El Gobierno abre la puerta a rebajar las penas de la sedición y que los presos independentistas salgan antes de prisión

La revisión del Código Penal será una de las patatas calientes de esta legislatura. Por un lado, el Gobierno tendrá la presión desde la bancada de la derecha, que exige un endurecimiento de las penas de aquellos delitos que se pueden asimilar al proceso independentista. Por otro, los aliados de la investidura aspirarán a una rebaja de las mismas que facilite una salida de los líderes independentistas condenados. En medio, el Gobierno reconoce que no tiene en estos momentos una posición conjunta al respecto puesto que es un tema que no se abordó en la negociación para la coalición de PSOE y Unidas Podemos. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha enfriado los cambios y los ha enmarcado en la negociación del Congreso, pero el Gobierno está dispuesto a abordar una reforma integral que termine en una rebaja de las penas por sedición. 

La posición de Pedro Sánchez ha cambiado 180º desde la campaña electoral en la que prometió un endurecimiento de las penas que se pueden atribuir al procés. Así, aseguró que incluiría en el Código Penal la convocatoria de referendos ilegales. Ahora esa medida ya no es ninguna prioridad, aunque Montero ha asegurado que una vez se abra ese melón en el Congreso, el PSOE seguirá el “espíritu” de lo prometido en la campaña. 

“Son medidas que van a tener mucho que ver con el sentir global del Congreso, no son medidas que pueda adoptar el Gobierno por su parte”, ha expresado Montero, que apuesta por que esos cambios se produzcan con el mayor consenso posible. A partir de ahí, el Ejecutivo prefiere no marcar una posición fija antes de que se produzca ese debate.

El Govern, con el que Sánchez iniciará una negociación en apenas dos semanas, se muestra dispuesto a negociar la rebaja de las penas. La importancia de una eventual modificación del delito de sedición es que podría cambiar la situación de los presos independentistas. El artículo 2.2 del Código Penal dispone que las modificaciones penales que favorezcan al reo tengan “efecto retroactivo”, incluso aunque entren en vigor después que se dictara sentencia firme y cuando el condenado estuviese ya cumpliendo la condena. Así pues, una modificación del delito de sedición podría reducir la pena de los independentistas condenados e, incluso, dependiendo de cómo fuera la reforma, podría dejarles en libertad.

Lo que sí ha dejado claro Montero es que esa reforma se acometerá, pero no solo para lo acontecido en Catalunya sino también para modificar los delitos medioambientales o para aclarar el consentimiento en los delitos sexuales. Sánchez se abrió en una entrevista en TVE a cambiar también las penas sobre la sedición. “Es evidente que esta crisis ha demostrado que tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir. No tenemos delitos homologables a otros países europeos”, expresó.

Fuentes del Gobierno explican que los delitos de rebelión y sedición son “vasos comunicantes” y que, por tanto, el endurecimiento de las penas del primero puede conllevar una rebaja de las del segundo. Esta opción allanaría el camino de la libertad para los condenados. “Si se reconoce rebelión con determinadas condiciones, la sedición estará en otro nivel”, apuntan esas fuentes, que dejan claro, no obstante, que se tienen que estudiar las distintas posibilidades y sobre todo esperar al posicionamiento del resto de los grupos. 

PP y Ciudadanos ya han salido al ataque contra Sánchez ante la posibilidad de que se rebaje la pena por sedición en lo que considerarían un “indulto oculto” en palabras de los conservadores y un “indulto por la puerta de atrás”, según lo ha calificado Inés Arrimadas. La polémica está servida por ese lado del hemiciclo mientras que Sánchez se ha comprometido con ERC y PNV a mantener una comunicación constante sobre las distintas iniciativas planteadas.