La trama de los semáforos hace caer a Ulibarri, el magnate de los medios al que ningún político en Castilla y León dice no

“Hay dos tipos de personas: las que consiguen lo que quieren y las que no se atreven a conseguir lo que quieren”. La frase la pronuncia el protagonista de la película Ciudadano Kane, pero es extrapolable al magnate de los medios de comunicación en Castilla y León, José Luis Ulibarri Cormenzana, que fue detenido este martes en su imponente residencia en la carretera de Tordesillas (Valladolid), en el marco de la 'operación enredadera'. 

Según fuentes de la investigación, el empresario está en el epicentro de una trama corrupta que amañaba contratos públicos sobre tecnología para regular el tráfico en pequeños y medianos ayuntamientos.

José Luis Ulibarri Cormenzana, hijo de taxista, comenzó su trayectoria profesional como aparejador y acabó siendo propietario de un gran grupo de construcción y servicios y de emisoras de radio, periódicos y la mitad de Radio Televisión Castilla y León, la gran apuesta política y económica de la Junta. Cada año, esa televisión a medias con su rival de Burgos, Antonio Miguel Méndez Pozo, condenado por el 'caso de la construcción', recibe una ayuda pública directa del Gobierno de Castilla y León que oscila entre los 15 y los 25 millones de euros.

No hay político del PP en la región que le niegue su presencia en cualquier acto que organice. Mantuvo intacta su capacidad de influencia tras ser imputado en Gürtel. Y después de que la Policía Nacional irrumpiese en la sede televisiva al grito de “todo el mundo fuera de los ordenadores”. Incluso cuando la Fiscalía pidió para él siete años de prisión en un juicio que aún no se ha celebrado. Hace un par de semanas, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, su delfín y presidente del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, y varios consejeros de la Junta acudieron a uno de sus foros periodísticos. Los dos primeros aparecían en las fotos ajustándose la corbata y seguidos de Ulibarri. 

De origen burgalés pero afincado en el Bierzo comenzó trabajando con “don Pepe”, como llamaban a José Martínez Núñez, un constructor de origen gallego dueño de Teconsa, inmerso en casos de soborno, sabotaje, chantaje y señalado en su día por Xosé Cuiña Crespo, consejero de Obras Públicas de la Xunta de Fraga, como el cerebro de un plan que pretendía asesinar al político gallego que falleció años después por una enfermedad respiratoria. Algunas de las historias asociadas a Ulibarri incluyen episodios más propios de Sicilia que de la aparentemente tranquila Castilla y León.

En 1995 creó Begar Construcciones y Contratas, hoy extinguida, y entró en directa competencia con el que fue su mentor. Tan sólo cuatro años después, en 1999, Ulibarri denunciaba a Martínez Núñez por encargar que incendiasen la sede de sus empresas en Valladolid. El caso se archivó en 2004. En las diligencias previas del juzgado de Instrucción número 3 en Valladolid se decía: “El constructor leonés José Martínez Núñez ordenó el sabotaje contra las oficinas de la constructora Begar de Valladolid. En la madrugada del 19 de febrero de 1999, dos encapuchados rompieron cristales de las oficinas de la constructora Begar, propiedad de José Luis Ulibarri, y lanzaron al interior varias botellas incendiarias, junto a una nota en la que se podía leer 'primer aviso”.

La denuncia explicaba que José Martínez Núñez ordenó a dos hermanos propietarios de una oscura agencia de detectives que causasen daños en la sede de las empresas Begar y Retecal en Valladolid. Ambos fueron detenidos ese año por su presunta relación con los ataques a la empresa berciana del industrial Gumersindo Castro, y encargaron a su vez el sabotaje en las oficinas de Begar a dos de sus empleados.

Los dos hombres, cubiertos por pasamontañas, rompieron la luna con un cortacristales, vertieron gasolina y provocaron un incendio que causó daños por importe superior a 600.000 euros. El caso acabó archivado. Uno de estos hombres se ahorcó más tarde en su domicilio de León. Su mujer siempre sospechó que no fue un suicidio, a pesar de que en una carta le indicaba donde estaba la pistola para matar a Cuiña. 

En paralelo a su actividad en la construcción, Ulibarri empezó también su aventura en los medios de comunicación con pequeñas televisiones primero, emisoras de radio después, periódicos... a la vez que competía con otro constructor, Antonio Miguel Méndez Pozo, un oscense criado en Zamora, afincado en Burgos y que también empezó en la construcción como aparejador. Pasó siete meses en prisión por el caso de la construcción. Al salir, empezó a montar su imperio de comunicación.

Ambos estaban enfrentados pero la Junta, que siempre quiso una televisión pública, acabó acercando a los rivales, con un convenio para crear Radio Televisión Castilla y León, y una catarata de millones de dinero público que manaban hacia la tele con el objetivo de fijar la “identidad” de la región. Los redactores rasos cobran menos de 1.000 euros en la televisión autonómica. 

La Junta sigue tratándole bien en sus concursos, hasta el punto de adjudicarle un contrato de transporte de viajeros sin experiencia previa que otro empresario de cabecera del Gobierno, José Rolando Álvarez, de Grupo Norte, acabó impugnando con éxito. La Junta deberá indemnizarle con más de 800.000 euros.

Ulibarri tiene una estrecha relación con León de la Riva, exalcalde de Valladolid. Entre 2003 y 2009 el Ayuntamiento le adjudicó obras por valor de más de 22 millones de euros. Pero las amistades y los negocios de Ulibarri se extienden más allá de los dominios de Castilla y León. 

En la Comunidad Valenciana, Ulibarri se hizo socio del expresidente de Nuevas Generaciones del PP Antonio Martín Beaumont. En 2005 reunieron en Mediamed Comunicación Digital 13 adjudicaciones de licencias de Televisión Digital Terrestre. En 2009, Producciones Audiovisuales Digitales Alicante, controlada por Ulibarri, se hizo con el control de la Televisión Municipal de Valencia (TMV), con la compra del 80% de las acciones a la adjudicataria original, Canal 13. 

En Castilla La Mancha, en 2015, el Gobierno de María Dolores de Cospedal le adjudicó un contrato de 34 millones de euros para gestionar una residencia de ancianos. No es la única, tiene cuatro concesiones parecidas en Madrid; once en Castilla y León; y también en Murcia, Aragón y Cantabria.

En Madrid, con la intervención de Francisco Correa, al que compró su yate, consiguió el proyecto de viviendas de Boadilla del Monte que le metió de lleno en Gürtel. El Grupo Begar, que llegó a estar en concurso de acreedores y ya se ha extinguido, renació como Grupo Elodea, también en concurso con una deuda de 189 millones de euros. El nombre lo toma de una planta acuática cuya venta está prohibida en España por su peligrosidad. Todas las empresas del grupo tienen nombre botánico, como la operación en la que Ulibarri acabó siendo detenido.