Claves del caso tanatorio: varios líderes del PP en Sevilla citados ante el juez por prevaricación y tráfico de influencias
Este lunes 3 de marzo arrancan las citaciones para declarar en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona, dentro de la causa que investiga a varios dirigentes del PP en Sevilla por una supuesta trama urbanística vinculada al tanatorio de Mairena del Alcor. Durante las próximas tres semanas, comparecerán ante el juez como investigados el presidente provincial del PP y delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, el alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, y Francisco Rodríguez Roa, miembro de la ejecutiva regional del presidente Moreno, entre otros miembros del partido que podrían estar implicados en delitos de tráfico de influencias, administración desleal y prevaricación.
El caso, que ha sacudido las filas del PP sevillano, gira en torno a la parálisis de un proyecto público para la construcción de un tanatorio municipal muy demandado por los vecinos en Mairena del Alcor, que ha permanecido ocho años estancado, mientras que la administración local tramitaba –en apenas seis meses y de forma “irregular”– la licencia para construir un centro funerario privado promovido por la empresa familiar de uno de los cargos investigados (Rodríguez Roa).
Con la citación judicial que comienza este lunes, echa a andar el procedimiento penal con una fase inicial en la que los investigados deben comparecer ante el juez para declarar –o no– sobre los hechos que se les imputan. El primero en hacerlo es el presidente provincial del partido, Ricardo Sánchez, a quien se le atribuye un delito de administración desleal por haber frenado el proyecto del tanatorio público durante su etapa como alcalde de Mairena del Alcor. Repasamos las claves del caso: qué se investiga, quiénes están imputados, qué delitos se les atribuyen y por qué es relevante esta causa judicial.
¿Qué se investiga?
El caso del tanatorio se remonta al año 2015, cuando el Ayuntamiento mairenero –con Ricardo Sánchez, actual líder del PP de Sevilla, como alcalde– aprobó por unanimidad el proyecto de construcción de un tanatorio municipal. Durante su mandato, se invirtieron más de 21.000 euros en la redacción del proyecto y, un año después, en 2016, se dio luz verde al anteproyecto del tanatorio. Sin embargo, la construcción nunca arrancó y el proyecto se quedó guardado en un cajón durante ocho años.
Entretanto, el mismo Ayuntamiento del PP –ya con Juan Manuel López al frente– autorizó en 2021 conceder la licencia de obras a la promotora familiar de un alto cargo del partido (Previpaz S.L.) para hacer un tanatorio privado (hoy ya construido) en otra ubicación del mismo municipio de 24.000 habitantes. El centro privado tardó menos de seis meses en ponerse en marcha, gracias a una “inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa” de los técnicos municipales, que emitieron informes favorables a pesar de “los reiterados incumplimientos” en los que incurrió la empresa a la hora de solicitar las licencias y de llevar a cabo las obras.
Los socialistas en Mairena del Alcor llevaron el caso a los tribunales en abril de 2024, denunciando a Ricardo Sánchez, Juan Manuel López y Francisco Rodríguez Roa por prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Dos meses después, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona decidió abrir diligencias previas y encomendó a la Policía Judicial de la Guardia Civil que investigara los hechos denunciados. Tras meses de trabajo, la Guardia Civil emitió un informe que ampliaba la investigación, sumando indicios de dos nuevos delitos (prevaricación urbanística y administración desleal) y otros dos investigados a la causa.
Basándose en las conclusiones de ese atestado, el pasado 5 de febrero, el juez decidió imputar a un total de seis personas, entre ellas, los tres dirigentes populares denunciados, considerando que el informe de la Policía Judicial “apuntala” la supuesta participación de todos ellos en posibles actos delictivos. La causa judicial parte de que la administración local “no actuó con arreglo a la normativa vigente” y sí “en favor de la mercantil” que promovió la construcción del centro privado en este municipio sevillano.
¿Quiénes son los investigados?
En total, figuran seis nombres en la lista de investigados que ha elaborado el juez, tras analizar el informe de la Policía Judicial. Tres de ellos son los dirigentes populares inicialmente denunciados:
- Ricardo Sánchez: actual presidente del PP provincial y delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. Fue alcalde de Mairena del Alcor entre 2011 y 2019. Durante su mandato se aprobó el proyecto del tanatorio municipal. Será el primero en declarar. Está citado este lunes.
- Juan Manuel López: actual alcalde de Mairena del Alcor y presidente de la Agencia Pública Administrativa Local de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo. Fue número dos de Ricardo Sánchez durante su etapa como regidor. Lo sucedió en el cargo hasta hoy.
- Francisco Rodríguez Roa: coordinador del Área de Empresas en la Vicesecretaría de Economía, Hacienda y Empleo de la ejecutiva del Partido Popular de Andalucía, y consejero de RTVA por designación de su partido. Está imputado en calidad de apoderado de la mercantil Previcaz S.L., empresa familiar afincada en Huelva que promovió el proyecto de tanatorio en el municipio sevillano. Trabajó para esta firma durante ocho años y ejerció como apoderado de la misma hasta su cese en noviembre de 2022, un mes después de ser nombrado por el PP consejero de RTVA.
A esos nombres que ya figuraban en la denuncia, el juez ha sumado ahora tres más:
- José Navarro: fue concejal de Urbanismo en el Consistorio mairenero entre 2015 y 2023, y ejerció como vicepresidente ejecutivo de la Agencia Pública de Urbanismo del municipio. Actualmente preside el PP de Mairena del Alcor y ocupa un cargo de asesor en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla (gobernado también por los populares).
- Juan Alfonso F. C.: administrador de Gesit S.L., la mercantil que solicita en 2021 la licencia de obra para construir un tanatorio, previo encargo de la promotora familiar de Rodríguez Roa (Previpaz S.L.), que finalmente termina asumiendo la titularidad del inmueble. El juez considera que tanto él como su cliente “se han beneficiado” de un supuesto trato de favor por parte del Gobierno local.
- José Antonio G. G.: asesor del gabinete jurídico de la Agencia Pública de Urbanismo de Mairena del Alcor. Está imputado en calidad de “cooperador necesario” por autorizar de forma “irregular” la concesión de licencia de obra mayor en beneficio de la empresa familiar de Rodríguez Roa, según el auto.
¿Qué delitos se les imputan?
El juez aprecia indicios de cuatro delitos distintos:
- Administración desleal (castigado con una pena de prisión de dos a seis años, según el Código Penal), atribuido a Ricardo Sánchez por una supuesta “gestión desleal del patrimonio público”. El magistrado percibe que el exalcalde tomó decisiones “por mero interés político” que causaron “un evidente perjuicio para los intereses públicos”, por el dinero que se invirtió en el proyecto del tanatorio municipal que acabó estancado.
- Tráfico de influencias (con penas de prisión de seis meses a dos años). Se les achaca a Juan Manuel López y José Navarro por presuntamente usar sus posiciones de poder para favorecer intereses privados. También se les atribuye a Francisco Rodríguez Roa y Juan Alfonso F. C., como representantes de las empresas que se habrían beneficiado de ese supuesto trato de favor.
- Prevaricación administrativa (castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público). Se les imputa a Juan Manuel López, Francisco Rodríguez Roa y Juan Alfonso F. C., así como al asesor jurídico José Antonio G. G., en calidad de “cooperador necesario” por su implicación en la autorización “irregular” de las licencias. Este delito castiga a “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”.
- Prevaricación urbanística (penado con prisión de un año y seis meses a cuatro años). Salpica al exdelegado de Urbanismo José Navarro, así como a los representantes de las empresas supuestamente benficiarias de esa concesión “irregular”, Francisco Rodríguez Roa y Juan Alfonso F. C. El delito de prevaricación urbanística castiga a “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente [...] la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, [...] o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio”.
¿Qué indicios se han detectado?
En primer lugar, el juez se centra en el “abandono” del proyecto del tanatorio público “en el que se habían invertido” más de 21.000 euros en 2015, bajo la alcaldía de Ricardo Sánchez. De ahí que se le impute un presunto delito de administración desleal por haber causado “un perjuicio para el patrimonio público gestionado por su cargo”, según estima la Policía Judicial.
La causa también investiga las “irregularidades” que rodean la construcción del tanatorio privado vinculado a la empresa familiar de Rodríguez Roa, que se autorizó en “muy corto espacio de tiempo”, mientras el proyecto municipal permanecía paralizado desde hacía años. En este punto, el juez se remite a las conclusiones de la Guardia Civil para justificar la posible imputación de un delito de tráfico de influencias al acreditarse la “prevalencia de los cargos públicos y su relación entre sí, en favor de un interés económico de por medio” a la hora de conceder la licencia a Previpaz S.L., ya con el número dos de Ricardo Sánchez, Juan Manuel López, al frente del Ayuntamiento mairenero.
El juez sostiene que el proyecto de la empresa familiar del miembro de la ejecutiva del PP andaluz se ha “beneficiado de esa prevalencia logrando una inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa, en la emisión de informes técnicos, jurídicos y resoluciones 'todas favorables' en muy corto espacio de tiempo”, a pesar de “los reiterados incumplimientos” en los que incurrió la empresa a la hora de solicitar las licencias y de llevar a cabo las obras, como constata la Policía Judicial en su investigación.
Todo ello lleva a apuntar a un presunto delito de prevaricación administrativa, al calificar de “irregular” la emisión de las resoluciones asociadas al mismo. Según argumenta el informe, la administración local “concede la licencia de obra mayor a sabiendas de que no se había cumplido en tiempo y forma” el trámite de audiencia legalmente exigido. El juez, guiado por el informe de la Guardia Civil, incorpora también el delito de prevaricación urbanística, ya que la promotora llevó a cabo “las obras del reformado de bar/cafetería/cocina y la zona de instalación del horno crematorio, sin la preceptiva licencia de obra o declaración responsable”.
¿Por qué es relevante el caso?
El caso del tanatorio trasciende el ámbito local y supone un terremoto político capaz de sacudir los cimientos del PP a nivel provincial y regional. Por un lado, la imputación del líder del partido en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha reabierto las heridas internas del PP sevillano, sembrando de nuevo entre sus filas la sombra de la desconfianza.
Este procedimiento judicial ha salpicado también al propio presidente Juan Manuel Moreno, en la medida en que implica a altos cargos de su círculo de confianza, como Francisco Rodríguez Roa, quien forma parte de su ejecutiva en el PP de Andalucía, o Ricardo Sánchez, delegado de su gobierno en Sevilla. Todo ello en un contexto en el que Moreno enfrenta también la imputación de la gerente del SAS por los contratos a dedo y una creciente presión parlamentaria, alimentada por su máximo rival: un PSOE andaluz que acaba de cambiar de líder y ha arrancado con fuerza su carrera electoral para reconquistar la Junta.
En definitiva, el caso del tanatorio entraña un dolor de cabeza político y judicial para los de Moreno, ya que ha devuelto la corrupción al centro del debate político en Andalucía. Y amenaza con desgarrar el traje impecable del presidente andaluz, justo cuando más necesita mantener la imagen de transparencia y pulcritud que ha proyectado hasta ahora, en un contexto que huele a campaña electoral, a año y medio de las elecciones andaluzas.
Calendario de citaciones
Las declaraciones de los seis investigados ante el juez arrancan este lunes 3 de marzo con Ricardo Sánchez. Le seguirá el alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, el martes 4. La próxima semana será el turno de Francisco Rodríguez Roa, citado para el 13 de marzo, y del administrador de Gesit S.L. Juan Alfonso F. C., quien comparecerá ante el juez el día 14. La segunda quincena de marzo lo harán el exdelegado de Urbanismo José Navarro (el 17 de marzo), y el asesor jurídico José Antonio G. G., quien cerrará la ronda de citaciones el día 18.
Esta fase representa el primer paso de una investigación judicial que busca esclarecer la legalidad de las decisiones administrativas tomadas en Mairena del Alcor desde la etapa de Ricardo Sánchez, así como dirimir si se priorizó o no beneficiar intereses privados sobre los públicos. Este calendario no solo marca los tiempos de la investigación judicial, sino también el tablero político a nivel provincial y andaluz.
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