los contribuyentes. Los conservadores habrían afirmado que la izquierda es tan incompetente que no sabe ni cuidar unos arbolitos y habrían movilizado todas sus redes de información para indagar si entre los que autorizaron, concibieron o ejecutaron la campaña de reforestación hay algún pariente de la niñera de Irene Montero. Sin embargo, como es el PP quien está en el Gobierno, el culpable del arboricidio fue esa fuerza omnipotente llamada calor.

Lo ocurrido con la campaña de plantación -o con una parte sustancial de ella- merece ser objeto de debate público. El Gobierno madrileño debe explicar de modo convincente por qué condenó a su suerte a miles de seres vivos que necesitaban agua y terreno adecuado para su supervivencia; qué medidas adoptó, si es que adoptó alguna, para intentar evitar la catástrofe. De paso, sería interesante conocer más detalles sobre “la mayor campaña de plantación de la historia de Madrid”: si la ejecutaron empleados municipales o si se desarrolló mediante contratas, tan habituales en las administraciones populares, y en cualquier caso a qué precio. El Consistorio se ha limitado a decir que resolverá el problema de los árboles afectados, sin precisar cuándo y qué precio tendría para los contribuyentes.

Es obvio que el Gobierno de Martínez-Almeida no está por la labor de dar explicaciones. Pero, por preguntarle, que no quede.