El pacto entre PSOE y Junts supone “abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya”, según recoge el documento del acuerdo al que ha tenido acceso elDiario.es y que ha sido adelantado por laSexta. Para ello, en ese pacto se establece una mesa de negociación entre ambos partidos que incluya un mecanismo para “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”.
En el acuerdo político firmado la pasada madrugada, el PSOE y Junts pactan los desacuerdos tras muchos días de tiras y aflojas y hacen un relato diferente de los hechos del procés. Así, mientras para la formación de Puigdemont es “legítimo el resultado y el mandato” del 1-O, los socialistas dejan claro su rechazo a la “legalidad y validez del referéndum y de la declaración de independencia”.
En esta negociación política a la que se comprometen de ahora en adelante sobre el encaje territorial de Catalunya se tratará, según el acuerdo firmado, sobre dos grandes asuntos: la “superación de los déficits y limitaciones del autogobierno” y “las relativas al reconocimiento nacional de Catalunya”. En el mismo acuerdo Junts ya hace una declaración de intenciones cuando adelanta que reclamará un referéndum pactado y un pacto fiscal para Catalunya.
En el documento firmado y que será presentado oficialmente este jueves, los socialistas y los independentistas catalanes constatan que ambas formaciones parten de “posiciones divergentes”, a pesar de lo cual se comprometen a desarrollar “una dinámica para la resolución” del conflicto “en términos diferentes a los de la última legislatura y procurar la gobernabilidad durante la XV legislatura”.
En el documento del acuerdo político, que aún no incluye los detalles de la ley de amnistía que será presentada la semana que viene, se expone que el gran ciclo de movilizaciones independentistas tiene su origen en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que tumbó el estatut catalán. “La sentencia del TC del año 2010 conllevó que hoy Catalunya sea la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía. Como reacción, se produjo una gran manifestación de protesta y, desde 2015, se han ido repitiendo mayorías absolutas parlamentarias independentistas en el Parlament en las sucesivas elecciones autonómicas, así como movilizaciones masivas de signo independentista”, se describe.
El texto continúa señalando a los gobiernos del PP. “Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política”, se apunta respecto a las propuestas antes de describir los hechos acaecidos en 2017. “Tras estos hechos, las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 –ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC– con una participación masiva en favor de la independencia de Catalunya. El intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras”.
“Una oportunidad histórica”
En el segundo punto del documento pactado entre Junts y ERC, las formaciones lideradas por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont vuelven a subrayar que, a pesar de “las profundas divergencias que han existido y que han dado lugar a un conflicto”, la conclusión compartida es “que solo la política en democracia puede encauzar para buscar una solución, dado que, seis años después, la cuestión de fondo sigue sin resolverse”.
“A pesar de las discrepancias estructurales que existen dada la distancia entre nuestros proyectos nacionales”, se prosigue, “estamos preparados para abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto”. Sobre esas vías bilaterales basadas en la negociación entre el Gobierno de España y la Generalitat y entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes, se insiste de manera reiterada en que “la resolución” del conflicto “debe ser negociada y acordada”, una renuncia implícita a la vía unilateral que caracterizó al desenlace del procés en 2017.
Sin embargo, es llamativo el encabezado del epígrafe de los “acuerdos” que registra el documento. En ese punto las dos formaciones exponen abiertamente las profundas diferencias respecto a la visión política de lo ocurrido en 2017, con un rechazo explícito de los socialistas a la vía unilateral y una mención a la ilegalidad del referéndum del 1O y la de la DUI, y una defensa encendida de ese procés por parte de Junts.
Tras semanas de negociaciones, y a falta de un relato común, el documento refleja lo siguiente: “Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por otro lado, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral”. Y, sin embargo, “constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones”.
Para el proceso de negociación que ahora debe abrirse ambas partes admiten partir de una situación de “desconfianzas mutuas”, ante las cuales acuerdan un mecanismo de mediación. “PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”.
Respecto a los contenidos específicos que serán materia de negociación de ahora en adelante, el acuerdo se centra en “la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Catalunya”. Y se acotan los temas a abordar en una primera reunión que ya se fija para este mismo mes de noviembre.
“Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Una propuesta que el PSOE rechaza de plano: “Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya”.
En el capítulo de autogobierno, queda reflejado que “Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya”.
A falta de cerrar un acuerdo global con el resto de formaciones que apoyarán la investidura respecto a la ley de amnistía, en el pacto entre Junts y el PSOE se defiende la medida de gracia “para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”.
“Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”, prosigue, antes de hacer referencia a uno de los principales escollos que han dilatado la negociación en los últimos días. “Se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
“La ley de amnistía está acordada”, ha explicado este jueves el 'número 3' del PSOE, Santos Cerdán, en rueda de prensa desde Bruselas, donde ha matizado que antes de su registro “la tienen que ver el resto de grupos” que la van a apoyar. “Por eso no la presentamos”, ha matizado. Lo que ha sucedido durante la semana por las imputaciones por terrorismo a Carles Puigdemont ha sido determinante para obligar a las partes a hacer una relectura de la ley de amnistía. No obstante, Santos Cerdán ha asegurado que la “ley está acordada”. Ahora son “el resto de partidos” que apoyarán la investidura “los que tienen que revisarlo”, informa Irene Castro.
El acuerdo contempla, finalmente, el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez así como “a la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo”.
Quince semanas de negociaciones
Ta y como adelantó elDiario.es, PSOE y Junts han anunciado este jueves el pacto político que permitirá a Pedro Sánchez garantizarse la investidura en un Pleno del Congreso que se convocará para la semana que viene. La ley de amnistía, el principal pacto entre ambas fuerzas y el que más ha retrasado su cierre final, también será presentada y registrada la próxima semana.
El acuerdo se produce 15 semanas después de las elecciones y a 18 días de que expire el plazo límite –el próximo día 27–, tras el cual serían convocadas automáticamente unas nuevas elecciones generales para enero. Respecto a la amnistía, tras dilatarse las conversaciones en los últimos días a cuenta de varios escollos respecto al perímetro de la medida de gracia, los equipos negociadores desplazados en Bruselas, donde reside el expresident de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont, han rematado los flecos pendientes y han acordado que la oficialidad del pacto de investidura se produzca este mismo jueves, en mitad de una durísima ofensiva política y judicial en los últimos días, aderezada de protestas ultras violentas a las puertas de las sedes socialistas.
El pacto de hoy llega después del proceso de investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, que fracasó en su intento de ser investido presidente el pasado 29 de septiembre, al no lograr más 'síes' que 'noes' en la votación del Congreso en la que solo obtuvo el apoyo de Vox, de Coalición Canaria y de UPN, además del de sus propios diputados.
Sánchez había lanzado este miércoles una llamada al acuerdo de investidura en plena escalada de acoso a los socialistas. “Hechos como los que estamos viviendo nos reafirman, con más fuerza si cabe, en la necesidad de sacar adelante un gobierno de coalición progresista”, dijo.