Sánchez e Iglesias acordaron adelantar el Ingreso Mínimo a mayo para evitar ahondar en la división de la coalición

La respuesta social y económica a la crisis de la COVID-19 ha aflorado intensos debates en el seno del Gobierno de coalición. La última disputa, a propósito del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se resolvió este martes en una reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tras un Consejo de Ministros en el que el tema había vuelto a ponerse sobre la mesa y que mostraba un enconamiento en las posiciones internas en un momento en el que la unidad del Ejecutivo es fundamental.

En la reunión, el presidente y el vicepresidente segundo acordaron adelantar a mayo la puesta en marcha de esta prestación, tras un par de semanas de tira y afloja entre distintos miembros del Ejecutivo. Unidas Podemos había aumentado la presión desde principios de mes para adelantar al máximo el proyecto, mientras la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, enfriaban su puesta en marcha y aludían a la necesidad de cerrar todos los flecos. “Estamos trabajando para que haya un ingreso mínimo vital lo antes posible”, había dicho Iglesias en una entrevista en eldiario.es a principios de mes. “Esa es una de las principales políticas públicas que pondremos en marcha cuanto antes”, respondió el presidente en una rueda de prensa una semana después.

En el Ejecutivo no todos entendían igual esos “lo antes posible” y “cuanto antes”. Porque la pugna de las últimas semanas no estaba en aprobar o no una prestación económica estatal a los hogares más vulnerables, sino en cuándo ponerla en marcha. España ya llevaba varias semanas en estado de alerta para atajar la expansión de la COVID-19 cuando Sánchez e Iglesias prometieron que el Ingreso Mínimo Vital sería una de las respuestas a la crisis económica y social provocada por la drástica caída de casi toda actividad no esencial a raíz de la pandemia del SARS-CoV-2.

El plan del Gobierno, confirmado por todas las partes este jueves, es aprobar un nuevo colchón para los más vulnerables, que llegue a un millón de hogares –un 10% familias monoparentales, según sus cálculos– con el objetivo de dar una salida diferente a la que se dio a la crisis financiera hace ahora una década.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) formaba parte del acuerdo del Gobierno de coalición firmado por PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019. El encargado de diseñarlo fue el ministro Escrivá. Un independiente que el presidente del Gobierno nombró desde su puesto al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Desde ese cargo de supervisor de las administraciones públicas, Escrivá ya había planteado una renta mínima que reduciría la pobreza severa un 60% con un coste de 3.500 millones. Pero la crisis del coronavirus ha cambiado todos los planes del Gobierno, que ha legislado sobre la marcha mecanismos para facilitar los ERTE, limitar los despidos, aportar liquidez a las empresas, dar ayudas a los autónomos, permitir moratorias en el pago de hipotecas, aprobar ayudas al alquiler o la paralización y posterior reactivación de parte de la actividad económica no esencial.

En todas esas medidas las posiciones dentro del Gobierno han sido más o menos divergentes, con los ministros de Unidas Podemos enfrentados a las responsables económicas del ámbito socialista y Sánchez inclinando la balanza a uno u otro lado. Y en las dos últimas, alquileres e IMV, lo hizo del lado de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño. Así que Pablo Iglesias puso todo su empeño en adelantar la prestación, heredera de la renta básica que abanderó Podemos en su fundación. Por convencimiento, pero también por la ventana de oportunidad que se había abierto tras perder lances anteriores.

El vicepresidente segundo planteó la posibilidad de hacer un IMV “puente” que cubriera las necesidades inmediatas de quienes han dejado de tener ingresos por la crisis, mientras el Ministerio de Escrivá terminaba de perfilar la prestación definitiva. Pero el plan de Unidas Podemos chocaba con la negativa del ministro de Inclusión, de la de Hacienda y del propio presidente del Gobierno.

La propuesta de la Vicepresidencia de Iglesias cayó como un jarro de agua fría por la forma de gestionarla. El departamento envió el pasado viernes a los medios un comunicado que daba por hecho que saldría adelante sin haberlo consensuado previamente. “El Gobierno quiere aprobar de forma urgente un Ingreso Mínimo Vital Puente que permanezca vigente hasta la aprobación del IMV definitivo y complete así el escudo social que está construyendo el Gobierno para que nadie quede desprotegido en esta crisis”, expresaba la nota.

En el gabinete de Sánchez, sin embargo, aseguraron que era la “primera noticia” al respecto. En el departamento de Inclusión y Seguridad Social dijeron que ellos estaban trabajando en la renta mínima permanente y no en una solución extraordinaria para los próximos meses. 

Tras esto, el Gobierno enfrió la puesta en marcha del IMV por boca de su portavoz, quien cerró la puerta a la medida temporal que había propuesto el vicepresidente segundo. Dos días después lo hizo el propio presidente, cuando aseguró que la renta mínima se pondría en marcha “cuanto antes”, pero dejó claro en todo caso que sería la propuesta permanente en la que trabajaba el departamento de Escrivá y no una temporal o “puente”.

El propio ministro, que ha defendido de forma habitual posiciones de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, rebajó mucho las pretensiones de Iglesias el lunes en una entrevista en El País en la que llegó a hablar de “iniciativas bienintencionadas”. Y el martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, de nuevo la portavoz aseguraba que se estaban “acelerando” los trabajos, pero alejaba en el tiempo su puesta en marcha: “No son medidas que se puedan improvisar ni son medidas que se puedan diseñar de un momento para otro”.

Pero ese mismo martes, antes de la comparecencia de Montero, ya se había producido un importante punto de inflexión. En la reunión previa del Consejo de Ministros, Pablo Iglesias y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, plantearon el debate sobre el IMV puente, pese a que no formaba parte del orden del día. Sánchez les pidió a ambos que dejaran el tema y propuso a Iglesias una reunión entre ellos para esa misma tarde.

Fue cuando ambos pactaron una salida para evitar ahondar en la división del Ejecutivo: adelantar el IMV definitivo lo máximo posible y aprobarlo este mismo mes de mayo.

Pero todavía faltaba un último capítulo. A pesar de haberlo acordado, la tensión entre las distintas partes del Gobierno se siguió mostrando en público. El ministro de Inclusión aseguró el miércoles en el Congreso que la renta mínima estaría lista “en unas semanas”, en “tiempo récord”. A preguntas de los periodistas, desde el departamento de Iglesias confirmaron entonces que la aprobación sería en mayo y que ese mismo jueves se produciría una rueda de prensa de ambos dirigentes para dar cuenta de esa decisión. En su lugar, Escrivá dijo en una entrevista en la Cadena Ser a primera hora del jueves que se había enterado de esa supuesta comparecencia por los medios de comunicación. Finalmente Moncloa zanjó del todo la polémica con un comunicado a media tarde del jueves que confirmaba que la medida entrará en vigor en mayo y anticipaba que se beneficiarán de ella “un mínimo de un millón de hogares”.

La resolución pactada permite salvar la cara de todos y evita el riesgo de que una postergación de la medida hiciera imposible o muy complicada su aprobación dentro de unos meses, como temían en Unidas Podemos. Además, abunda en el denominado 'escudo social' que ha puesto en marcha el Gobierno ante la profunda crisis que anticipan organismos como el FMI.

Pero la pugna se suma a las muchas que ya contabiliza el Gobierno de coalición desde su formación, tanto antes como, sobre todo, después de la irrupción de la pandemia. Y no parece que vaya a ser la última. En Unidas Podemos ya se plantean empujar en el Ejecutivo para la aprobación de una suerte de 'tasa COVID-19', un impuesto de nueva creación dirigido a las rentas más altas para ayudar a pagar la enorme factura económica que la crisis del coronavirus está generando. Una medida que necesitará del acuerdo con Hacienda y con la vicepresidenta económica.