La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido que el exconseller Joaquín Forn salga en libertad con una fianza de 100.000 euros, según informan fuentes presentes en el interrogatorio. Sin embargo, han insistido en que el expresidente de la ANC Jordi Sánchez siga en prisión sin fianza a pesar de que este ha anunciado que renuncia a la investidura y dejará su acta de diputado.
El fiscal del Supremo Fidel Cadena, presente durante la vista, no han argumentado su cambio de parecer en el caso de Forn, ya que hasta ahora los fiscales de la causa por el 1-O habían sostenido que Forn debía continuar encarcelado. Cadena sí que ha dicho que la petición respondía al artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que habilita al fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, a imponer a sus subordinados “órdenes e instrucciones” durante los procesos judiciales.
“El Fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes”, añade ese artículo que rige el funcionamiento de la Fiscalía. Cadena ha afirmado formulaba esa petición de libertad con fianza “por imperativo legal”.
En un escrito remitido tras la vista la Fiscalía cita “razones humanitarias” para el cambio de criterio y alude a la tuberculosis que sufre Forn. Sin embargo, Interior negó que el exconseller padeciese esa enfermedad porque había dado negativo en el test para detectarla. Apuntaron a que quizá tuvo contacto en su niñez con el bacilo de la tuberculosis, pero eso no implicaba que sufriese ahora la enfermedad.
La Fiscalía también valora que Forn dejase su acta de diputado “como muestra de su intención manifiesta de cese su actividad política y, con ello, nulo impacto del riesgo de reiteración delictiva”. Sin embargo, los fiscales del caso ya se había opuesto a la libertad del exconseller en anteriores ocasiones después de que este dejase el acta.
Sánchez renuncia a la investidura
Las defensas de los expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el exconseller de Interior Joaquín Forn estaban citadas este martes en el Tribunal Supremo para exponer sus argumentos para que ambos salgan en libertad. Tras el turno de Sánchez, la Fiscalía ha insistido en que continúe en prisión por que persiste el riesgo de reiteración delictiva.
Entre los argumentos de la defensa de Sánchez para oponerse a ese riesgo de que cometa nuevos delitos está que el expresidente de ANC está dispuesto a dejar su acta de diputado y a abandonar la política para regresar a su actividad como docente.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, el abogado de Sánchez ha dicho que la trayectoria de su cliente ha estado siempre fuera de la política, y que renunciará a ella si con ello consigue salir en libertad, su prioridad en estos momentos. Así lo han confirmado fuentes de Junts per Cat tras la vista en el Supremo.
Durante su turno de palabra, Sánchez ha insistido en presentarse como un hombre de paz y ha recordado sus llamamientos “a la concordia”. Ha recordado a los magistrados que no era diputado cuando se aprobaron las leyes de desconexión, así que no tiene responsabilidad en los “actos legislativos que se investigan en esta causa penal”. Además, ha rechazado el “liderazgo” que le atribuye la Fiscalía en los diferentes escritos.
En su escrito, la Fiscalía señala que Sánchez presenta aún un “extraordinario” riesgo de reiteración delictiva. “Se han acopiado nuevas e importantes evidencias sobre la concurrencia de violencia y de otros elementos del tipo penal, directamente imputables al solicitante”, añade.
Sánchez y Forn han sido trasladado a primera hora a los calabozos de la Audiencia Nacional, aunque el exconseller había renunciado a ejercer su turno de palabra en la vista, por lo que finalmente no ha comparecido en el Tribunal Supremo. Sí que lo ha hecho Sánchez, que ha defendido sus razones para salir de prisión frente a los magistrados Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde
Los recursos que han defendido este martes Sánchez y Forn son contra dos autos de febrero. En el caso del antiguo líder de ANC, no es contra el que le prohíbe acudir a la investidura, sino contra uno anterior -del 6 de febrero- que denegaba su libertad por mantener su ideario independentista, lo que imposibilita, escribió Llarena, “el convencimiento de imposible reiteración delictiva que se tendría respecto de quien profese la ideología contraria”.
En el caso de Forn, se ha opuesto a un auto del juez del 2 de febrero en el que, a pesar de haber renunciado a su escaño como signo de abandono de la vía unilateral, el juez argumentó que no estaba claro que su formación política apostase por “respetar el orden legal para lograr la aspiración de independencia”, una aspiración compartida por el exconseller, dijo Llarena.