HazteOir ha vuelto a lanzar otro autobús naranja con un nuevo mensaje. El vehículo ya circula por las calles de Madrid a la espera de que el Congreso vote este martes la toma en consideración de la ley de derechos LGTBI. El objetivo de los ultracatólicos es “frenar” un proyecto que califican de “Ley Mordaza”, tal y como reflejan en el texto rotulado en el autobús: “Podemos y su Ley Mordaza LGTBI: ¡Van a por tus hijos!”.
A este mensaje le han añadido lo que ya incluyeron en el primer vehículo: “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen”. La pasada semana la justicia archivó la denuncia de la Fiscalía y dictaminó que los mensajes no son delito de odio y que prima la libertad de expresión.
En la misma calle del Congreso de los Diputados varios integrantes del grupo se han concentrado esta mañana para mostrar su rechazo a la ley, que comienza hoy su trámite parlamentario con el apoyo de la mayoría de los grupos y una previsible abstención del PP. Seis personas encapuchadas y vestidas con monos naranjas imitando a los presos de Guantánamo y a profesionales de diferentes ámbitos han mostrado cómo, a su juicio, “les serán restringidas las libertades fundamentales”.
Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir, ha asegurado que el proyecto “anima a los niños a cuestionarse su sexualidad y su identidad de género” y ha afirmado que “se presenta como algo que defenderá derechos, pero fundamentalmente lo que hace es imponer la ideología de género”.
Arsuaga ha pedido al PP y a Ciudadanos que voten en contra de la toma en consideración de la norma, que defenderá Unidos Podemos en el pleno, y aunque ha admitido que “será difícil” que no sea tramitada, “esperemos que no salga por unanimidad”. “Seguiremos movilizándonos y presionando a los grupos políticos”, ha anunciado.
Junto al autobús, que este jueves se trasladará a Bilbao, la campaña iniciada este martes por HazteOir incluye el reparto de 500.000 dípticos en los que cargan contra la ley: “Es reaccionaria porque permite que el Estado se meta en nuestra cama. Y porque crea un nuevo órgano represor: esta ley crea una policía de asuntos sexuales”, asegura el colectivo.
La polémica de las sanciones administrativas
El proyecto también ha levantado la polémica entre asociaciones y defensores de la libertad de expresión, que una vez que fue registrado en el Congreso de los Diputados, criticaron algunos apartados referidos a las sanciones administrativas. Dos en concreto: el que permite la destrucción, el decomiso o borrado de documentos, libros o artículos; y el referido a multas por expresiones vejatorias u ofensivas con el colectivo “por cualquier medio”.
Sin embargo, Unidos Podemos ha anunciado que retirará estos artículos a través de una autoenmienda, aunque la redacción original del texto todavía los mantiene. Hacerlo “nos parece de justicia”, asegura la diputada Mar García Puig.