El súper contrato para limpiar las calles de Madrid, uno de los que la alcaldesa Manuela Carmena entiende que es susceptible de volver a gestionar públicamente, nació en 2013 de la necesidad de recortar gastos para cumplir con el Plan de Reducción de la Deuda que Ana Botella firmó con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro: es un compromiso por ocho años y unos 2.000 millones de euros. Una cifra muy grande pero que lleva dentro una reducción de recursos para adecentar las vías de la ciudad.
Cuatro contratistas se repartieron las adjudicaciones a razón de unos 240 millones de euros cada año. Sobre el papel, las empresas están obligadas a limpiar bien porque, si no, pierden dinero: el pliego de prescripciones técnicas que rige este servicio tiene toda una lista de “indicadores de calidad” para establecer si se se hace un buen trabajo y contempla penalizaciones por falta de efectividad.
Desde que entró en vigor, el Ayuntamiento le ha restado a las empresas un 4,96% de lo comprometido: 22,6 millones de los 456 facturados. EL máximo establecido es del 20%. El año pasado, el único que se ha cubierto completo, las penalizaciones sumaron 12 millones, un 5% de los 239 millones que el Gobierno local, entonces de Ana Botella, pagó a las empresas. Hasta julio de 2015, las sanciones se quedaron en los 5,2 millones, un 3,6% de los 142 millones abonados.
¿Qué pueden exigir los ciudadanos en sus calles a cambio de esos 20 millones de euros que se abonan cada mes? Pues, de acuerdo con el documento oficial, las contratistas deben, como poco, eliminar las manchas de los edificios, los olores en las esquinas y aceras, quitar los chicles, atender a la limpieza y eliminación de excrementos animales; vaciar las papeleras y retirar de la vía publica y transportar al vertedero los residuos.
19 de estos indicadores se refieren específicamente a la limpieza urbana. Van desde cómo se hayan adecentado las aceras, al tiempo que pasen las papeleras rebosando (no más de 24 horas) o el desbroce de solares. También hay que informar sobre la eliminación de pintadas, la limpieza de áreas infantiles, de las zonas verdes y hasta del mantenimiento del mobiliario urbano. Una lista bastante exhaustiva de 68 puntos.
Estos indicadores han podido ser utilizados por el Ayuntamiento para descontar el dinero que, mensualmente, debe abonar a los contratistas. Según el documento oficial se puede rebajar “hasta un 20%” cada mes pero con posibilidad de aumentar ese porcentaje cuando se dé “la reiteración del incumplimiento de un indicador durante 3 meses consecutivos o más”.
Las empresas están obligadas, por contrato, a limpiar cada día los denominados “ejes principales” de cada barrio cuyo cuidado tienen asignado. Estos ejes son, en palabras municipales, “los que vertebran el distrito”. Esto quiere decir los que coinciden con la Red Básica de Transporte pero, además, “se incluirán las calles donde el peatón hace un uso más intensivo de los espacios, donde se desarrolla una actividad comercial alta, o bien se accede al transporte público”. El resto de vías se deja al criterio del contratista para “garantizar las condiciones de salubridad”.
La actual delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés (Ahora Madrid), calcula que el bocado a los recursos de limpieza ha llegado al 25% de lo que se empleaba antes de esta última adjudicación. En 2013 el Ayuntamiento, entonces gobernado por Ana Botella (PP), aplicó una rebaja general del 10% a lo que gastaba en limpieza y convocó a las empresas interesadas de hacerse cargo con la premisa de rebajar todavía más el precio del contrato. El porcentaje de rebaja suponía el 80% de la nota para elegir al mejor postor. Ganaron cuatro empresas: Ferrovial, Sacyr, Obrascón y OHL-FCC que se reparten esos 240 millones anuales.
Nada más hacerse cargo, Ferrovial, Sacyr y OHL plantearon expedientes de regulación de empleo (ERE) para desprenderse de unos 1.400 operarios. Sobrevino una huelga de 13 días que concluyó, entre otras cosas, con despidos temporales de 45 días al año para ahorrar en sueldos.
Ese esquema es el que tiene insatisfecha a la actual alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid). Carmena ha reconocido este lunes que la ciudad no está limpia: “Me planteo remunicipalizar el servicio. Si las empresas no cambian de actitud habrá que ir a una actuación contractual que nos permita limpiar al Ayuntamiento”.
Porque el funcionamiento del contrato no está sirviendo para tener muy reluciente Madrid. De hecho, se ha popularizado una etiqueta en twitter donde se recogen diariamente estampas de suciedad: #MadridDaAsco. “Desde el punto de vista ciudadano es insostenible”, analizó Sabanés en su comparecencia en comisión el 15 de julio.
Nicho de negocio
La limpieza urbana es una competencia municipal y se ha convertido en un buen negocio para un puñado de empresas de servicios (asociadas a las grandes constructoras del país) en cierto número de localidades. El Tribunal de Cuentas estudió en 2011 los servicios de limpieza de 494 ayuntamientos en núcleos urbanos de menos de 20.000 habitantes y estableció que sólo en los más despoblados la privatización sale más barata a las arcas públicas. En este sentido, una capital de provincia como León, revertió el servicio y al gestionarlo directamente se ahorró, según el consistorio, “9 millones de euros en un año”.
En el mismo Madrid, la historia de la privatización de los barrenderos arrancó a comienzos de la década de los 90 del siglo pasado y ha llevada aparejada diversos casos de irregularidades con el dinero público. El último movimiento en cuanto a la limpieza de la capital fue la adjudicación de los contratos para recoger las bolsas de basura en los distritos periféricos de la ciudad. De nuevo se priorizó el recorte de recursos para aligerar la factura municipal y el concurso terminó con una batalla entre la contratista que perdió –FCC–, el Ayuntamiento y las nuevas encargadas –ACS y Sacyr–.