PP y Junts exhiben en el Congreso su sintonía ideológica en torno al salario mínimo

“¿Por qué el salario mínimo (SMI) tiene que ser igual si el coste de la vida es distinto?”. La pregunta la planteó este miércoles la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, durante la sesión de control al Gobierno. La representante de Carles Puigdemont en Madrid prosiguió: “La vida en Catalunya es más cara que en cualquier otro punto del reino”. La idea es calcada a la que expresó Isabel Díaz Ayuso en la Conferencia de Presidentes del mes de diciembre, cuando espetó a puerta cerrada: “El salario mínimo no debería ser igual para un agricultor extremeño que para un empresario de Madrid”.

La sesión del miércoles volvió a reflejar la afinidad ideológica entre las derechas españolas y catalana. La crisis interna abierta en el Gobierno de coalición a cuenta de abrir por primera vez el SMI a la tributación ha servido a PP, Vox y Junts para arremeter no solo contra la falta de consenso en el Consejo de Ministros, sino para atacar la política impositiva del Ejecutivo. Lo que Alberto Núñez Feijóo ha dado en llamar el “infierno fiscal” español.

El líder del PP reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no encuentre “recursos para bajar el IRPF al SMI”, pero “sí para gastarse 2.000 millones en controlar telefónica”. “No hay dinero para el tren de Extremadura, pero sí 750 millones para comprar trenes en Marruecos”, espetó.

La referencia a los “trenes de Marruecos” (una desinformación que esconde un préstamo para que el país vecino compre en empresas españolas) también la hizo el dirigente ultra José María Figaredo, quien arremetió contra la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, a quien exigió bajadas indiscriminadas de impuestos. “Disfrazados de Robin Hood, se dedican a robarles el dinero a los españoles para mejorar el bienestar de los políticos”, acusó.

Después llegó el turno del diputado Josep Maria Crusat, quien cuestionó a Montero por el “aumento de impuestos” que “sufren” los ciudadanos. “Los catalanes estamos hartos de pagar y callar”, dijo el dirigente de Junts.

Los tres partidos suman en el Congreso la mayoría absoluta, pero su coincidencia ideológica choca con la dificultad de aunar políticamente sus votos. Este mismo miércoles decayó una proposición no de ley de Vox contra los impuestos que recibió la abstención de Vox y el ‘no’ de Junts.

“Nogueras y Ayuso tendrán que explicarlo”

Más allá del voto, sí hay una coincidencia ideológica cada vez más evidente, o menos disimulada. Y con la intervención de Nogueras a favor de un SMI territorializado han vuelto a emerger las discrepancias en el seno del PP que ya se pusieron de manifiesto el pasado mes de diciembre tras las palabras de Ayuso.

El análisis de Junts es casi calcado al que expresó la presidenta madrileña el pasado mes de diciembre. Ante los principales mandatarios del país, Ayuso aseguró que “la vida en Madrid es diferente a la del resto de autonomías”. Tal y como desveló elDiario.es, argumentó: “Madrid no pide nada, que nos dejen en paz”.

Ayuso intentó luego matizar sus palabras ante los periodistas, pero reiteró la idea: “Una multinacional puede incrementar el SMI por imposición, pero esto a un agricultor, a un ganadero, a un autónomo, especialmente, en algunas comunidades autónomas, les hace papilla”. La dirigente madrileña dijo no referirse a lo que los trabajadores cobran sino a lo que pagan los empresarios, defendió posteriormente articular “peculiaridades por sectores o regiones” en lo referente al salario mínimo.

Junts expuso un argumento similar este miércoles: “Van de federalistas, pero son igual de centralistas que el PP. Han hecho que quienes trabajan, los currantes, quienes levantan la persiana, quienes practican la cultura del esfuerzo, la clase media catalana, hacen que sea cada día más pobre”.

Preguntados por la coincidencia, un portavoz autorizado de la dirección nacional del PP quiso desviar el debate: “Si Nogueras y Ayuso coinciden tendrán que explicarlo”. Pero las coincidencias programáticas entre el partido de Puigdemont y el de Feijóo son cada vez más. A la política fiscal se le ha unido en las últimas fechas su plan de prolongar la vida de las centrales nucleares. 

Pero la coincidencia va más allá de ellas dos. Hay barones del PP y dirigentes nacionales que sí defienden al menos plantearse ese debate. Es el caso de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, quien ya en diciembre en Santander salió al paso de las palabras de Ayuso. “Tiene todo el sentido, podía haber puesto el ejemplo de agricultor madrileño”, respondió a preguntas de los periodistas. Y reiteró: “Lo que ha dicho la presidenta madrileña es meridianamente claro, el esfuerzo de un agricultor o un autónomo no es el mismo que el dueño de una gran corporación. Es una reflexión perfectamente lógica”. Eso sí, este martes arremetió contra Junts y consideró “una falta de respeto” que el secretario general del partido de Puigdemont, Jordi Turull, ya dijera este fin de semana que el SMI “no puede ser lineal en todo el Estado”. “Catalunya es un infierno fiscal. Ya basta de pagar tantos impuestos”, aseguró.

La idea de un salario mínimo no homogéneo la comparte un miembro del Comité de Dirección del PP consultado este miércoles por elDiario.es. “Hay expertos que lo defienden y países que lo hacen”, aseguró esta fuente, que reclamó, eso sí, hacerlo en el marco del diálogo social. “Si se crea un buen caldo de cultivo de acuerdo, se puede trabajar” en un SMI diferenciado en función de la “calidad de vida” de las distintas regiones.

Otros dirigentes del PP se han posicionado en contra de esta idea. En la misma cita de diciembre en Santander, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, despachó la “reflexión” de Ayuso. “El SMI debe ser común en toda España”, dijo el máximo dirigente de la comunidad donde más trabajadores perciben ese salario mínimo. Moreno añadió que el SMI obedece a “una norma general” que “no atiende a la singularidad” de sectores como el agrícola. 

También Vox ha manejado la idea de un SMI diferenciado por territorios o sectores, y lo ha llevado de forma habitual en sus programas electorales. 

Hacienda no cede

Si alguien espera aún que en el seno del Gobierno de coalición se produzca una salida pactada al choque entre los ministerios de Hacienda y Trabajo, desde el equipo de María Jesús Montero descartan que ese escenario vaya a producirse por un paso atrás en sus planteamientos. Fuentes cercanas a la vicepresidenta primera aseguran estar dispuestas a llegar hasta el final en su defensa de la tributación del IRPF por parte de los receptores del salario mínimo, confirman que la intención es plantear un veto a la propuesta parlamentaria de Sumar y retan a Yolanda Díaz a unir sus votos al PP para cambiar la ley. 

“Lo que no vamos a hacer es echar abajo nuestros principios porque alguien mienta”, afirman esas mismas fuentes en alusión directa a Díaz pero también a las derechas, que este miércoles se alinearon en el Congreso para atacar a Montero por su política fiscal. Desde Hacienda desechan la idea de que la tributación del SMI implique una subida de impuestos a nadie, e insisten en que es la única forma de garantizar que pueda volver a subir. 

“Es mentira que estemos subiendo impuestos. Estas rentas ya tributaban el año pasado a ese nivel y nadie decía nada. Y si este año las volvemos a dejar fuera estaríamos bajando la recaudación. Sería un recorte, no un incremento”, apuntan desde el departamento de Montero, donde ponen el foco además en la sostenibilidad del salario mínimo de cara al futuro. 

“Si fijamos el salario mínimo como el listón fijo de exención de impuestos, no podemos volver a subirlo”, explican en Hacienda, donde recuerdan que en los dos últimos ejercicios ya supuso un esfuerzo para las arcas públicas. “Hemos dejado de ingresar 5.000 millones en dos años porque considerábamos que el SMI era todavía muy bajo. ¿Volvemos a perder este año otros 2.000? ¿Y así hasta cuándo?”, se preguntan. 

Cuestionados por el choque parlamentario que se avecina con Sumar en caso de no alcanzar un acuerdo, en el equipo de la vicepresidenta tienen claro que la intención es llegar hasta el final. “Vamos a usar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance”, aseguran, en referencia al derecho a veto del Gobierno que recoge la Constitución en leyes que supongan un impacto en las arcas públicas. Cuestionado por la hipótesis de que la mayoría de PP y Sumar levante el veto y apruebe en Pleno la exención del IRPF al salario mínimo, el entorno de Montero se limita a responder que cumplirá la ley. 

Sumar también mantiene el pulso

“Hoy tenía la oportunidad de explicar su posición sobre el salario mínimo y no lo ha hecho”. Así resume una fuente de Sumar lo ocurrido este miércoles en el Congreso, después de una sesión en la que María Jesús Montero tuvo que responder una decena de preguntas de la derecha sobre la tributación del IRPF.

“Usted debería saber mejor que el resto de diputados que el 80% de las perceptoras no van a tributar y que esas personas antes con el PP tributaban 1000 euros más que hace siete años. Esa es la realidad”, le dijo la ministra de Hacienda al portavoz económico del PP, Juan Bravo. 

Mientras tanto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, gesticulaba desde su banca con algunos de los argumentos que daba la ministra. “¿Ustedes han votado a favor de la subida de impuestos? No, porque no se ha producido esa supuesta subida de impuestos”, preguntaba retóricamente Montero al diputado de Junts mientras desde la derecha le respondían que es ahora cuando esa subida se está produciendo. 

En Sumar señalan que con su decisión Hacienda va a gravar por primera vez a los perceptores del salario mínimo. “Vamos a romper seis años de políticas progresistas coherentes con el SMI”, sostiene una fuente del grupo plurinacional. En la coalición siguen tranquilos porque confían en que Hacienda rectificará y algunas fuentes apuntan a que todavía Sánchez no se ha pronunciado en público de forma rotunda a favor de las tesis de Montero, tampoco en la sesión de control de este miércoles. En Sumar creen, de hecho, que la cuestión se resolverá dentro del Gobierno antes de llegar al trámite parlamentario. 

En su respuesta al portavoz del PP, Miguel Tellado, la vicepresidenta Yolanda Díaz no quiso entrar en el debate sobre la tributación y se centró en defender que durante su gestión el SMI ha subido hasta los 1.184 euros frente a los 700 euros en que lo dejaron los Gobiernos de Mariano Rajoy. Tras contestar a la pregunta, la vicepresidenta salió con premura del hemiciclo para llegar a tiempo a su intervención en la clausura de la XIII Asamblea de UGT Andalucía, el tradicional sindicato socialista.