La Guardia Civil calcula en seis millones de euros el daño ambiental provocado por el robo de agua de la Casa de Alba

Nueva vuelta de tuerca en la investigación a la Casa de Alba por delito ambiental. La Fiscalía de Medio Ambiente ya tiene el esperado informe del Seprona de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este periódico y que calcula que en la finca Aljóbar (en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, junto a Doñana) se han extraído de manera ilegal entre 3.800 y 6.640 millones de litros, lo que habría provocado un daño ambiental que se cifra en más de seis millones de euros.

Por ello, la Fiscalía comunica al juez del caso que “existe base suficiente para continuar la instrucción” de este procedimiento, por el que está citada a declarar como investigada Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro. La causa se inició al detectarse que en la hacienda, que gestiona la empresa Eurotécnica Agraria (propiedad de la casa ducal), se estaban utilizando de manera ilegal ocho pozos además de los dos para los que se había concedido. Esto ha llevado dos veces al cierre cautelar de estas instalaciones, la última el pasado mes de diciembre.

La investigación de la Guardia Civil recuerda que el acuífero del que se extrae el agua (Aljarafe Sur) tiene un índice de sobreexplotación del 0,91%, detectándose un “descenso importante” de su nivel durante los últimos cinco años. El robo continuo de agua habría provocado daños ambientales que se valoran en una horquilla de entre 6,1 y 6,4 millones de euros.

Una década de pirateo de agua

Todo ello, tras la ingente extracción de recursos durante la última década. En concreto, se calcula que el pirateo de agua habría sido de entre 3.807 y 6.640 millones de litros para regar una plantación que ha ido fluctuando en superficie, pero que de partida era de 153 hectáreas en las que se cultivan naranjas gourmet.

Ante estos datos, la Fiscalía de Medio Ambiente insiste en mantener viva la causa, después de que el juez decidiese prorrogar seis meses más la investigación. Eso sí, rechazó el cierre judicial de los pozos al considerar que las pruebas existentes hasta la llegada de último informe no aportaban “indicios suficientes del tipo penal” para hacerlo. Por ello, fue la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (dependiente del Gobierno central) la que procedió a sellarlos el pasado diciembre ante la evidencia de la infracción que se estaba cometiendo.

Era la segunda vez que se clausuraban los pozos, ya que la primera fue cuando se inició la investigación en 2023. Pero el juez ordenó el pasado mes de mayo levantar el bloqueo pese a la oposición del fiscal, conminándose a la propiedad a no utilizarlos hasta que no tuviera la correspondiente licencia.

“Situación de despilfarro”

Eurotécnica Agraria está tramitando los permisos para utilizar los ocho pozos ilegales, pero pese a carecer de autorización el pasado 11 de noviembre la Guardia Civil y la Comisaría de Agua certificaron que otra vez estaban bombeando agua. Se constató que la tomas estaban en uso, sin control volumétrico y, además, en “situación de despilfarro con fugas importantes de agua en las conducciones”, tal y como resalta la Confederación del Guadalquivir.

La Casa de Alba alega que nunca ha utilizado los pozos sin licencia y que, en todo caso, no ha extraído más agua de la que tiene autorizada. En la causa se investiga no sólo un posible delito ambiental, sino también otro de desobediencia por no permitir los responsables de la finca en un primer momento la entrada para una inspección.